Por: Manuel Avendaño Arce.   17 abril, 2020
La crisis económica provocada por el coronavirus hace que los gobiernos evalúen todas las opciones para buscar dinero en organismos internacionales como el FMI. Fotografía: Shutterstock.
La crisis económica provocada por el coronavirus hace que los gobiernos evalúen todas las opciones para buscar dinero en organismos internacionales como el FMI. Fotografía: Shutterstock.

Hablar del Fondo Monetario Internacional (FMI) en algunos países del mundo, es abrir una suerte de “caja de pandora”. Existen voces que cuestionan −y temen− los programas económicos que este organismo impulsa, en naciones en vías de desarrollo, basados en la reducción del déficit fiscal y el gasto público y, por consiguiente, en los servicios sociales.

Costa Rica se jacta de casi dos décadas de no acudir a esta entidad, pese a un progresivo y amenazante deterioro de sus finanzas públicas apenas remendado −a última hora− con una reforma fiscal que no se pudo implementar al 100% antes de que llegara el coronavirus y el inevitable apagón económico para mitigar su propagación.

La memoria nacional recuerda el desplante de Rodrigo Carazo Odio, entre 1980 y 1982, cuando declaró “non grato” al FMI y decidió financiarse con letras del tesoro ante la imposibilidad de acceder a dinero de organismos internacionales. Los resultados son conocidos: una crisis económica interna, hiperinflación y un aumento desmedido del gasto público y déficit fiscal.

Hoy las circunstancias son otras. La crisis del coronavirus obliga al Gobierno a buscar y explorar todas las posibilidades de conseguir recursos, incluido el FMI y su línea de crédito rápido para ayuda ante la emergencia. Esto, sin embargo, podría ser apenas el inicio de un capítulo más grande que implique otros tipo de préstamos y condiciones que incomoden el statu quo de la estructura nacional.

Salvavidas

Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, explicó a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, en una videollamada el pasado 11 de abril, que las conversaciones con el FMI avanzan a buen ritmo.

Detalló que Costa Rica optaría por el programa Rapid Financing Instrument (RFI) que permitirá acceder a un crédito de apoyo para la emergencia por un monto igual al que el país tiene capitalizado en la entidad, ese empréstito rondaría los $508 millones, con la posibilidad de obtener un Standby Agreement.

“El Fondo ya aumentó el acceso al 100% de cuota bajo el RFI, eso nos daría $504 millones (cifra actualizada a $508 millones el viernes 17 de abril) y junto al FMI se traerían una serie de otros organismos multilaterales y bilaterales que nos darían dinero automáticamente”, dijo Chaves.

Los cálculos iniciales del jerarca indican que la nación podría conseguir dinero, proveniente de préstamos con entidades internacionales, por unos $750 u $800 millones.

Estos recursos se sumarían a los créditos de apoyo presupuestario ya aprobados con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por ¢224.649 millones y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por ¢57.200 millones. Ambos incluidos en el primer presupuesto extraordinario que se tramita en el Congreso por un monto de ¢377.078 millones.

El Gobierno sabe que acceder al dinero de emergencia que otorga el FMI es una opción viable y necesaria en estos momentos dado que la caída en la calificación de riesgo de Costa Rica aunada a la inestabilidad de los mercados internacionales hacen caro para el país financiarse por medio de eurobonos.

El FMI ya aprobó los créditos de ayuda a El Salvador por $389 millones y a Panamá por $501 millones.

“Me parece apropiado que tratemos con las instituciones financieras internacionales porque el costo del dinero es mucho más barato que salir con bonos en este momento. Estas entidades entienden los desafíos que enfrentan los países y por eso ofrecen líneas de crédito apropiadas”, señaló Luis Liberman, economista y exvicepresidente de la República (2010-2014).

Parte de las medidas que puso a disposición el FMI para ofrecer recursos a las naciones frente a la crisis son: acelerar la aprobación de préstamos, incrementar los límites de los ya existentes y contribuir con una rebaja a la deuda de los países miembros más pobres y vulnerables en la revisión del Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes.

Siempre hay condiciones

El FMI, al igual que el Banco Mundial (BM) y otros financistas internacionales, se rige por los diez postulados del Consenso de Washington. Si bien, los préstamos de emergencia frente al COVID-19 se otorgan en condiciones especiales, es posible que muchas naciones requieran más recursos posteriormente para enfrentar su déficit fiscal y su deuda pública.

En ese espectro entra Costa Rica, asfixiada por un déficit que cerró el 2019 en el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) y una deuda pública que superará el 60% al cierre del 2020.

Las proyecciones para este año no son positivas, el faltante entre ingresos y gastos más intereses oscilaría entre 9% y 11% de la producción nacional y la deuda rebasaría el 66%. La contracción de la economía será del 3,3%.

El ministro Chaves señaló a los diputados que “obviamente habrá condiciones porque es un programa del FMI” y les recordó que esos temas deberán ser conversados en su momento con el plenario legislativo y con la ciudadanía.

El crédito con el Fondo servirá para sostener el Estado durante la atención de la emergencia sanitaria, para dar recursos a los afectados por el desempleo y el empobrecimiento, y para pagar el gasto regular del Gobierno. ¿Por cuánto tiempo? Nadie lo sabe a ciencia cierta.

Una vez que lo inmediato pase y llegue lo que en teoría económica se conoce como The Day After (el día después), es entonces cuando se abrirán los debates sobre la necesidad de ir al FMI para pedir un programa de rescate más complejo y sin duda más riguroso −doloroso− para el aparto estatal costarricense.

“Después de lo urgente hay que pensar en la atención de la recesión económica que nos va a quedar. Una de las medidas que había que tomar es establecer relaciones con los organismos financieros internacionales porque todos los países van a andar en busca de recursos”, apuntó Miguel Ángel Rodríguez, economista y expresidente de la República (1998-2002).

Agregó que Costa Rica enfrenta dos desventajas para acceder a préstamos en la etapa posterior a la crisis.

“Somos un país pequeño, eso quiere decir que no somos sistémicos. Si nosotros entramos en problemas de no pago de la deuda, la conmoción sería muy pequeña, no es igual que si sucediera con Brasil, México o Chile. La segunda desventaja es que no somos una nación pobre, más bien estamos en vías de desarrollo y con una posición favorable para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, indicó Rodríguez.

Mientras todo eso ocurre, el FMI mantiene sus postulados y alertas intactos sobre el panorama económico mundial.

Más allá de las medidas adoptadas por los países para generar estímulos fiscales a personas y empresas, subsidios a desempleados, moratorias en pagos de deudas; y los bancos centrales reducen sus tasas de política monetaria y generan acciones para apoyar la liquidez, la institución observa con calma los indicadores macroeconómicos de estabilidad.

“En vista de que la pandemia, la recesión y las respuestas de política necesarias provocarán considerables aumentos del déficit público y la deuda, los países tendrán que crear espacio fiscal reduciendo el gasto no prioritario y mejorando la eficiencia del gasto”, señaló Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, en un artículo publicado por la entidad.

El economista del Fondo recuerda que las medidas de emergencia adoptadas por las naciones no pueden ser permanentes porque generarían distorsiones en las finanzas públicas, sobre todo aquellas enfocadas a sectores específicos.

Tampoco se pueden perpetuar las cláusulas de escape de las reglas fiscales que tienen como objetivo limitar el crecimiento del gasto público o del déficit. El Gobierno levantó esta norma para cuatro instituciones, de momento, con la promesa de que es temporal.

Temores reciclados

La experiencia nacional con el FMI se remonta a la crisis económica del 1980-1982, en ese entonces la caída de los precios del café, el conflicto en Nicaragua (bajo el régimen de Somoza), la debacle del petróleo y la posición del gobierno de Rodrigo Carazo cerró la puerta a recursos internacionales.

En 1990 el Gobierno tomó una serie de medidas para intentar sanear las finanzas públicas
En 1990 el Gobierno tomó una serie de medidas para intentar sanear las finanzas públicas

El camino de recuperación fue largo y complejo. Implicó la puesta en marcha de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs) con condiciones impuestas para acceder a recursos.

Los PAEs se diseñaron para generar transformaciones en cinco ejes: sector financiero; sector público; agro; redistribución de riqueza; y exportación, comercio e industria.

El PAE I se negoció en 1982 durante el gobierno de Luis Alberto Monge, quien obtuvo un crédito de $100 millones para conseguir varias metas, la más importante quizás era la reducción del déficit financiero del 9,5% de la producción en 1982, al 4,5%, un año después.

Durante la década de los 80 se firmaron cinco convenios con el FMI, dos PAEs con el Banco Mundial y varios acuerdos de donaciones y préstamos con la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID). Esta cercanía permitió que los organismos tuvieran una mayor influencia en la definición de la política económica nacional.

El PAE II se puso en marcha en 1989 durante el primer gobierno de Óscar Arias con el fin de darle continuidad a los postulados del primer programa. Aunque se hizo mucho énfasis en la apertura y el saneamiento del sector público, no se registraron avances importantes para reformar el Estado hacia una mayor eficiencia.

El último PAE sufrió atrasos por las diferencias entre el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier y la oposición, por lo que se aprobó hasta 1995, durante la administración de José María Figueres Olsen.

Las medidas de este programa fueron más flexibles y perdieron de vista algunos objetivos fundamentales planteados en las dos primeras versiones. Los políticos de la época hablaban de un “PAE a la tica” que no permitió culminar el ajuste planteado en 1982.

En la actualidad, la compleja situación fiscal de Costa Rica atizada por la reciente implementación de la reforma fiscal que llenó de incertidumbre a los agentes económicos y contribuyó con la desaceleración de la economía, se suma a la crisis del coronavirus que pone al Gobierno frente a una disyuntiva.

Buscar ayuda en organismos internacionales para reconstruir la economía, obtener dinero e impulsar reformas estructurales que se postergaron por décadas, o sobrellevar la recesión con deuda interna y externa, so pena de todas las complejidades y estrujamiento que eso implica en tiempos convulsos.