El Gobierno propone cobrarle ¢8.300 millones a Uber para que se inscriba como empresa privada operadora de servicios de transporte en el país, además el Ejecutivo planea gravar sus ganancias con un tasa del 13% por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del 8,5% por el tributo sobre las remesas.

Estos son algunos de los ajustes que incluyó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el proyecto de ley “Reforma al sistema de transporte remunerado de personas y regulación de las empresas de plataformas de transporte”, expediente 21.228, presentado ante la Secretaría del Directorio Legislativo la tarde de este martes 21 de enero.

La iniciativa, según Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, pretende generar las condiciones óptimas para que coexistan los servicios que ofrecen los taxistas y empresas como Uber.

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El jerarca indicó en un comunicado que se trata de un proyecto balanceado que crea un marco normativo para regular la operación de las empresas de plataforma de transporte y, además, modernizar el servicio de taxi.

El presidente de la República, Carlos Alvarado, agregó que el objetivo es crear un ambiente de “competencia justa” entre los taxis y Uber.

El MOPT informó que para crear el proyecto de ley se estudiaron los casos de otras regulaciones que se aplicaron en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Londres y Madrid.

Cambios para Uber

El texto propone una serie de cambios para las empresas que ofrecen servicios de transporte por medio de aplicaciones digitales:

- Crea la figura de Empresas de Plataformas de Transporte (EPT), se trata de compañías que operan apps para enlazar a conductores con usuarios que requieren servicios de transporte, como es el caso de Uber.

- Todas las EPT serían declaradas como un servicio público pero no estarán sujetas a regulación tarifaria de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

- Las EPT tendrán que registrarse ante el Consejo de Transporte Público (CTP) para poder operar de forma legal.

- Se cobrará 13% del IVA y 8,5% del impuesto sobre las remesas al exterior a los servicios de transporte prestados mediante EPT y a las rentas o beneficios que se generan a partir de esa actividad económica.

- Las EPT que se encuentren en operación antes de que la ley entre en vigencia –como es el caso de Uber– tendrán que pagar ¢8.299 millones (que equivalen a 18.600 salarios base del Poder Judicial), para poder registrarse ante el CTP.

- Todas las EPT que empiecen a operar luego de la entrada en vigencia de la ley, solamente pagarán el equivalente a 100 salarios base para obtener su registro legal en el CTP y para renovar su suscripción deberán cancelar el equivalente a 50 salarios base fijados cada año por el Consejo Superior del Poder Judicial.

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- El proyecto de ley propone la creación de un Fondo Nacional de Movilidad que será administrado por el CTP.

- Este Fondo Nacional de Movilidad se financiará de tres fuentes de recursos: del pago de derecho de inscripción que deben hacer las empresas ante el CTP, del aporte del 3% sobre el precio final de cada viaje que hagan los conductores de las diferentes compañías, y de las sanciones administrativas que se impongan y se cobren mediante multas a las EPT.

- Estas empresas tendrán que emitir políticas y procedimientos estandarizados para fomentar la seguridad de los usuarios, evitar casos de acoso sexual y discriminación, además de garantizar el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad.

Ajustes para los taxis

El proyecto de ley 21.228 también propone modificaciones para sl sistema actual de taxis:

- Los taxis y autobuses no tendrían representación en la Junta Directiva del CTP.

- El dinero que se recaude para el Fondo Nacional de Movilidad Colaborativa será invertido, durante los primeros ocho años, para mejorar la calidad de transporte público y modernizar la flota de taxis.

- La Aresep establecerá una tarifa máxima para el primer kilómetro y el recorrido adicional, pero los conductores de taxis podrán negociar un precio más bajo con el usuario. El acuerdo entre el chofer y el cliente debe ser informado antes de iniciar el viaje.

- El MOPT autoriza a la Aresep para que implemente una aplicación tecnológica que permita sustituir el taxímetro tradicional –o maría–, por uno virtual que facilite la competencia y ayude a mejorar la calidad del servicio que los taxis ofrecen a los usuarios.

¿Qué dicen Uber y los taxistas?

Andrés Echandi, gerente general de Uber Costa Rica, señaló en un comunicado la tarde de este martes que revisarán con detenimiento el proyecto de ley de 44 páginas, pero que esperan que el texto contenga un marco de regulación moderno, innovador, inclusivo y diferenciado.

“En virtud de que no se nos ha permitido participar de manera activa en la construcción de esta iniciativa que se presenta hoy, nos ponemos a las órdenes de la Asamblea Legislativa para contribuir con la experiencia adquirida por la participación en más de 132 procesos de construcción de regulación alrededor del mundo, donde ha sido posible regular de forma diferenciada e innovadora estos nuevos modelos de negocio”, indicó Echandi.

Para el gremio de los taxistas, el proyecto de ley propuesto por el Gobierno es motivo de preocupación.

Rubén Vargas, líder y vocero de los taxistas, considera que el texto les perjudica y no les permite tener mejores condiciones para operar los servicios de transporte en el país como lo han hecho históricamente.