EscucharLos primeros 100 días del gobierno de Laura Fernández han transcurrido por tres carriles: el impulso de su agenda de gobierno basada en seguridad, una confrontación institucional que, en buena medida, ha sido alimentada por sus propias declaraciones sobre el Poder Judicial, y un cambio de discurso en materias polémicas.
La heredera del continuismo devolvió al centro de la discusión proyectos que quedaron pendientes en el periodo anterior, como la minería en Crucitas, las jornadas excepcionales 4x3 y la marina de Limón. Al mismo tiempo, comenzó a construir una agenda propia alrededor del combate a la inseguridad, un tema que rápidamente desplazó otras prioridades y se consolidó como el principal estandarte político del Ejecutivo.
Mientras el Gobierno intentaba abrir espacio para esas iniciativas, otro frente comenzó a ganar protagonismo. La discusión pública dejó de concentrarse únicamente en los proyectos del Ejecutivo y empezó a girar alrededor de la relación entre la Presidencia y el Poder Judicial.
Ese giro se produjo tras el conflicto por la elección de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional. El respaldo del oficialismo a frenar esos nombramientos, seguido por la decisión de la propia Sala de prorrogar temporalmente a los suplentes para garantizar su funcionamiento, desencadenó una escalada política que alcanzó su punto más alto cuando Fernández calificó la resolución como un “golpe de Estado”.
La afirmación abrió un debate entre ciudadanos. Cientos de personas se manifestaron —entre ellas expresidentes de la República y magistrados— en el Parque de la Democracia en defensa del Poder Judicial y de la división de poderes. Días después, la mandataria matizó sus declaraciones y aseguró que se refería a un golpe de Estado institucional, aunque el episodio ya había elevado la tensión entre ambos poderes de la República y profundizado la polarización política.
Para el politólogo Ronald Alfaro, este escenario evidencia que “a este gobierno le toca navegar en estas aguas agitadas y picadas un poco más temprano que a otras administraciones”.
Frutos de la mayoría parlamentaria
La otra cara de estos primeros 100 días se encuentra en la Asamblea Legislativa. Fernández llegó a Zapote con una ventaja inédita para un gobierno reciente: el respaldo de 31 diputados del grupo oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), una mayoría que representa el 54% de las curules del Congreso.
Esa correlación de fuerzas, sumada al periodo de sesiones extraordinarias —en el que Zapote define la agenda legislativa—, le permitió iniciar su administración con un escenario considerablemente más favorable que el de sus antecesores.
Los primeros resultados no tardaron en aparecer. Durante las sesiones extraordinarias fueron aprobados proyectos relevantes para el Gobierno, entre ellos el presupuesto nacional, el financiamiento del Tren Rápido de Pasajeros y la reforma que permitirá a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) desarrollar alianzas estratégicas para impulsar obras como la marina y la terminal de cruceros de Limón. En esos expedientes, el oficialismo consiguió sumar el respaldo de sectores de oposición y convertir la mayoría parlamentaria en resultados concretos.
No obstante, conforme avanzó el periodo legislativo también comenzaron a hacerse visibles los límites de esa ventaja política. Iniciativas prioritarias para el Ejecutivo, como Ciudad Gobierno, la minería en Crucitas, las jornadas 4x3 y la armonización eléctrica, quedaron entrampadas entre ajustes, negociaciones y la falta de consensos suficientes para avanzar.
“Controlar la agenda no equivale necesariamente a controlar el resultado legislativo. El proceso parlamentario continúa dependiendo del trabajo de las comisiones, de la construcción de acuerdos y del ritmo propio del procedimiento legislativo”, explicó la politóloga Kattia Benavides.
Ese matiz también ayuda a poner en perspectiva otro de los datos que el Gobierno ha destacado: la aprobación de 16 proyectos de ley durante las primeras sesiones extraordinarias. Es el segundo mejor resultado al inicio de una administración desde que la reforma constitucional de 2020 hizo coincidir ese período con sesiones extraordinarias y otorgó al Ejecutivo el control de la agenda desde el primer día de gestión; solo lo superan las 31 leyes aprobadas en 2022.
La comparación, sin embargo, requiere contexto. Buena parte de las iniciativas aprobadas en 2022 provenía de la administración Alvarado Quesada, aunque recibió impulso del gobierno entrante de Chaves Robles; los expedientes aprobados en 2026, en cambio, fueron heredados de la administración Chaves Robles.
Atacar la inseguridad
Mientras parte de su agenda económica e institucional comenzaba a ralentizarse en la Asamblea Legislativa, el Gobierno encontró en la seguridad ciudadana un nuevo eje para mantener la iniciativa política.
Más que un cambio de prioridades, fue una redefinición del foco de la administración: Fernández convirtió el combate al crimen en la bandera desde la cual buscó imprimir identidad propia a sus primeros meses de gestión.
En ese contexto, la presidenta presentó dos paquetes de proyectos de ley que reúnen doce iniciativas orientadas a endurecer la respuesta del Estado frente a la criminalidad. Las propuestas abarcan desde reformas legales hasta una modificación constitucional para ampliar las causales de extradición, además de nuevos instrumentos para combatir organizaciones criminales, fortalecer la protección de víctimas y policías y reducir la reincidencia.
Al anunciar los proyectos, Fernández afirmó que el objetivo era “introducir eficiencia” en los procesos judiciales y recuperar “la justicia y la seguridad” del país.
Sin embargo, el impulso político con el que fueron presentadas las iniciativas todavía no se ha traducido en avances legislativos significativos. A pesar de la mayoría oficialista, solo cuatro de los doce proyectos lograron iniciar su discusión en comisión y ninguno ha llegado aún al Plenario para su votación.
Las únicas iniciativas que entraron a discusión en comisiones fueron: Protección Integral a la Víctima y al Servidor Policial (25.614), Combatir las Asociaciones Criminales (25.615), Mano Firme Contra la Reincidencia (25.616) y Cero Ocio en las Cárceles (25.617).
El resultado vuelve a mostrar una constante que atravesó estos primeros 100 días: la capacidad del Ejecutivo para colocar temas en la agenda pública ha sido mayor que su capacidad para convertirlos en leyes. La mayoría parlamentaria facilita abrir el debate, pero no elimina la necesidad de negociar, construir consensos y superar el trámite legislativo.
Para la politóloga Kattia Benavides, el éxito de un gobierno en el Congreso no depende únicamente de definir qué proyectos se discuten, sino de transformar esa ventaja inicial en legislación aprobada y, posteriormente, en políticas públicas capaces de producir resultados.
Ese desafío también coincide con un proceso de aprendizaje interno del oficialismo. Aunque el PPSO controla la Asamblea, buena parte de su fracción enfrenta por primera vez la dinámica parlamentaria, mientras Casa Presidencial todavía construye los canales de negociación con las bancadas opositoras.
Ese proceso ocurre, además, en un contexto marcado por la tensa relación entre el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, y las demás fracciones legislativas, una circunstancia que hasta ahora no ha favorecido la construcción de acuerdos. El exmandatario incluso aludió a que no le interesaba conversar con la oposición, una tarea clave para su puesto. Específicamente dijo que no tenía sentido “llevar serenata a personas que no están en disposición de escucharme y negociar”.
Al respecto, Alfaro aseguró que “negociar y dialogar permite desbloquear iniciativas. Y si usted no tiene ese componente es más difícil”.
El politólogo, sin embargo, advierte que el resultado sigue siendo preliminar. Los primeros 100 días ofrecen apenas una fotografía del inicio del mandato y no necesariamente aseguran el comportamiento que tendrá la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa durante los próximos años.
Del impulso político al choque institucional
Si la seguridad se consolidó como el principal eje programático de los primeros 100 días, el enfrentamiento con la Sala Constitucional terminó siendo el episodio político que más marcó el inicio de Laura Fernández. No solo porque abrió un nuevo capítulo en la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, sino porque trasladó la confrontación al terreno institucional y colocó en el centro del debate los límites entre los poderes de la República.
El origen del conflicto se encuentra en la elección de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, una competencia que corresponde a la Asamblea Legislativa. Desde finales del año pasado, el proceso permanecía estancado luego de que la Corte Suprema de Justicia remitiera la nómina de aspirantes y una comisión legislativa recomendara a nueve candidatos para su elección en el Plenario.
Sin embargo, el oficialismo se negó a respaldar los nombramientos mientras la Corte no enviara una lista completa de 24 postulantes, una posición que terminó bloqueando las designaciones.
Lo que inicialmente parecía una diferencia sobre un procedimiento legislativo terminó adquiriendo una dimensión mayor. La ausencia de magistrados suplentes comenzó a afectar el funcionamiento de la propia Sala Constitucional, que necesita integrar un cuórum de siete jueces para conocer los expedientes cuando alguno de sus titulares se inhibe, se incapacita o se ausenta temporalmente.
Sin los votos necesarios en la Asamblea para resolver el nombramiento, el problema dejó de ser exclusivamente político para convertirse también en un desafío para la continuidad del servicio judicial.
Fue en ese contexto que la Sala Constitucional resolvió un recurso de amparo presentado por una persona que alegó atrasos en la resolución de sus expedientes debido a la imposibilidad de integrar el tribunal. Como medida transitoria, el tribunal decidió prorrogar el nombramiento de los magistrados suplentes mientras la Asamblea realiza las designaciones definitivas. La resolución fue aprobada por mayoría de cuatro magistrados.
Lejos de cerrar la discusión, la sentencia elevó la confrontación política. Un día después de conocerse el fallo, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, anunció una querella por presunto prevaricato contra los cuatro magistrados que votaron a favor de la resolución. El anuncio fue realizado junto a la presidenta Laura Fernández y a los diputados de la bancada oficialista, quienes sostienen que la Sala invadió competencias reservadas al Congreso.
La reacción del Ejecutivo terminó llevando el conflicto a otro nivel. Fernández calificó la resolución como un “golpe de Estado” y describió a los magistrados que apoyaron el fallo como “golpistas”. Con ello, el debate dejó de centrarse únicamente en la interpretación jurídica de la sentencia para convertirse en una discusión sobre la relación del Gobierno con las instituciones encargadas del control constitucional.
Ese episodio también puso de manifiesto una aparente tensión dentro de la propia estrategia gubernamental. Mientras el Ejecutivo impulsa una agenda de seguridad que, entre otros objetivos, busca fortalecer la capacidad del sistema judicial para enfrentar la criminalidad, el discurso político ha intensificado el enfrentamiento con una de las principales instituciones que integran ese mismo sistema.
Las repercusiones, además, trascienden el plano político interno. Para el exministro de Comercio Exterior Alexander Mora, este tipo de señales puede influir en la percepción internacional sobre la estabilidad institucional de Costa Rica, un elemento que históricamente ha formado parte de la propuesta de valor del país para atraer inversión extranjera directa y que también es observado por las calificadoras de riesgo al evaluar el entorno institucional.
Cambios de discurso
Los cambios de discursos también fueron comunes en estos primeros 100 días de gobierno, especialmente en temas impopulares o polémicos.
Fernández no solo modificó su discurso sobre el supuesto “golpe de Estado” que denunció contra la Sala Constitucional —que posteriormente pasó a describir como un “golpe a la institucionalidad pública”—. En las últimas semanas, el Gobierno también ha cambiado de posición en otros temas que habían sido planteados como parte de su agenda.
Uno de ellos fue la exoneración parcial del IVA para la canasta básica. El 6 de julio, Rodrigo Chaves aseguró que Hacienda analizaba “quitarle esa enorme injusticia al sistema tributario” que permitía a los hogares de mayores ingresos acceder al mismo beneficio que quienes “verdaderamente lo necesitan”. Días después, dijo que la intención era cobrar una tarifa mayor a “los emperifollados”. Cuatro semanas más tarde, afirmó que “nadie está trabajando en eso”.
Otro giro ocurrió con las pensiones de los expresidentes. Durante la campaña y al asumir la Presidencia, Fernández prometió eliminar las llamadas pensiones de lujo. La postura, sin embargo, comenzó a cambiar después de que diputados oficialistas rechazaran en comisión un proyecto del Frente Amplio que buscaba eliminar ese beneficio.
Un día después de ese rechazo, Fernández defendió la pensión de los expresidentes y sostuvo que respondía a las “prerrogativas distintas” del cargo. Pero el 12 de agosto el Gobierno volvió sobre el tema y envió a la Asamblea Legislativa el proyecto Cero Tolerancia a las Pensiones de Lujo de Expresidentes de la República (25.703).
Así, en cuestión de semanas, el Ejecutivo pasó de plantear una reforma, descartarla o matizarla y, en algunos casos, retomarla posteriormente bajo una nueva formulación.
En conjunto, los primeros 100 días dejan un balance de claroscuros. El Gobierno ha tratado de aprovechar una mayoría legislativa para impulsar parte de su agenda y colocar la seguridad como prioridad política. Sin embargo, ese impulso ha convivido con una creciente confrontación institucional que ha monopolizado buena parte del debate público.
El cierre de periodo de sesiones extraordinarias marca además un punto de inflexión. Con el inicio de las sesiones ordinarias el Ejecutivo pierde el monopolio de la agenda legislativa y el protagonismo vuelve totalmente al Congreso; esto modifica sustancialmente la relación política entre los poderes.
El reto para los próximos meses será determinar cuál de esos dos carriles termina definiendo el resto del mandato: la capacidad de traducir sus prioridades en resultados concretos o la intensidad de los conflictos que acompañen ese proceso.
