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La criminalidad cuesta a Costa Rica un aproximado de 3,48% del Producto Interno Bruto (PIB): casi el doble de lo que representa para Canadá, Alemania, Francia o Reino Unido.
La aproximación –que implicaría un peso de $521 anuales por costarricense– proviene de unas “estimaciones conservadoras” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para América Latina y el Caribe , publicadas la semana pasada a partir de las estadísticas del 2014, que son las más recientes. (Lea el informe "Los costos del crimen y de la violencia: Nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe" aquí).
El informe estima los costos de los hogares, empresas y el Estado para prevenir y juzgar el delito, pero también el precio que representa mantener los sistemas penitenciarios y los potenciales ingresos perdidos cuando los privados de libertad dejan de trabajar.
Estos dos últimos, ligados a las crecientes tasas de encarcelamiento en el país, son también de los más altos entre los países de América Latina y el Caribe.
Sector privado gasta más
La criminalidad no solo afecta a las víctimas directas de cualquier actividad delictiva. Las personas cambian su comportamiento para evitar afectaciones o involucramientos por actividades criminales, los hogares y empresas gastan recursos para protegerse, los gobiernos asignan presupuestos para prevenirla y las víctimas enfrentan un miedo que impactan el bienestar ciudadano y , con ello, la economía de los países.
Centroamérica es una de las regiones donde el temor de los hogares y las empresas a la criminalidad provoca que el sector privado gaste mucho más de lo que que invierten sus propios gobiernos en prevenirla y juzgarla (63%). El promedio está afectado por las altas tasas de crimen en países como Honduras y El Salvador, pero el fenómeno también se replica en Costa Rica.
Se estima que 1,5% del PIB del país se gasta en la seguridad privada de empresas y hogares, y 1,41% de la producción se invierte en el gasto público para prevenir y juzgar la criminalidad.
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Esa inversión en seguridad no viene en caída: el Estado de la Nación reporta que entre el 2005 y el 2015 el personal de seguridad acreditado en el país se triplicó, la cantidad de permisos para la portación de armas de fuego se duplicó y el personal de seguridad pública aumentó 1,4 veces.
Otra pérdida importante está ligada al costo social de los homicidios (0,16% del PIB) que impactan con mucha mayor frecuencia a los hombres en plena edad productiva (entre 15 y 44 años). Es un patrón común en el mundo, pero más acentuado en la región.
No quiere decir que nuestros gobiernos gasten poco en seguridad: la proporción del gasto público ligado al crimen en América Latina y el Caribe es de casi el doble del de países desarrollados. Quizás la pregunta deba orientarse en términos de eficienca.
Costos de oportunidad
El hecho de que países con niveles similares de gasto en la lucha contra la criminalidad enfrenten tasas de homicidios disímiles sugiere ineficiencias en el gasto público. El estudio insinúa algunas de ellas, ligadas a la administración los sistemas penitenciarios.
Por ejemplo, se estima que las pérdidas de recursos en Costa Rica por privar a las personas de su libertad son mayores a las medias de Centroamérica, el Cono Sur y la Región Andina. Entre 2010 y 2014 ese costo se acercaba a un promedio de 0,28% del PIB (más de ¢140.000 millones). Otro tercio de un punto del PIB se dirige a la administración de las prisiones.
Los costos adquieren otro tono si se considera que “no está claro que (el alza en) políticas de encarcelamiento haya tenido un efecto significativo en el crimen”.
Marco Feoli, viceministro de Justicia, considera que la tendencia al alza de usar la prisión como instrumento para la condena en la mayoría de casos delictivos, termina más bien, aumentando sus costos sociales y económicos.
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“Los costos de la prisión son muy altos y es falsa la promesa de que aumentos de penas generan siempre más seguridad: solo trasladan nuevos costos al Estado (...) La cárcel no es gratuita. La mayoría de la gente que entra a la cárcel va a salir y, en estas condiciones, la gente puede salir peor”.
Concuerda con Feoli la especialista del BID en seguridad ciudadana y coordinadora del estudio, Laura Jaitman. Ella piensa que la cárcel podría inhabilitar a los delincuentes y disuadir a otros potenciales, pero afirma que las sentencias deben ser ajustarse al perfil de los delincuentes.
“Invertir en sistemas de diagnóstico de riesgos de los privados de libertad y que haya distintas opciones haría las políticas más eficientes. Incluso las penas alternativas han mostrado buenos efectos para determinados perfiles de bajo riesgo”, dice a EF.
Quizás una opción sería considerar las llamadas penas de utilidad pública para algunos delitos no violentos. Estas, en lugar de generar más cargas económicas al Estado, obligan al delincuente a hacer tareas comunales.
Un proyecto de ley en el Plenario podría permitir que, en el futuro, un décimo de la población penitenciaria pueda acogerse a este tipo de penas que, según Justicia, podrían terminar reduciendo los costos de la criminalidad.
