Regular a las empresas que conectan a dueños de vehículos con quienes necesita servicios de transporte mediante apps, es el nuevo objetivo del gobierno de Carlos Alvarado. Para conseguirlo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) propone un proyecto de ley que ya fue rechazado por Uber, por los taxistas y por los clientes de ambos servicios, que son los mismos, a fin de cuentas.

“Taxificar” los servicios de movilidad colaborativa es un fenómeno común en países, sobre todo de América Latina. Costa Rica, afín a este movimiento, ya cuenta en la corriente legislativa de su Congreso, con un texto que burocratiza un modelo basado en la simplicidad, la practicidad y la versatilidad de la tecnología.

El cliente pide un carro con tan solo un click en una app, paga el servicio sin necesidad de efectivo y recibe tarifas mucho más bajas que las de otros actores del mercado, los taxis rojos, por ejemplo.

El proyecto de ley “Reforma al sistema de transporte remunerado de personas y regulación de las empresas de plataformas de transporte”, expediente 21.228, ya empezó su procesión en la Asamblea Legislativa, en un foro donde todo va mucho más lento que la internet, la tecnología y las visiones de las empresas de la economía colaborativa, entre ellas, Uber, Airbnb, Uber Eats y Glovo.

El texto reescribiría las reglas del juego para los 22.000 conductores de Uber y también para los casi 800.000 clientes que usan la app para transportarse dentro del país.

EF analizó el texto completo del proyecto de ley y le resume, a continuación, los principales cambios que propone el Gobierno.

- Póliza de seguro con la cobertura de ley.

- Derecho de circulación vigente.

- Revisión técnica vehicular vigente, si el carro tiene menos de cuatro años de fabricación deberá ir a Riteve solo una vez al año, pero si es más antiguo tendrá que cumplir con este requisito dos veces al año.

- Certificado de propiedad de vehículo.

- Certificado emitido por la Dirección General de Tributación (DGT) de que el carro está al día con el pago de impuestos.

- Los vehículos que se utilicen para brindar servicios de transporte no podrán ser mayores a ocho años de fabricación, si son eléctricos puede tener hasta diez años de antigüedad.

- Deben tener cuatro puertas, cinturones de seguridad que funcionen bien para todos los pasajeros y bolsas de aire delanteras.

- Capacidad mínima de cinco pasajeros, en el caso de que sean para siete personas necesitarán un permiso especial para comprobar que los dos pasajeros adicionales tienen una salida independiente.

- No se autorizarán vehículos de mayor capacidad a siete pasajeros como, por ejemplo, busetas.

- El propietario del carro tendrá que pagar un canon de $200 dólares cada año para la administración y fiscalización del Registro de Plataformas tecnológicas de transporte que se creará en el Consejo de Transporte Público (CTP).

Nota: puede encontrar estos requisitos en el capítulo IV del proyecto de ley.

- Licencia de conducir B1 con al menos dos años de emisión.

- Recibir un curso digital de seguridad vial para conductores de las Empresas de Plataformas de Transportes (EPT) que será evaluado por el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

- Inscribirse como trabajador independiente en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

- Registrase como contribuyente ante la DGT del Ministerio de Hacienda.

- Pagar un canon anual de $35 para obtener un “código de conductor” –como ocurre con los taxistas en la actualidad–. El dinero recaudado con el pago de esta obligación se destinará a los gastos corrientes y operativos del Consejo de Transporte Público (CTP).

- Colocar al vehículo un distintivo (como una placa o sticker) mientras ofrece servicios de transporte.

- Evitar recoger usuarios en la vía pública si no ha completado un contrato de movilidad mediante la aplicación con la que trabaja.

Nota: puede encontrar estos requisitos en el capítulo IV del proyecto de ley.

- El artículo 43 del proyecto de ley propone gravar con el 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a cada viaje que solicite un usuario mediante la aplicación. Este monto será traslado a la tarifa final que pagan los clientes de plataformas como Uber, así lo aceptó Andrés Echandi, en un conversatorio con la prensa el 14 de noviembre del 2018.