Todo es incertidumbre. Las cifras no están del todo refinadas, pero, incluso si lo estuvieran hoy, quizás mañana cambiarían de un solo golpe. Eso es lo único que tiene claro el Gobierno en este momento, justo cuando apunta todas sus baterías políticas a conseguir dinero para acumular liquidez que le permita cubrir sus gastos inmediatos.

Las prioridades en el equipo económico del Gabinete están claras; al menos las de cortísimo plazo. Los recursos que se logren reunir en los próximos días o semanas serán para atender la crisis sanitaria −sobre todo cuando se enfrente el pico de casos en mayo−, transferir subvenciones a los desempleados o afectados por la crisis económica y financiar el creciente gasto estatal.

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Pilar Garrido, ministra de planificación y coordinadora del equipo económico, enumeró, en entrevista con EF, los tres focos prioritarios de atención en este momento, al mismo tiempo que reconoció la imposibilidad de tener cifras exactas sobre el uso del dinero que piden a la Asamblea Legislativa.

“Desconocemos la magnitud del golpe que esta crisis le dará a la economía. Dependerá de muchos factores, como el comportamiento de la población frente a las medidas de aislamiento, así como a la recuperación en diferentes momentos de cada sector de la economía”, apuntó la jerarca.

Además de la apuesta del Ejecutivo para obtener ¢1,3 billones −3,6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB)−, otras voces en el discurso político y económico apuestan por acciones de recorte al gasto público, sobre todo en salarios; liberar ahorros como el Fondo de Capitalización Laboral (FCL); o “perdonar” el pago de mensualidades a créditos en el sistema financiero.

Cada una de estas iniciativas se reviste de complejidades porque activarlas podría beneficiar a unos grupos con el perjuicio de otros.

Lo que se sabe

Hasta ahora se sabe que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha invertido ¢27.240 millones en la atención de enfermos por el nuevo coronavirus y en la preparación de sus centros médicos ante el inminente pico de casos que se espera para la primera quincena de mayo según las estimaciones del Ministerio de Salud.

Esta parte de la inversión en salud incluye la conversión del Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare) en un hospital especializado para auxiliar a los enfermos por COVID-19.

Otro monto cercano a los ¢1.200 millones salió de las arcas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para diferentes necesidades relacionadas con la emergencia, indicó Garrido.

En el Gobierno reconocen que es difícil precisar los datos del dinero destinado hasta ahora en la atención de los casos del nuevo coronavirus, a pesar de que esa es la primera prioridad en su plan de acción.

En el siguiente renglón de urgencia se encuentra la necesidad de conseguir recursos, dinero líquido y disponible a la vista, para transferirlo a las personas que vieron afectado su ingreso salarial por el impacto económico de las medidas de aislamiento social.

De acuerdo con la ministra, se barajan tres escenarios de posible desempleo en el país: en el primero se reportarían 365.000 personas en esa condición; en el segundo, unas 565.000; y, en el menos halagador, 700.000 afectados.

Estos números, explica Garrido, incluyen tanto a población vulnerable −en pobreza y pobreza extrema−, como a grupos de personas que quedaron desempleadas por el cierre de empresas o el apagón de actividades informales, y a quienes les recortaron la jornada y el salario a la mitad.

El Gobierno prepara el paso a paso para entregar subvenciones, conocidas como dinero helicóptero, en montos de ¢225.000 a cerca de 375.000 hogares. Esos recursos saldrán inicialmente de un primer presupuesto extraordinario para redirigir recursos públicos a esta necesidad durante un periodo de tres meses.

¿Y después? Una de las alternativas que valora el Ejecutivo es la creación de un impuesto “solidario” a los salarios públicos y privados que superen el ¢1 millón con tasas que crecerían proporcionalmente.

Aunque esta es una idea en construcción y en valoración, Garrido acepta que les ayudaría a contar con más dinero para hacer transferencias a los afectados y ampliar la cobertura a más familias.

El último rubro en la línea de prioridades del Gobierno es financiar el gasto público regular, es decir, la operación de sus instituciones, lo salarios de sus empleados y el pago de la deuda pública, entre otros.

Consultada sobre la posibilidad de aplicar medidas para reducir el gasto en salarios y pluses, segundo disparador del gasto después de intereses, la ministra aceptó que “todas las opciones están sobre la mesa y en evaluación”, aunque de momento no tomarán esa ruta.

Dinero urgente

El dinero urgente para financiar estas tres prioridades vendrá de un mix de diferentes fuentes que incluyen préstamos con organismos internacionales, presupuestos extraordinarios, reasignación de recursos disponibles y el proyecto de ley Pagar.

Todo esto se enmarca en un nuevo plan bautizado por el Gobierno como “Proteger”. Esta iniciativa incluye también la titularización de utilidades del Instituto Nacional de Seguros (INS) y utilizar recursos de una contribución solidaria de las pensiones de lujo.

La búsqueda de dinero también se dará en el mercado doméstico, desde el 26 de febrero, el Ministerio de Hacienda anunció que necesitaría captar ¢1,5 billones para enfrentar sus necesidades durante el primer semestre.

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Sin duda las mayores necesidades de recursos por parte del Gobierno Central redundarán en un estrujamiento del mercado, una medida que se podría evitar si se contempla la posibilidad de emitir deuda externa por medio de eurobonos.

Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, aceptó que una parte de los recursos que se pretenden acumular para liquidez inmediata, se destinarán al gasto regular del Estado.

¿Prioridades correctas?

Nadie se cuestiona que la atención de la emergencia sanitaria debe ser la primera prioridad del Ejecutivo en este momento, aunque no existen cifras precisas o estimaciones de la inversión que esto implicará.

Pero, ¿qué pasa con los otros dos focos de atención?, ¿son los correctos?

Para Roxana Morales, economista del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA), las prioridades están bien definidas.

Las acciones de moratoria en impuestos, cambios en sistemas de aseguramiento y aplazamiento en el pago de servicios públicos ayudan, pero se quedan cortas más allá de los tres meses.

“Hay que asegurar la provisión de alimentos a la población, puede ser a través de un impulso a la producción agrícola, pero también deben dar transferencias para las personas que pasaron a tener cero ingresos o resienten una caída considerable”, apuntó la economista.

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Fernando Herrero, economista y exministro de hacienda, considera que el aumento del desempleo obliga al Gobierno a dar subvenciones.

“Es un asunto de supervivencia, eso debe complementarse con ajustes en los créditos, porque los costarricenses estamos muy endeudados y no vamos a poder pagar en esas condiciones, por ese lado −y atender la parte sanitaria− no veo alternativas simplemente hay que hacerlo y conseguir los recursos”, indicó Herrero.

Sobre la posibilidad de tomar acciones para recortar el gasto público como reducir la operación del Estado y las jornadas de los trabajadores que desempeñan funciones no esenciales, los criterios están dividos.

Morales considera que tomar una decisión en esa línea afectaría el consumo por la menor disponibilidad de recursos entre los empleados públicos y que crearía un problema para el sistema financiero por el alto nivel de endeudamiento que tiene este grupo de la población.

“Una gran parte de los endeudados son del sector público, recortar salarios implicará para muchos que no les llegue ni un colón porque los absorben las entidades. Esto podría generar una crisis de liquidez en el sistema financiero”, zanjó la economista.

Mientras que Herrero apuesta más por una reorganización del gasto público.

“Todo lo que no es esencial debe trasladarse a las nuevas prioridades (hasta cosas pequeñas como el 1.° de mayo o la publicidad), en todo el sector público. Quizás se pueden trasladar incluso los funcionarios que no estén en lo esencial hacia esas tareas”, agregó.

Sobre hacer recortes, el exministro de hacienda ve poca viabilidad por lo engorroso y complicado que resulta cerrar instituciones, programas o hacer despidos en el sector público.

Otros países como Alemania y Estados Unidos también apostaron por programas de rescate económico con subsidios directos a la población afectada por el desempleo y lo complementaron con inyecciones de liquidez a empresas que crean altos niveles de trabajo y pymes.

La amenaza del déficit

Tras un sorpresivo 7% de déficit financiero al cierre del 2019, ahora el golpe económico del coronavirus amenaza la “ruta de consolidación fiscal” planteada por el Gobierno y que se puso en marcha con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635).

La ministra de planificación indicó que si se obtienen los recursos del plan “Proteger” para enfrentar la crisis, se continúa con créditos de apoyo presupuestario y se renegocia deuda, el déficit fiscal, en su proyección más optimista, podría cerrar el año en el 6,5% de la producción nacional.

La jerarca también aceptó que la estimación más pesimista ronda el 9% del PIB. La segunda cifra parece más realista y cercana a los niveles estimados por Euroasia Group y Standar & Poor’s.

Esta última calificadora de riesgo estimó que la economía del país caerá 1,5% durante el 2020 y el déficit financiero se elevaría al 8% del PIB.

Mientras que Euroasia Group proyecta que el faltante entre ingresos y gastos más intereses llegará a un nivel de entre 9% y 10% del PIB al cierre del 2020.