El paso lento al que avanzan el conjunto de seis proyectos de ley que conforman la agenda de ajuste fiscal negociada por el Gobierno de la República con el Fondo Monetario Internacional (FMI) empieza a encender las alarmas en el Ejecutivo y los organismos que monitorean el desempeño macroeconómico del país.
Los seis proyectos de ley forman parte del acuerdo de financiamiento por $1.778 millones. durante tres años, concertado con el FMI.
Tres iniciativas están en sus respectivas comisiones, dos ya se encuentran en el Plenario Legislativo y uno recién reinició por completo su trámite legislativo, tras un primer rechazo en comisión. Ante el atraso, el país “se queda corto en sus explicaciones” al organismo internacional para “justificar” la demora, aseguró el ministro de Hacienda, Elian Villegas, en una reciente entrevista con EF, el viernes 26 de noviembre pasado.
Para acceder al financiamiento, el país se comprometió a cumplir ciertas medidas para promover el crecimiento económico y restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas a partir del 2023. El crédito con el FMI se desembolsaría en seis tractos semestrales, previo cumplimiento de dichas medidas.
Hasta el momento, Costa Rica ya recibió el primer desembolso de unos $293 millones. Sin embargo, los otros cinco penden del avance de las reformas estructurales.
En caso de que el FMI no apruebe la primera revisión, el país no accedería al segundo desembolso, y luego se suspendería el acuerdo.
Una presión creciente
Pese a que el Poder Ejecutivo convocó la mayoría de los proyectos de ley para las sesiones extraordinarias, que iniciaron el 1.° de noviembre y culminarán el 31 de enero del 2022, el avance de dichas iniciativas requiere de un “empuje” por parte del Plenario Legislativo. Tampoco ha funcionado el una mayor presión del Gobierno al Congreso para aprobar los proyectos.
El jerarca de Hacienda comentó que es necesario avanzar en la agenda pactada con el FMI y aprobar las iniciativas de ley, relacionadas al acuerdo, en la Asamblea Legislativa.
“Estos proyectos ya tienen un año en el conocimiento de la Asamblea Legislativa. No son proyectos que nos sacamos de la manga y que presentamos anteayer, son proyectos de hace un año y que son pequeños (...) El tiempo en este momento ya no es un amigo nuestro y lo que debe hacer la Asamblea Legislativa es aprobar los proyectos y seguir adelante”, dijo Villegas.
También, el mandatario de la República, Carlos Alvarado, declaró en atención a la prensa, el viernes 26 de noviembre, que el acuerdo de ajuste fiscal con el organismo internacional “está en riesgo”, debido al poco avance de los legisladores con la agenda de reformas acordadas con el FMI para equilibrar las finanzas públicas; según consta en una noticia publicada por La Nación.
Sin embargo, los proyectos de ley vinculados al acuerdo con el Fondo se enfrentan a la reticencia de fracciones como la del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el bloque de Nueva República que han expuesto, en reiteradas ocasiones, su oposición para dar apoyo a las iniciativas que incluyen más impuestos. Estas iniciativas son una gran parte de la agenda que negoció el país con la organización internacional.
Por su parte, la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) parece ahora apoyar parte de la agenda, especialmente los planes de Renta Global Dual y la reforma del impuesto a casas de lujo. Sin embargo, la bancada ya ha mostrado problemas para votar en bloque en temas fiscales.
La OCDE, por su parte, puntualizó en su informe de perspectivas económicas, para Costa Rica, que “el estancamiento político que retrasó la aprobación de las medidas fiscales adicionales que sustentan los planes fiscales del gobierno obstaculizaría la sostenibilidad de la deuda pública, con posibles repercusiones negativas en los mercados financieros y el tipo de cambio”.
Paso lento
Seis proyectos de ley de ajuste fiscal forman parte del acuerdo con el organismo internacional:
- Ley Impuesto Especial sobre los Premios de Lotería y otros Juegos de Azar (22.354),
- Ley de Aporte Solidario y Temporal sobre la Utilidad de las Empresas Públicas (22.384),
- Ley de Impuesto sobre la Renta Global Dual (22.393),
- Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas de Capital (ahora 22.801),
- Ley de Impuesto a Inmuebles de Lujo para Uso Habitacional, Ocasional o de Recreo (22.382),
- Ley Marco de Empleo Público (21.336).
Los primeros tres proyectos de ley mencionados aún se encuentran en sus respectivas comisiones. La iniciativa 22.354 está en la de Asuntos Jurídicos, la 22.384 sigue en la de Asuntos Económicos y el expediente 22.393 continúa en la de Asuntos Hacendarios.
A las tres iniciativas ya se les venció el plazo para la presentación de dictámenes. De acuerdo con el artículo 80 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, una vez que culmina el plazo, sin que la comisión hubiese remitido el informe, “no se podrán presentar nuevas mociones de fondo y se tendrán por discutidas todas las mociones pendientes de conocimiento, las cuales se someterán a votación en forma individual. Las mociones de revisión y cualquier otra moción de orden que deba conocerse, se deberán someter a votación, sin discusión alguna”.
Cuando todas esas mociones sean votadas, las comisiones tienen que someter el proyecto a discusión y decidir si lo remiten o no para su avance al Plenario legislativo. Esto se hará hasta que el proyecto esté en conocimiento de la comisión respectiva, según el orden de su agenda.
El proyecto de Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas de Capital, que se tramitaba bajo el expediente 22.369, fue rechazado el 23 de noviembre por los diputados que integran la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo presentó una nueva versión de la iniciativa (22.801) que ahora tendrá que iniciar, de cero, su camino en la Asamblea Legislativa.
El proyecto de Ley de Impuesto a Inmuebles de Lujo para Uso Habitacional, Ocasional y de Recreo ya se encuentra en el Plenario, pero los legisladores pueden presentar nuevas propuestas de cambios a la iniciativa y luego discutirla de manera definitiva, de cara a su votación.
Por su parte, el proyecto Ley Marco de Empleo Público reinició su discusión por el fondo en la corriente legislativa y es probable que se vote en el corto plazo, pero todavía le falta camino en la Asamblea. De aprobarse nuevamente en primer debate, seguramente será remitido de nuevo a consulta de la Sala Constitucional.
“La aprobación del proyecto de ley de empleo público es fundamental para aumentar la eficiencia del gasto público y garantizar que una mayor proporción del gasto público apoye a los más vulnerables”, mencionó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe sobre perspectivas económicas, publicado este 1.° de diciembre.
Otro proyecto de ley que forma parte del acuerdo con el FMI es el de Reforma a la Ley General de Aduanas. Este expediente (22.364) no tiene un rendimiento fiscal estimado, sino que se trata de una reforma estructural del acuerdo. Ingresó en el orden del día del Plenario Legislativo el pasado 12 de noviembre y, este 23 de noviembre, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, solicitó su trámite prioritario.
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