EscucharCaracas. Venezuela sufriría un impacto catastrófico si Estados Unidos concreta la amenaza de sancionar sus exportaciones petroleras, sin que ello garantice cambios políticos, advierten analistas consultados por la AFP.
El posible embargo fue evocado por el secretario de Estado, Rex Tillerson, quien dijo analizar opciones para “mitigar” las secuelas.
Ya Washington aplicó sanciones contra el presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios; y prohibió a ciudadanos y empresas estadounidenses negociar deuda de Venezuela y su estatal petrolera PDVSA.
Estados Unidos es el principal cliente de Venezuela, que obtiene 96% de sus ingresos del crudo y cuya industria enfrenta una severa caída de la producción y dificultades financieras.
Según la Agencia de Energía estadounidense, recibió de Venezuela unos 600.000 barriles diarios en 2017, lo cual equivale a un tercio de las ventas del país sudamericano.
Pero ello representa 75% del “flujo de caja” de Venezuela, por lo que un embargo sería “el peor” escenario, opina el economista César Aristimuño.
Añade que un tercio de la producción -de 1,6 millones de barriles diarios según la OPEP- se destina a pagar deuda con China y Rusia y a acuerdos de cooperación con el Caribe.
Otra fracción alimenta el consumo interno, con gasolina casi regalada: un dólar del mercado negro compra 214.000 litros.
Además, Venezuela importa desde Estados Unidos unos 160.000 barriles diarios de crudo liviano para procesar su petróleo pesado, que podría obtener de Argelia o Nigeria aunque a mayor costo, observa el experto Orlando Ochoa.
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La producción venezolana experimenta su peor derrumbe en 30 años (excluido un paro petrolero entre diciembre de 2002 y febrero de 2003). Hoy coloca la mitad que hace una década.
“Su flujo de caja se deteriorará aún más” por esa caída y posibles nuevas sanciones, estima la consultora Eurasia Group.
Aunque los precios se recuperan, con su crudo rondando 60 dólares por barril, Venezuela y PDVSA fueron declaradas en default parcial por pagos atrasados de deuda.
En recesión desde 2014, el país tiene una deuda externa de unos $150.000 millones, 30% correspondiente a PDVSA.
La consultora Ecoanalítica proyecta en $24.800 millones los ingresos petroleros en 2018, con compromisos de deuda por $8.000 millones.
Un 8% de las compras de crudo de Estados Unidos proviene de Venezuela.
Las sanciones del gobierno de Donald Trump podrían ir en dos sentidos: restringir sus compras o frenar las ventas de crudo liviano, según James Williams, de la consultora WRTG Economics.
Washington podría tener a México y Canadá como “principales” sustitutos, añade Williams, quien resalta que las importaciones desde Venezuela vienen reduciéndose. Hubo una merma de 100.000 barriles diarios en enero.
Pero restringir compras afectaría a refinerías como CITGO -subsidiaria de PDVSA-, Valero Energy Corp, PBF o Philips, que perderían fuentes de suministro y “esto significaría aumentos en los precios de la gasolina”, apuntó Williams.
En 2017, Valero anunció medidas para reducir su dependencia de Venezuela y la OPEP, aunque Ochoa remarca que el suministro para las refinerías estadounidenses de la Costa del Golfo de México “no se puede reemplazar tan fácil”.
El Departamento del Tesoro puede fijar sanciones petroleras con aval del Congreso; también, medidas de presión a compradores de crudo venezolano.
Pero incluso gobiernos críticos de Maduro las rechazan.
“México no va a imponer sanciones petroleras”, advirtió el secretario mexicano de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, preocupado por “las repercusiones que podrían tener” sobre los venezolanos y países del Caribe.
Venezuela sufre una hiperinflación que el FMI proyecta en 13.000% para 2018, y una escasez crónica de alimentos y medicinas.
Esta situación ha provocado el éxodo de unas 500.000 personas hacia la vecina Colombia y 40.000 a Brasil desde 2017, según autoridades de ambos países.
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El impacto político sería incierto.
“Se confunden quienes creen que el aislamiento y las sanciones afectarán solo al gobierno. El impacto esperado es demoledor sobre la economía y lo viviremos todos (...) sin garantía de cambio político”, escribió en Twitter Luis Vicente León, de la encuestadora Datanálisis.
Maduro, con probabilidades de ser reelegido hasta 2025 en los comicios del 22 de abril, asegura estar preparado para posibles sanciones.
Un 75% reprueba al mandatario, según Datanálisis, pero casi 90% rechaza un embargo.
“Las sanciones deberían llevar al gobierno a negociar, pero ¿van a ceder? Han demostrado hasta ahora absoluta indiferencia ante el rápido deterioro socioeconómico”, estimó Ochoa.
