La propuesta de que los países del mundo acuerden una tarifa mínima para el impuesto sobre las ganancias de las empresas multinacionales tiene hoy más impulso que nunca antes, gracias el apoyo abierto del gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden.

Esta es una idea que ya se venía gestando en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde al menos el 2019 con el apoyo de algunos países europeos.

El plan tiene en la mira a los paraísos fiscales que ofrecen bajas tarifas tributarias para atraer capitales, y tiene como objetivo aplanar la cancha para que todas los jurisdicciones jueguen bajo las mismas condiciones. Sin embargo, también levanta dudas sobre su efecto en el crecimiento de las zonas francas en Costa Rica.

¿De que se está hablando?

Propuesta originalmente por la OCDE, la idea es promovida principalmente por economías desarrolladas como Francia, Alemania o el propio Estados Unidos, aunque también se han mostrado a favor organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Muchos detalles de la iniciativa están aún pendientes y lo que se conoce hasta ahora son más proposiciones venidas de diferentes sectores, pero la meta es tener un plan consolidado con aspectos técnicos para el segundo semestre del año.

Hasta ahora se habla de un impuesto global mínimo para transnacionales con ingresos mundiales superiores a 750 millones de euros (unos $898 millones).

La tasa aún está por definir. La OCDE y los países europeos barajaban entre un 12% y 15%, pero el presidente estadounidense fue más allá al proponer una tasa del 21%.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, anunció a principios de abril que el apoyo de su país a la creación del tributo tenía como objetivo poner fin a “30 años de carrera a la baja en las tasas de impuestos corporativos”.

“La idea es que los países dejen de competir con impuestos bajos para atraer inversión. Eso es lo que está detrás de todo esto. Es un ataque directo a los paraísos fiscales”, explicó Adriana Sánchez, especialista en impuestos de Pignataro Abogados.

Según Sánchez, algunos académicos hablan de que esta propuesta acarrea problemas en términos de soberanía, pues estaría obligando a los países a subir su tasa al mínimo que se acuerde.

No obstante, en la práctica los gobiernos podrían seguir fijando cualquier tasa impositiva, porque sería luego en los países de origen de las compañías donde se cobraría ese impuesto que no se tributó, lo que tiene como intención eliminar la práctica de trasladar las ganancias a un paraíso fiscal.

Esto es posible pues la mayoría de países desarrollados cuentan con un sistema renta mundial, es decir, las compañías tributan sobre los ingresos que generan a nivel mundial y no solo en sus territorios, comentó la especialista.

Para el economista Luis Paulino Vargas, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia, este impuesto llegará a la realidad tarde o temprano.

“Si los capitales se han mundializado, la tributación tiene que mundializarse. (...) Los países van a tener que ponerse de acuerdo en mecanismos de control homogéneos para evitar la evasión”, comentó.

Lograr un acuerdo entre los países no será tarea fácil y surge la interrogante de quién asumirá ese rol de liderazgo que aglutine los deseos de los gobiernos.

De acuerdo con Priscilla Piedra, socia de impuestos de Deloitte, el foro de BEPS de la OCDE es el espacio llamado naturalmente para discutir el plan.

Hasta ahora, la propuesta cuenta con un claro respaldo de EE. UU. y de Europa, pero quedan dudas aún de la posición que tomarán China y Rusia. Además, los países en desarrollo parecen estar fuera de la discusión y no se ve una participación activa de sus gobiernos.

Paralelamente, Biden promueve la propuesta también de elevar el impuesto de renta dentro de EE. UU. al 28%, con el objetivo principal de financiar su gran paquete de inversiones en infraestructura.

Implicaciones para Costa Rica

Costa Rica ha desarrollado por años una estrategia de atracción de inversión extranjera directa (IED), la cual es uno de los pilares de la economía.

Por esa razón, una propuesta como la del impuesto preocupa por las repercusiones que tendría para el país, teniendo en cuenta que las principales multinacionales presentes en el país son estadounidenses, como Amazon y Walmart.

Costa Rica recibió el año anterior $1.710 millones en IED, el 66,5% proveniente de EE. UU., según datos del Banco Central. No obstante, esta cifra tuvo una caída significativa con respecto a los años anteriores.

En 2018 y 2019, el país percibió $2.336 millones y $2.748 millones, respectivamente, en los que también más del 65% llegó desde la potencia norteamericana.

Desde la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) aseguraron que conocen de la iniciativa del impuesto, pero que están en proceso de análisis y monitoreando su evolución, por lo que no podían externar una declaración oficial.

La propuesta también está en el radar de la Asociación de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras). Su presidente, Carlos Wong, comentó que el país no debería entrar en esta discusión que consideró “prematura”.

“No hay ningún país que en este momento esté reformando sus leyes en forma proactiva. La recomendación es que el país tiene que esperar (...). No es el momento para hablar de afectar el régimen de zona franca con impuestos”, manifestó Wong.

El presidente dijo que, por el contrario, países de la región han venido tomando acciones para fortalecer sus sistemas de zona franca, por lo que el país estaría entrando en una “desventaja” al considerar el impuesto.

Según las estimaciones del Banco Central, el régimen de zona franca es la punta de lanza en la atracción de IED en los últimos cinco años, con una inyección de $1.093 millones solo en el 2020.

Si bien la inclusión de las zonas francas en el acuerdo mundial aún está por definirse, incorporarlas significa que tendrían que despedirse de las exoneraciones que gozan actualmente, lo que podría ahuyentarlas, comentó Sandro Zolezzi, profesor de Economía y Comercio Internacional de la Universidad Lead.

“La implementación de este impuesto mínimo global desincentivaría las inversiones de las multinacionales si ven que sus condiciones o reglas del juego cambian, derivando en la pérdida de una gran fuente de empleo formal para Costa Rica”, dijo Zolezzi.

Posición contraria mantiene el economista Vargas, para quien el impuesto propicia que la competitividad deje de cimentarse en beneficios fiscales.

“Si el impuesto es uniforme, ¿por qué vamos a perder? Cuando me dicen que perdemos competitividad quiere decir que la estamos basando en condiciones tributarias y esa no es la forma correcta de construir competitividad”, afirmó.

Aún falta por ver si el régimen de zona franca será considerado en el acuerdo internacional para calcular el impuesto mínimo global o quedará fuera. Además, existen aspectos por matizar como la posibilidad de que la tarifa no afecte a las empresas ya establecidas, punto que el país debería defender, sugirió Piedra.

Sánchez, por su parte, considera que si la propuesta llega a tener éxito, el país debería cobrar esa tasa mínima para captar esos recursos, porque sino estaría cediendo el derecho de cobro a los países donde se ubican las casas matriz de las empresas.

Eso implicaría repensar el modelo de atracción de IED del país, pero aseguró que Costa Rica tiene muchos otros atractivos: mano de obra calificada, estabilidad política, aunque señala retos en infraestructura y en los costos de la electricidad.

Para Wong, el talento humano es la principal fortaleza, pero enfatizó en que se debe ser más eficientes con el gasto en educación para ser más competitivos.

Se le consultó al Ministerio de Hacienda sobre las posibilidades reales de la implementación de un impuesto así en el país y cuál será la posición del Gobierno en el seno de la OCDE, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta nota.

Carrera por los impuestos

La medida pone en aprietos a países como Irlanda, que ha mantenido una tasa nominal del impuesto de renta corporativo de un 12,5%, una de los más bajas de Europa, por lo que algunos expertos auguran que su gobierno dará la pelea en esta discusión.

No obstante, otros justifican que exista la competencia fiscal entre países.

“La competencia fiscal reduce el poder monopolístico de los gobiernos”, decía Chris Edwards, director de Estudios de Políticas Tributarias del Instituto Cato, a la cadena BBC.

Edwards citó justamente el ejemplo de Irlanda, país que a través de su política de bajos impuestos logró impulsar su crecimiento económico, según el director.

Y es que según los datos de la OCDE –organismo al que Costa Rica está en proceso de ingresar y cuyos miembros son en su mayoría países desarrollados–, existe disparidad en los impuestos que se cobran a las empresas, tanto en la tasa nominal como la efectiva.

En esta lista existe una mezcla de países con las tres tasas más altas, mientras que Irlanda, Hungría y Suiza cobran las más bajas.

Por su parte, la efectiva es la que realmente se paga luego de tomar las deducciones, créditos e incentivos que la legislación autoriza. En el caso de Costa Rica, no toma en cuenta las zonas francas, puesto que los beneficios solo aplican para ese régimen, por ejemplo, sino que se trata del régimen tradicional.

En este caso, nuestro país aparece con la tasa más alta, mientras que Hungría e Irlanda repiten entre los tres países que cobran menos.

Es por esto que establecer un mínimo global equipara las reglas del juego y supone un avance para que las multinacionales tributen donde producen beneficios, aunque no tengan ahí presencia física.

“Si la propuesta de EE. UU. se implementa, supondrá un colapso del modelo sobre el que los paraísos fiscales se sustentan. No tendría sentido que ofrecieran tasas impositivas bajas” dijo el economista Gabriel Zucman al diario El País a principios de abril.

De esta forma, los países tendrían que echar mano de las verdaderas fortalezas con las que cuentan para atraer inversión como la infraestructura, la estabilidad o la mano de obra.

Trasfondo

La idea del impuesto mínimo global llega tras el proyecto BEPS, una iniciativa puesta en marcha por OCDE desde el 2013 con el fin de combatir las prácticas de elusión fiscal a nivel internacional.

Para Sánchez, la propuesta del impuesto representa una continuación de dicho proyecto, pues nace a raíz del BEPS, aunque fue presentada por la OCDE hasta en el 2019.

En Europa también existe el antecedente de la llamada tasa Google, un impuesto a los gigantes tecnológicos –como Google, Amazon, Facebook y Apple– que impulsa la Unión Europea (UE).

La idea de la UE es cobrarles a estas empresas un 3% de los ingresos obtenidos por publicidad, intermediación en línea y transmisión de datos.

Las grandes empresas del llamado big tech han sido un dolor de cabeza para los esquemas tributarios de muchos países, pues la legislación se quedaba corta para hacer tributar a empresas que negocian intangibles y que, además, están domiciliadas en EE. UU.