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El último fin de semana de mayo, el Departamento del Tesoro publicó el presupuesto de la Administración Biden para el año fiscal 2022, y el Libro Verde, que presenta un abanico de propuestas de reforma tributaria: aumentos en el impuesto a las ganancias de capital; incrementar del 21% al 28% el impuesto de renta corporativo; aumentar el impuesto individual sobre la renta al 39.6% (a partir de $452.700, ó de $509.300 para contribuyentes conjuntos); aumentos en el impuesto de sucesiones, y un largo etcétera.
Como todos los países que se rigen por el sistema de renta mundial, EE. UU. tiene normas de fiscalidad internacional, entre las que destacan las relativas a corporaciones extranjeras controladas (CFC, por sus siglas en inglés). Un accionista estadounidense paga un impuesto mínimo global, que se determina combinando su participación prorrateada de las ganancias (o pérdidas) de todos sus CFC. La forma de hacerlo es compleja, con disposiciones para los ingresos de activos comerciales calificados (QBAI), normas para propiedad intangible de baja imposición (GILTI rules), normas para deducciones asignables a ingresos exentos y reglas de acreditación de impuestos pagados en el exterior, entre otras.
Para el propósito de este artículo, retengamos que, en general, el impuesto estadounidense se reduce por referencia a la tasa impositiva efectiva extranjera promedio, y no sobre el impuesto efectivamente pagado en cada jurisdicción extranjera donde se generaron los ingresos. El Libro Verde afirma que ello provoca dos incentivos perversos: anima a las empresas estadounidenses a ubicar operaciones y ganancias en el exterior, y a que —si tienen operaciones en jurisdicciones con impuestos altos— también inviertan en jurisdicciones con impuestos más bajos, para aprovechar el promedio global automático.
Siendo que EE. UU. es la principal fuente de inversión extranjera directa (IED) en Costa Rica y que una parte importante de esa inversión se canaliza a través del régimen de zonas francas, opino que es urgente e importante revisar cómo encajamos en las nuevas reglas que propone la administración Biden.
Las decisiones de inversión son tomadas teniendo en cuenta un rompecabezas de muchas piezas: recursos humanos calificados, cercanía y horarios coincidentes con Estados Unidos (nearshoring), bilingüismo y compatibilidad cultural, infraestructura y facilidades logísticas, costos energéticos, seguridad jurídica, costos fiscales. Sería un error no considerar el régimen tributario o minimizarlo diciendo que la IED no depende principalmente de incentivos fiscales sino de mano de obra educada.
Debemos revisar nuestras fortalezas y debilidades en cada uno de esos factores, sin desdeñar ninguno, y hacerlo antes de que las nuevas reglas estadounidenses entren en vigor el próximo 1° de enero.
El autor es socio de Facio & Cañas
