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En junio de 2013 el Gobierno costarricense solicitó dos préstamos al EximBank en China por $395 millones para ampliar y rehabilitar la carretera Braulio Carrillo. Tras veinte meses de espera en la corriente legislativa se aprobó una ley para que el Estado tuviera acceso a los recursos.
Cinco años más tarde, específicamente en marzo del 2018, el país había recibido desembolsos por $89 millones del crédito y había pagado $12.872 en comisiones (por la disponibilidad del dinero), según datos de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda.
Para financiar sus grandes obras las instituciones cuentan con dos vías caminos para endeudarse. En el caso de las instituciones del Gobierno Central es requisito que la Asamblea Legislativa apruebe una ley para poder utilizar los recursos, debido a que el Estado funge como deudor o garante de la deuda.
No todos deben experimentar el lento filtro del Primer Poder de la República. Las entidades autónomas deben pasar el tamiz de una autoridad presupuestaria conformada por el Comité Nacional de Inversión Pública (Conip), el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Ministerio de Hacienda.
Al primer trimestre del año el país invirtió $1.393 millones para la construcción de 24 obras, por los cuales pagó $1,4 millones en comisiones de compromiso (por tener el crédito disponible) y por atrasos en la planificación.
Además presentó atrasos en seis proyectos, cuatro a cargo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y dos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Lo que implica no solo el pago de comisiones más altas, sino un caro precio en materia de competitividad.
El precio de tener recursos disponibles
Costa Rica financia sus grandes obras de la mano de préstamos internacionales, cuyos contratos estipulan comisiones de comisiones de entre el 0,25% y el 0,75% sobre los saldos no desembolsados, cobro que se hincha cuando hay atrasos en la ejecución. Dinero que deben abonar tanto las instituciones del Gobierno Central como las autónomas.
Por ejemplo, si se adquiere un préstamo de $1 millón y se planifica el uso de recursos a cinco años plazo, el compromiso que se cobrará el primer año será sobre los $800 disponibles.
En el segundo año el cobro será sobre los $600 disponibles, el tercero sobre los $400 y así hasta que se utilicen todos los recursos.
Si el país se atrasa y en el primer año solo emplean $100 en lugar de $200, la comisión se cobrará sobre los $900 disponibles.
A pesar de que en la mayoría de los casos se devenga un porcentaje por tener el dinero disponible, no todas las entidades imponen esa condición. Tal es el caso del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que en este momento no cobra comisión por compromiso, según indicó Melvin Quirós, director general de Crédito Público.
Anteriormente sí lo hacía. Esta entidad actualmente financia seis obras y a marzo el país debía una comisión de $351.306 por el Programa de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y por el Proyecto de Reducción de Agua no Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM.
Para financiar 24 obras el Estado tenía a marzo de este año $3.808 millones disponibles, de ese monto había empleado $1.393 millones y había pagado $1,4 millones por comisiones de compromiso.
El hecho de que los recursos estén disponibles no significa que el Gobierno puede acceder a la totalidad de los montos de manera inmediata.
“Los multilaterales nunca desembolsan toda la plata (...) el dinero el multilateral no lo da al Gobierno, ni es el Gobierno que lo tiene en sus cuentas de fondo general o en caja única. Esto funciona igual que un crédito para construir una vivienda, el banco te va adelantando conforme las etapas de la construcción avanzan y no antes”, indicó Quirós.
Lentitud onerosa
Más allá de las comisiones que debe pagar el país por la disponibilidad de los créditos, los proyectos deben enfrentar la compleja tramitomanía costarricense. Lo que implica el pago de comisiones más onerosas y un alto precio en materia de competitividad.
Al primer semestre del año el país tenía atrasos en seis obras, la mayoría de ellas a cargo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Los proyectos que presentan distintos niveles de rezagos son el Programa de Agua Potable y Saneamiento; el II Programa de Agua Potable y Saneamiento; el Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Limón y el Proyecto de Recuperación de Aguas no Contabilizada.
Los rezagos están relacionados con apelaciones, rediseños de las obras, lentitud en los procesos de licitación e imprevistos que se generaron producto del Huracán Otto y la tormenta Nate.
En el desarrollo del Programa de Agua Potable y Saneamiento, la institución alega que tuvo problemas con el contratista español que estaba a cargo de las obras en el sector sur, donde se debían realizar tres colectores y además reforzar, extender y construir las redes que conectan las aguas residenciales con la tubería.
El proyecto debía finalizarse en un plazo de 18 meses, pero el contratista internacional solo avanzó 30%, según indicó a EF Manuel Salas, gerente general del AyA. Los atrasos que sufrieron los proyectos del AyA representaron un costo de $866.084 (en pago de comisiones) durante el 2017.
Otros proyectos que presentan demoras son la rehabilitación y ampliación de la ruta 32 y el Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura, que están a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Parte del rezago que vive la ampliación de los 107 kilómetros de la ruta 32 se debió a la modificación presupuestaria. Tras la aprobación del crédito del EximBank surgieron obras adicionales como puentes peatonales, marginales, aceras, ciclovías, bahías para autobuses y pasos peatonales a desnivel que se debieron presupuestar nuevamente.
Al primer semestre del año solo había avance en el traslado de servicios públicos, tala de árboles, expropiaciones y el inicio de la construcción de los nuevos puentes sobre los ríos Barbilla en Matina y Blanco en Guápiles.
Los retrasos que sufre la ampliación de la carretera Braulio Carrillo le costaron al país $20.174 en el 2017.
Mientras que el Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura es un paquete de proyectos que se financian con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Al primer semestre del año se habían utilizado el 54% de los recursos y se habían concluido algunos proyectos como: el puente sobre el Río Virilla en la ruta 147 en Lindora, el puente Alfredo González Flores sobre la ruta 1 y el acceso a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
La construcción del Arco Norte de Circunvalación, que a junio el tramo IIB ubicado en Colima de Tibás tenía un 80% de avance, es una obra en curso que también utiliza recursos de ese endeudamiento.
El porcentaje del crédito que no se ha utilizado se empleará en la construcción del puente sobre el Río Virilla en la ruta 32, los pasos a desnivel que se construirán en la rotonda de La Bandera, Las Garantías Sociales y el nuevo cruce de Guadalupe.
Estas últimas tres forman parte de las medidas para la reactivación económica que anunció el Poder Ejecutivo y se estima que concluirán en el 2020.
Si bien es cierto que la comisión de compromiso, no es un castigo y se tiene que pagar por tener los créditos disponibles, entre más lentitud exista, el país deberá continuar desembolsando sumas más altas y pagando el alto precio del rezago en la competitividad.
