Antes de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (LFFP), el artículo 19, b) de la Ley del Impuesto sobre la Renta disponía que el 100% de los excedentes o utilidades pagadas por cooperativas, asociaciones solidaristas o similares a sus beneficiarios, constituía ingreso gravable para los perceptores, por lo que procedía una retención única y definitiva del 5% sobre la distribución.
Acogerse a la amnistía implica renunciar a litigar el diferendo al que se refiere. Mi opinión es que ello es así en algunas de las hipótesis de la ley que estableció la amnistía, pero no en todas ellas.
El artículo 8, inciso d) de la Ley del Impuesto sobre la Renta indica que cuando se pretenda deducir por intereses un monto que supere el 50% de la renta líquida, “el contribuyente deberá completar un formulario especial que le suministrará la Administración Tributaria y, además, brindar la información y las pruebas complementarias que en él se especifiquen”. ¡Sorpresa: el formulario no existe!
La más común o frecuente de las multas tributarias (falta de ingresos por omisión o inexactitud art. 81 a) y b) del Código Tributario) está subordinada a la existencia de una diferencia de impuesto a favor del Fisco. La multa se impone y el impuesto se determina en procedimientos separados cuyas relaciones tienen cierta complejidad.
Es un fenómeno similar al del precarista, que deja de serlo si el propietario recibe un pago por alquiler.
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