Un trabajador independiente acumula una deuda por casi ¢200 millones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El caso lo reportó este 7 de enero el periódico La Nación, el cual entrevistó a Jorge López Barboza: un taxista que aparece como moroso con la institución por unos ¢172,4 millones.
Pero, ¿cómo es posible que un solo trabajador independiente acumule una deuda de ese tamaño con el seguro social? Existen varias posibilidades para explicar ese fenómeno. Le explicamos.
El problema original
Un trabajador independiente puede acumular deudas con la CCSS desde el mismo momento en que realiza una actividad económica y no se inscribe como autónomo ante el seguro social o se inscribe, pero deja de pagar sus cotizaciones mensuales.
Desde 2005 es obligatorio que los trabajadores independientes se registren ante la Caja y coticen para el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) y el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), a través de escalas graduales; motivo por el que que trabajar informalmente puede acarrearle deudas, y cobros de multas e intereses, a las personas en esa condición que no realizan sus trámites de pago.
Dichas deudas pueden ser identificadas por la Caja a través de diversos medios, según Joseph Ugalde, de la asociación Borrón y Cuenta Nueva –creada para asesorar a trabajadores morosos con la CCSS. Por ejemplo, suele ocurrir cuando un trabajador independiente busca formalizar sus operaciones, después de haber laborado informalmente por algún tiempo; o cuando una persona carece de seguro y acude a la Caja a recibir algún servicio médico de emergencia.
También es usual que algunas personas acumulen deudas cuando dejan de percibir ingresos como trabajadores independientes, pero no logran desinscribirse del seguro social a tiempo, explicó el dirigente.
“La facturación es un problema, porque el trabajador independiente no se puede quitar y, si cierra su negocio, la Caja pide que siga pagando hasta que presente una orden patronal; pero todos sabemos que en Costa Rica no es tan fácil conseguir un trabajo”, subrayó Ugalde.
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Las vicisitudes
A estas situaciones se pueden sumar imprevistos, como la aparición de enfermedades propias o de personas bajo la responsabilidad del trabajador independiente moroso.
La Caja factura sus servicios a las personas que no tienen vigente el seguro, tal como le ocurrió al taxista López, que debe varias decenas de millones de colones a la Caja. Su hija fue diagnosticada con cáncer y ello le acarreó una alta acumulación de facturas por atención médica, según narró a La Nación.
Él explicó que a su hija fue operada y que se le aplicaron tratamientos de radio y quimioterapia. Actualmente recibe cuidados paliativos.
“Nosotros asumimos que esa deuda tan grande es por la atención de mi hija, porque hasta ahora no he ido a la Caja a averiguar nada. No puede ser que si yo pagaba ¢32.000 de seguro por mes, tenga esa deuda”, dijo al medio de comunicación.
López también dijo que varias veces le recomendaron asegurar a su hija de cuatro años por el Estado, pero que no pudo realizar los trámites por falta de tiempo. Asegurar a la niña por esa vía, sin embargo, era una opción que no habría tenido si la enfermedad le hubiera sido diagnosticada a él mismo.
Dejar de pagar el seguro deja en total desprotección al trabajador independiente, según explicó Ugalde.
“Una vez que uno deja de trabajar en empresa privada o gobierno, se tienen seis meses de seguro de gracia para que te podás acomodar; pero el trabajador independiente solo tiene 30 días y perdió su seguro”, anotó.
Ese factor puede generar recargos por decenas de millones, pues la atención hospitalaria puede ser especialmente cara dependiendo del tipo de tratamiento y de si se requiere hospitalización.
Condonación a medias
En 2022 se aprobó una reforma legal para que la Caja condonase multas, recargos e intereses a patronos y trabajadores independientes que quisieran acercarse a la institución a formalizar su estatus como trabajadores autónomos.
Dicho proceso está abierto y le quedan más de 300 días de vigencia. No obstante, existen cuestiones que limitan su efectividad para atraer a más cotizantes, según el abogado y exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pedro Muñoz, quien impulsó la iniciativa.
Una de sus principales críticas es que la Caja no contempla como recargos las facturas por servicios médicos, como las que se originan por morosidad.
Ese es un criterio errado, según opinó el excongresista. “Esas facturas millonarias de servicios médicos hacen a muchas personas ser parias sociales, porque nunca las van a poder pagar. De nada sirve que se pueda condonar multas e intereses si un señor, como en el caso publicado, le debe a la Caja más de ¢150 millones en facturas”, anotó.
Según explicó Muñoz, la Junta Directiva de la CCSS pidió un criterio a su asesoría legal interna sobre el tema, pero aún no se ha obtenido una respuesta satisfactoria al respecto.
El criterio de Muñoz lo comparte el representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) ante la Junta Directiva de la Caja, el abogado Adrián Torrealba. En un oficio que remitió al resto de ese foro directivo, indicó que las facturas que nacen de la morosidad del trabajador con el seguro social no podrían más que considerarse como un recargo de esa situación.
EF pidió una entrevista a la CCSS para conversar sobre esta y otras cuestiones con vocerías oficiales. Sin embargo, no se obtuvo una respuesta hasta el cierre de esta edición.
Muñoz también considera que este proyecto podría tener un impacto mucho mayor si se combina con la aprobación de la iniciativa de Ley del Trabajador Independiente (21.434), que actualmente está en discusión de la Asamblea Legislativa. Este proyecto permitiría reducir el plazo de prescripción de las deudas con la Caja de 10 a cuatro años, lo cual podría implicar reducciones sustanciales en los montos adeudados por muchos trabajadores que actualmente son morosos o que podrían ser identificados como tales si buscan formalizarse.
“El tiempo se nos va, porque necesitamos que salga ese otro proyecto. Necesitamos que la gente no solo no tenga que pagar multas e intereses, sino que se le aplique una prescripción de cuatro años y no de 10 años, como ahora. Urge que eso se implemente y que la Caja agregue a la condonación el concepto de factura por servicios médicos”, añadió.
Este proyecto de ley se aprobó en primer debate el 15 de diciembre pasado y luego 10 diputados del Frente Amplio (FA) y del Partido Liberación Nacional (PLN) lo enviaron a consulta de la Sala Constitucional. Si los magistrados no encuentran vicios en el texto, entonces el Congreso podrían ratificarlo de manera definitiva en las próximas semanas.
Según Joseph Ugalde, es iluso pensar que las personas van a formalizar sus operaciones si no se conjugan los diversos factores necesarios para reducir los dineros adeudados y empezar de cero. “El problema no es que la gente quiera llegar y cotizar. El problema real es ese monto retroactivo que te van a cobrar si te acercás”, puntualizó.
