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Con más pagos diferidos a corto plazo que soluciones reales en materia fiscal, Costa Rica queda debiendo en propuestas específicas para que el sector productivo enfrenten el golpe económico generado por la pandemia.
En comparación con respuestas planteadas por otras naciones, lo que hasta el momento ha aprobado el país, se queda corto. No solo porque el impacto es reducido, sino también porque el enfoque es generalizado y tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo han fallado en dar soluciones para los sectores específicos más afectados.
Así lo evidencia la una herramienta creada por EY que permite rastrear todas las leyes, reglamentos o directrices en materia impositiva en el marco de la pandemia, que se han aprobado en 140 países del mundo, desde marzo. Dentro estos países está incluido Costa Rica. La herramienta deja ver que iniciativas como la Ley de Alivio Fiscal (9830), en lugar de convertirse en una gran solución terminaron siendo iniciativas mal dirigidas.
A través de los “Tax Alert” o alertas de impuestos, la herramienta EY COVID-19 Response Tracker analiza, a nivel fiscal, cuáles medidas de estímulo se han aprobado en esos países, pero también evidencia lo que no se ha hecho.
¿Qué ha hecho Costa Rica?
Analizando las iniciativas fiscales para enfrentar el impacto económico de la pandemia y en comparación con naciones dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Costa Rica queda mal parado.
“Hemos logrado identificar que la Ley de Alivio Fiscal se nos vendió como si fuera la gran solución, pero en realidad no lo es. No tiene un enfoque particular a las industrias más golpeadas del país” resume Randall Oquendo, director regional de impuestos en EY.
Además de esto la medida propuesta por el Ejecutivo no exonera del pago de impuestos, sino que únicamente difiere estos pagos. Inicialmente el pago del IVA fue pospuesto por tres meses, lapso que se extendió por un período más. También se canceló el pago parcial del Impuesto sobre la Renta.
Sin embargo, una vez pasadas estas ventanas todos los pagos se deberán cancelar de manera completa. En la práctica, esto pone a empresas, que actualmente operan sin utilidades o que están cerradas, a cancelar los compromisos tributarios adquiridos en diciembre.
En otros de los países que recoge la herramienta, los diferimientos son mucho más amplios, en lapsos que van de los 12 a los 24 meses.
Es decir, Costa Rica no solo se quedó corto en cuanto a los incentivos, donde los sectores más golpeados no están eximidos de nada y solo vieron sus pagos atrasados, sino que, además, el plazo para cancelar las deudas es demasiado corto. La excepción es el pago del Impuesto del Valor Agregado (IVA) a los alquileres, que sí sufrió una exoneración durante la pandemia.
Actualmente, sectores como turismo, construcción y alquileres comerciales podrían recibir tratamientos especiales en el cobro del IVA. Los proyectos tienen diferentes grados de avance en el Congreso.
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El análisis de EY muestra exclusivamente las acciones de política fiscal tomadas por los distintos países, por el impacto que estas tienen en incentivar y desincentivar actividades.
Por ejemplo, un país que quiera activar el consumo en el sector turístico puede implementar políticas tributarias específicas para esa área. Este es el caso de Egipto. De acuerdo con lo recopilado por la herramienta, en ese país a todas las empresas dedicadas al turismo se les congeló el pago y el cumplimiento de cualquier impuesto hasta que pase la crisis.
Caso similar es el de Alemania. Los teutones buscaron incentivar el consumo en restaurantes bajando el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para estos establecimientos.
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El análisis deja en evidencia otro punto. Al ser el IVA es un impuesto al consumo, es decir, lo paga el consumidor final cada vez que compra un bien o un servicio, diferir el pago del impuesto significa que se le da flujo de efectivo a los negocios para que trabajen con el dinero de los contribuyentes.
Por ejemplo, una visita a un restaurante o una compra exprés sí tiene el IVA incluido, pero por la Ley de Alivio Fiscal, ese negocio no deberá de realizar el pago aún. En este caso no hay ningún beneficio para el consumidor final y el dueño del negocio podría gastar, como una forma de financiarse, el dinero de los impuestos que deberá pagar a fin de año.
“No es un incentivo real para los comercios. ¿De dónde van a sacar ese dinero?” explicó Oquendo.
Otros países han establecido medidas de eliminación de los pagos de la seguridad social en industrias específicas. Esta medida tampoco ha sido ejecutada en Costa Rica y una vez más, el Gobierno optó por un atraso en los pagos.
Sin embargo si se toma como referencia Centroamérica, la comparación es más amable.
Con el caso de Nicaragua como salvedad, país en el que no han implementado ninguna medida, las demás naciones de la región optaron por políticas similares. La mayoría prefirió diferir pagos en lugar de eliminarlos por completo, aunque fuera para sectores específicos.
Tras una revisión de todas las medidas que han implementado los países que analiza la herramienta, EY determinó que a nivel global se han dado cerca de $20 trillones en salvedades, incentivos o exoneraciones tributarias. Este número toma en cuenta, por ejemplo, las tasas de impuestos que tiene cada país y lo que significa que se dejen de pagar esos impuestos.
Ese monto es una proyección de cuánto representa en el Producto Interno Bruto (PIB) de cada país esos ahorros o estímulos que se están danto a los distintos contribuyentes.
Poco apoyo al turismo
El análisis de la herramienta deja claro que hay ejemplos de países que sí prepararon paquetes de estímulo focalizados para las industrias más golpeadas, por ejemplo, el turismo.
Este detalle en la entrega de las ayudas es importante porque la pandemia ha sido particularmente duda con algunos sectores, pero, por el contrario, ha catapultado a otros. Por ejemplo, las farmacéuticas o los servicios de venta en línea como Amazon.
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Costa Rica, sin embargo, se había mantenido sin paquetes específicos para los sectores que más sufren en el país. Actualmente, tras casi cinco meses de pandemia y de cero ingresos para el sector, apenas da los primeros pasos de apoyos específicos. El bono pyme proteger, presentado este 6 de agosto, da ¢8.500 millones para a micro, pequeñas y medianas empresas turísticas con el objetivo de sostener empleos.
“Es para un universo de 5.000 empresas y estaría ayudando al sector en medida de posible a sostener 30.000 empleos”, declaró el ministro de Turismo, Gustavo Segura. Para acceder a este dinero, las empresas deben cumplir con el criterio de ser micro, pequeña o mediana empresa y contar con declaratoria turística o de sostenibilidad turística.
En la práctica, esto se traduce en una suma de no más de ¢1,7 millones para cada empresa seleccionada. Anterior a esto, la única medida específica para el golpeado sector turístico había sido la Instituto Costarricense de Turismo (ICT) aprobó una moratoria para el pago de impuestos turísticos para los meses de abril a julio. Nuevamente, una acción que difiere el pago y de plazo corto.
Finalmente este 18 de agosto el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la ley que exonera a los servicios turísticos del pago del IVA hasta julio de 2021, cuando empezarán a pagar una tarifa reducida del 4%, que crecerá de forma escalonada.
El país tampoco ha destacado con medidas para incentivar el consumo interno de ningún tipo. Por ejemplo para el turismo local los esfuerzos se limitan a la ley que pasa los feriados de fin de semana a lunes por los próximos cuatro años y la posibilidad de acceder a créditos a Tasa Cero para pagar viajes turísticos.
Sin embargo, no son incentivos reales cuando se limitan a más deuda. Una medida para lograrlo, de acuerdo con Oquendo, podría ser suspendiendo el IVA para hoteles o restaurantes, como lo han hecho otros países.
Otro caso en esta línea es el de Noruega. Al igual que Alemania rebajó su tarifa del IVA, en este caso del del 17% al 8% apuntando a que se consuma más.
“A nosotros los consumidores que somos los que soportamos el IVA, no se nos está dando ningún incentivo para consumir. Estamos entrando a la OCDE pero no estamos tomando ninguna de las medidas que esos países están tomando”, declaró Oquendo.
La herramienta está disponible digitalmente y puede consultarla en este enlace.
