El Ministerio de Hacienda enfrentará pagos de amortizaciones e intereses en dólares por un total de $11.444 millones entre 2023 y 2027. De ese gran total, $5.722 millones corresponden a rubros de deuda interna y $5.721 millones a deuda externa.
Para llenar esas necesidades, Hacienda quiere apelar a todas las vías posibles: el mercado local –que siempre es la vía más rápida de acceso, pero suele ser también la más cara– y el mercado internacional –que implica engorrosas aprobaciones legislativas pero, algunas veces, también ofrece condiciones financieras más atractivas.
La forma en que se gestionen los pagos tendrá implicaciones en factores clave. Por ejemplo, puede incidir sobre las tasas de interés locales o sobre el tipo de cambio. La forma en que el Gobierno Central pague su deuda en dólares va más allá de un mero trámite contable.
Gestión mixta
Llenar las necesidades de financiamiento en moneda extranjera es una tarea que se puede llevar adelante de distintas maneras. El Gobierno puede obtener los recursos a través de títulos valores en el mercado internacional (popularmente conocidos como “eurobonos”), créditos con organismos multilaterales o bilaterales, y endeudamiento en el mercado interno.
El Gobierno actualmente busca emplear a fondo todas las posibilidades, aunque todavía no consigue la autorización legislativa para colocar bonos en el extranjero..
En materia de créditos con organismos multilaterales o bilaterales, Hacienda ya tiene en curso un servicio ampliado de financiamiento (SAF) con el Fondo Monetario Internacional que le permitiría captar poco más de $1.000 millones adicionales en los próximos dos años si cumple diversas metas fiscales y políticas. Además, negoció un crédito de apoyo presupuestario adicional con esa entidad por $720 millones, pendiente de aprobación legislativa.
Esos son los créditos de mayor impacto que están en curso; sin embargo, también se han negociado otros más que pronto pasarían a estudio de la Asamblea Legislativa para su aprobación; por ejemplo, uno de $290 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), otro de $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otro de $100 millones con la Alianza Francesa de Desarrollo (AFD).
Las negociaciones con estos organismos internacionales son continuas y cada año pueden implicar nuevas autorizaciones; sin embargo, requieren de votaciones legislativas separadas, lo cual hace más difícil el ingreso de los recursos al país.
En cuanto al endeudamiento en el mercado interno, el gobierno mantiene una constante colocación en moneda extranjera. Recién a inicios de agosto pasado, Hacienda anunció haber conseguido $255 millones a 12 años plazo, con una tasa de 7,65%.
La captación de deuda interna no requiere de votaciones en el Congreso; sin embargo, se hace en un mercado local que es más chico. Esto hace que, en momentos de baja liquidez de moneda extranjera o de altas tasas locales, las necesidades del Poder Ejecutivo puedan aumentar las presiones sobre tasas de interés locales y sobre tipo de cambio.
Por último, el gobierno también puja en la Asamblea Legislativa para que le autoricen a emitir títulos valores en el mercado internacional. Específicamente busca poner en marcha un plan de $6.000 millones en eurobonos para los próximos cuatro años. No obstante, la Asamblea Legislativa aún no define si da un permiso por ese monto o uno menor.
Los bonos se parecen a los créditos de organismos internacionales porque deben pasar por el tamiz de la Asamblea Legislativa y recibir aprobaciones de al menos 38 votos (dos terceras partes del Congreso). Pero difieren en que las condiciones ofrecidas por las agencias multilaterales suelen ser mucho más blandas, por el carácter de esas entidades, que difiere del de simples inversionistas.
El plan de eurobonos
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, considera que el país debería tener acceso a todos los frentes posibles para llenar las necesidades financieras de los próximos años.
Acosta defiende la colocación de $6.000 millones en eurobonos, al considerar que eso daría al Gobierno “la flexibilidad para tomar decisiones” de en qué marco endeudarse, “dependiendo de las condiciones” que encuentre en cada momento de los inversionistas locales y extranjeros.
$6.000 millones implica casi el mismo monto que habría que pagar, solo de amortizaciones crediticias, en los próximos cuatro años (sin contar el pago de intereses).
El monto, sin embargo, es sujeto de debate legislativo todavía. Aunque la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso dio una aprobación inicial al permiso por $6.000 millones, aún no existe una mayoría suficiente de legisladores que den su respaldo definitivo a esa cifra.
En ese sentido, el director de la firma FCS Capital, José Luis Arce, considera que $6.000 millones podría ser una cifra demasiado alta y más ahora, cuando las condiciones internacionales de mercado presentan tasas de interés más altas para frenar la crisis inflacionaria internacional.
Precisamente en la misma dirección, el analista soberano de Moody’s, Gabriel Torres, aseguró que la emisión podría dar mayor flexibilidad al Gobierno, pero que habría que analizar la conveniencia de realizar la emisión en cada momento, “con el estado de las tasas internacionales”.
Otras opciones del momento
Según Arce, el hecho de que el Gobierno Central esté registrando superávits primarios (cuentas positivas de ingresos y gastos sin contar el pago de intereses) abre un margen importante para reducir la deuda. Además, considera que la deuda interna en dólares es más fácil de refinanciar, por lo que se limitan múltiples problemas.
Según explicó, los inversionistas de deuda interna tienen menos opciones para colocar sus recursos en Costa Rica y salir del país puede resultarles poco atractivo por el pago de cargas asociadas, lo cual hace “más fácil” renovar ese gran bloque.
El economista también hizo alusión a las condiciones actuales del mercado de dólares costarricense, que ha demostrado un comportamiento positivo en las últimas semanas. Si eso se mantiene, es más fácil obtener recursos en el mercado local sin presionar de más el tipo de cambio, ni las tasas de interés, observó.
Arce recordó que los créditos con entidades multilaterales y bilaterales han demostrado ser una gran herramienta para Costa Rica en los últimos años, suelen ser a más largo plazo y con tasas de interés mucho más atractivas de las que actualmente podrían ofrecer los inversionistas particulares en el extranjero.
“Los eurobonos ahora mismo te van a salir entre 6,5% y 7,5% este año, más o menos lo que te saldría un título acá (en tasas de interés) y, por otro lado, más bien se acaban de conseguir $720 millones más de financiamiento de apoyo presupuestario del Fondo Fiduciario de Resiliencia y Sostenibilidad del FMI, que son 30 años de plazo, con un plazo de gracia y con tasas por debajo del 2%. Eso tiene más sentido”, aseguró.
No obstante, el ministro Acosta afirma que abrir toda la cartilla de opciones podría generar otros réditos al país. Por ejemplo, mejorar su calificación crediticia (con un eventual impacto a la baja en tasas de interés) o simplemente reducir eventuales presiones alcistas sobre el tipo de cambio si se restringe la liquidez disponible en el mercado local.
El debate está abierto.
