Los cambios llegaron poco a poco. La Asamblea Legislativa no escapó de las medidas de aislamiento social, sus funcionarios −desde los diputados hasta los ujieres y asesores− dejaron atrás sus rutinas para asumir, como todo el mundo, la nueva “normalidad” establecida para prevenir el coronavirus.

Primero fue un reacomodo de las curules para separarlas a 1,8 metros, la una de la otra, en el plenario de Cuesta de Moras. El reto era complejo porque el espacio del viejo foro legislativo es reducido y las condiciones del ya histórico edificio son contrarias a las buenas prácticas de salud. Las sesiones en ese formato no se prolongaron por mucho tiempo, apenas unos días.

El 21 de marzo los congresistas aprobaron una moción de orden en la que decidieron trasladar el pleno al Auditorio Nacional del Museo de los Niños, un lugar en el que podrían tener más espacio entre unos y otros, y donde finalmente sólo sesionarían dos veces por semana, salvo excepciones o casos especiales.

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Un nuevo orden se empezó escribir no solo en cuanto a acomodo o espacio para los congresistas, sino también sobre el inédito ritmo acelerado en el que entró la dinámica legislativa.

El coronavirus, el mismo que obligó a apagar la economía para contrarrestar sus efectos en la salud colectiva, también llevó a los diputados a apurar el paso, a reorganizar su forma de trabajo y a aprobar proyectos contrarreloj porque la urgencia podía más que las posturas políticas o los cuestionamientos de fondo.

El pico de proyectos

Entre el 13 de enero y el 29 de abril el Congreso recibió una agenda de 98 proyectos de ley presentados principalmente para atender la emergencia provocada por el coronavirus. De hecho, 32 de esas iniciativas tienen la palabra COVID-19 en el título o nombre con el que ingresaron a la corriente legislativa.

Las cifras fueron extraídas por EF de la base de datos actualizada a diario por la Contraloría General de la República (CGR). Esta herramienta también muestra que las instituciones o sectores con mayor cantidad de proyectos o leyes directamente vinculados son: Gobierno Central (15), Ministerio de Hacienda (15), bancos públicos (15), municipalidades (14) y Caja Costarricense de Seguro Social (14).

La Contraloría también estimó el efecto potencial en partidas presupuestarias que tendrían estos proyectos o leyes. En 63 expedientes el impacto es bajo, en 34 iniciativas es medio y en 4 textos es alto.

Cabe destacar que de los 98 expedientes solo se aprobaron hasta ahora nueve leyes, aunque la base de datos de la CGR contabiliza únicamente ocho y todavía no incluye la Ley de protección a las personas trabajadoras durante la emergencia por la enfermedad COVID-19 (9.840), que congela el precio de los combustibles para financiar subsidios con la diferencia.

Este pico de proyectos de ley busca generar acciones para atender la emergencia del coronavirus en tres dimensiones: sanitaria, económica y a nivel de las finanzas públicas. Así lo reconoció Pilar Garrido, ministra de planificación y coordinadora del equipo económico del Gobierno, en entrevista con este medio hace poco más de una semana.

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La decisión de cuáles proyectos entran, salen o toman una posición prioritaria en la agenda del Congreso es completamente del Gobierno porque el segundo periodo de sesiones extraordinarias, que inició el pasado 1.° de diciembre, termina el 30 de abril. Hasta ese día el Ejecutivo maneja los matices de las discusiones y textos.

Los congresistas resienten la ausencia de un ministro de la presidencia que empuje la agenda y les permita negociar directamente con una voz de Zapote, ese cargo quedó vacante el 4 de marzo tras la dimisión del diputado oficialista Víctor Morales Mora y será ocupado por el exlegislador liberacionista Marcelo Prieto, a partir del 1.° de mayo.

Mesas de trabajo rápido

El nuevo escenario legislativo −el Auditorio Nacional−, sumado al teletrabajo de los asesores y a la suspensión de las comisiones creó una forma de atender y aprobar las leyes: las mesas de trabajo.

Ante la imposibilidad de convocar las comisiones que tradicionalmente reciben, analizan, cambian y dictaminan los proyectos de ley para luego enviarlos a plenario; los jefes de fracción y el Directorio Legislativo optaron por constituir cuatro mesas temáticas que cumplirían esta función con mecanismos rápidos.

Fue así como los 57 diputados se repartieron en cuatro mesas: la primera dedicada a los temas relacionados con prórrogas y ayudas sobre créditos, la segunda orientada a la moratoria en el pago de alquileres, la tercera discutió la entrega del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) a trabajadores afectados; y la última originalmente asumió la discusión del adelanto de un tracto del ahorro en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Las mesas sesionaban por videollamadas en la plataforma Zoom donde participaban ministros, técnicos, especialistas, superintendentes y las voces más calificadas en cada tema. La idea era que los proyectos se afinaran rápido con la ayuda de los involucrados y pasarán al plenario para su aprobación. Todo en plazos de días que en otros tiempos eran inimaginables.

De hecho, una vez que las mesas tenían un acuerdo o un expediente listo se aprobaba una moción para dispensar de todo trámite lo que permitía que el texto se posicionara en el primer lugar de la agenda y pudiera ser votado inmediatamente.

El primer presupuesto extraordinario presentado por el Gobierno para obtener ¢368.578 millones destinados a bonos de ayuda y a pagar la deuda pública fue una verdadera muestra de celeridad inédita. Los diputados crearon un proceso “ultrarrápido” para tramitar esta iniciativa que el Gobierno calificó de “urgente”.

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Una reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa, aprobada con 47 votos a favor, permitió que al día siguiente de que el Ministerio de Hacienda presentó el proyecto de ley, el expediente pasara el primer lugar en la agenda de la Comisión de Hacendarios, el único foro de esta naturaleza que sesionó porque tenía que entrar a conocer un presupuesto de la República.

La comisión tuvo seis días para dictaminar el proyecto y las instituciones consultadas sobre el expediente debieron enviar sus respuestas en tres días y no en ocho como ocurría regularmente.

El presupuesto fue presentado por el Gobierno el 8 de abril y el 22 del mismo mes −14 días después− fue aprobado en primer debate. Un tiempo realmente corto en comparación con la dinámica tradicional.

Eso sí, trabajar en mesas temáticas con un ritmo casi atropellado no convenció del todo a los legisladores que esperan retomar el curso con la reactivación de las comisiones regulares después del 1.° de mayo. El objetivo es entrar a la discusión de los proyectos de la fase de recuperación económica con más tiempo para hacer consultas y evaluar mejor los temas.

La Contraloría también señaló en un artículo publicado en su página web, que resulta de suma importancia que los congresistas tengan espacio para el análisis de los proyectos de ley y el tiempo para reunir los elementos mínimos que les permitan hacer valoraciones más profundas.

“Esto ayudaría a evitar que se provoquen duplicidades, contradicciones e incluso vacíos en el diseño del marco legal que se crea y que puedan atentar al momento de su ejecución con la finalidad propuesta” apunta el ente contralor.

El consenso entre los legisladores consultados por EF es que el sistema de mesas sirvió para sacar lo urgente, pero se necesita regresar al ritmo habitual para aprobar leyes que permitan atender las siguientes fases tras el golpe económico que el coronavirus le asestó a la economía.