EscucharEl director del OIJ, Randall Zúñiga, advierte que es muy difícil hacer proyecciones sobre lo que pasará con la situación de inseguridad de Costa Rica en cinco años, pero asegura que “no se va a dar una disminución importante en el corto plazo”.
En entrevista con EF, el jerarca de la policía judicial conversó sobre las causas de la crisis homicida que vive el país, sobre el tamaño del crimen organizado como reclutador de personal, sobre la actitud confrontativa del Poder Ejecutivo frente al Poder Judicial, y sobre la capacidad real de las instituciones públicas para frenar el deterioro.
“Esto no se va a resolver de la noche a la mañana”, subrayó.
Algunos sectores atribuyen todo el problema a la liberación de personas detenidas por parte de las autoridades judiciales. ¿Qué tan cierta es esa versión?
— Nosotros ponemos a la gente en la cárcel. Si yo te dijera la cantidad de gente que hemos puesto en la cárcel... Hace tres años no se escuchaba sobre “Tony” Peña Russell o el “Oso”. Del único que se ha escuchado desde hace tres años y que no hemos podido quitar es al tal “Diablo”. La mayoría de los delincuentes activos son nuevos. Por eso no es una idea correcta.
LEA MÁS: Homicidios y narcotráfico: ¿cómo se explica la crisis que vive Costa Rica?
¿Qué permite esa renovación de líderes y de estructuras criminales?
— Si vos vas a Guanacaste, a Limón o a la Zona Sur, entre otros lugares, prácticamente no vas a ver policías en la calle. Eso es buena parte de la problemática. Hemos visto la diferencia con la presencia reciente del OIJ en Limón. La presencia policial que implementamos fue alta y se logró bajar el número de homicidios de la provincia completa a cero en sicariato y a solo dos (en general) durante el tiempo en el que se aplicó el cambio.
Podemos seguir con el discurso de que de que si se sueltan o no se sueltan, pero yo te puedo decir que son más los que se meten a los que a los que se sueltan.
¿Es el narcotráfico una fuente de trabajo?
— Hay una publicación muy interesante del diario El País, en España, que decía que en el caso de México el narcotráfico era el quinto reclutador más importante de ese país por encima de la cadena de Oxxo, que le da trabajo a más de 170.000 mexicanos. Por eso hablamos de un problema estructural. Las personas que no terminan de estudiar, que no tienen trabajo formal, que ya crecieron, y que necesitan mantenerse de alguna forma se decantan por trabajar en cuestiones informales y una de estas, evidentemente, es el narcotráfico.
¿En Costa Rica tenemos alguna estimación de cuántas personas están siendo reclutadas?
— El último registro estadístico que recuerdo es de unos 287 grupos criminales grandes. Digamos que, con unas 20 o 25 personas por grupo, podríamos hablar de unas 7.000 u 8.000 personas. Pero hay grupos muy grandes, de 50 a 60 personas, y tendría que revisar muy bien los números. Hay bandas como las de Limón, que son bandas de 60 u 80 personas, pero hay otras bandas en Guanacaste y en otros lugares del país que a lo sumo llegan a unas 10 o 20 personas. Por eso no es tan fácil, no es tan exacto. Además, es fluctuante. Lo cierto es que sí existe una cantidad importante.
LEA MÁS: No solo mueren criminales: Víctimas colaterales aumentan y autoridades son amenazadas en Costa Rica
No estamos hablando de solo unos cientos de personas.
— No. De esas 287 bandas, nosotros ya hemos sacado de circulación más de 100. Ya no serían las 7.000 personas, seguramente sean menos, pero es alto.
Muchas bandas se se desarticulan y surgen otras.
— Eso pasa. Por ejemplo, ahora ahora en Limón se mataron dentro del un mismo grupo. No fue otro grupo que les disparó, fueron integrantes del mismo grupo que se mataron entre ellos. A veces es el mismo grupo el que se encarga de sacar de circulación a sus propios miembros. En Costa Rica, como no tenemos esa estructura militar y de respeto a las jerarquías, surgen otros que quisieran tener el puesto o las ganancias que tiene la persona que está a cargo. Es una particularidad y es una ventaja. Siempre que se genera un vacío, cuando hay mucho dinero de por medio, va a atraer a otros grupos que van a querer tomarlo.
¿Dentro del reclutamiento del crimen organizado están las labores de sicariato?
— La mayoría de personas que ahorita están siendo víctimas de homicidios también se correlacionan con los gatilleros, que son menores de edad reclutados por los grupos criminales. En los 1990 se reformó la la Ley de Justicia Penal Juvenil y entonces se incorporaron algunos delitos respecto a los menores, pero los delincuentes han aprendido de que un menor de edad muy pocas veces queda detenido o va a prisión el tiempo máximo que establece el Código Penal, por su condición de menor. Esto ya lo saben los delincuentes y se aprovechan para reclutar mano de obra barata, pagando solo un par de tenis o una camisa de marca.
Cuando escucha al presidente Rodrigo Chaves y otras autoridades culpar al Poder Judicial o hasta llamarle “defensor” de delincuentes. ¿Cómo analiza esa confrontación?
— Cuando vos ves que se trata de culpar a este o al otro, lo único que ocurre es ese efecto que a veces pasa en las familias, cuando el papá y la mamá no se ponen de acuerdo. Es una mala impresión de la que se aprovechan los hijos. Si no se nos ve unidos, con una narrativa conjunta o de cohesión, la criminalidad difícilmente va a considerar que existe una cruzada en contra de ellos, sino que más bien ve fisuras y grietas.
¿Dónde ve el mayor problema entonces?
— Cuando vemos la problemática país, de cómo llegamos a 900 homicidios, hay varios factores. Hay un debilitamiento de la capacidad policial y de crisis fiscal, que también afecta a la población. Hace cinco años decíamos que la crisis fiscal que atraviesa el país conlleva un problema de fondo que no se debe dejar de advertir.
En tiempos de constricción económica se opta por limitar o cortar los proyectos y programas sociales, así como los de prevención e investigación criminal. Si no cambiamos las condiciones actuales, el OIJ va a ser una policía totalmente incompetente en cinco años y no va a poder dar cara a los retos criminales de la actualidad, por el éxodo terrible de su personal.
Yo no te voy a negar que Costa Rica tiende hacia el garantismo, algo que a cualquiera le gustaría si le imputan un delito.
Pero nosotros, viendo las diferentes formas en las cuales los países han logrado resolver sus conflictos internos de criminalidad organizada, nos inclinamos más para el modelo italiano. En los 1990, Italia tuvo un gran problema con el tema de las mafias, que mataron magistrados, a fiscales y un montón de gente. Ellos establecieron un concepto que se llama “cárcel dura para los capos”. No podemos aspirar a una situación como la de Bukele; aquí no existe el ejército, aquí no es viable y no tenemos esa capacidad, por dicha.
Hace unos meses se publicó sobre casos de reuniones de implicados en narcotráfico con diputados y también han surgido noticias sobre investigaciones internas en el Poder Judicial por comunicaciones irregulares de funcionarios con personas investigadas. ¿Cuál es el nivel real de este problema?
— Siempre va a existir. Los grupos criminales, por manual no escrito de trabajo, van a buscar penetrar, comprar conciencias, es en lo que más gastan, solo por debajo de su propia seguridad. El segundo gasto más fuerte siempre es la compra de conciencias, sea por las buenas o por las malas; amenazando, generando temor o buscando el punto débil de las personas. La corrupción es una problemática que se tiene.
¿Tienen las autoridades la capacidad para proteger a las personas en puestos de poder de esas amenazas?
— Hay aspectos que que dificultan esto. El número de homicidios aumentó un 55% en dos años; pero la cantidad de peritos y técnicos, que son los encargados de los casos de accionamiento de armas, es la misma.
Tenemos un tope natural o legal, en la cantidad de personas que se puede tener protegiendo a alguien. Aparte de esto, la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público han generado un éxodo de personal. Solamente en cuatro años se nos han ido 370 personas, cuando lo que antes se nos iban al año eran unos siete investigadores y otros siete técnicos administrativos, aproximadamente. Es un fenómeno en aumento.
Por eso, la capacidad operativa, en términos de proteger a las personas, se ve limitada. No hay más plazas, aunque hay más amenazas, y también hay una renuncia del personal importante.
¿Por qué se dificulta la retención de personal en el OIJ?
— Nadie se va a esperar 20, 30 o 100 años para obtener un aumento de salario y, en el caso del OIJ, hay una diferencia de ¢280.000 en promedio entre lo que gana una persona con experiencia versus el salario global. Estamos hablando de que un doctor del OIJ, en promedio, gana ¢2,8 millones sin guardias, que tampoco es algo exagerado; pero resulta que el salario global de los doctores en el Poder Judicial terminó en ¢1,8 millones, exactamente igual que la Caja. Esa diferencia de ¢1 millón implica que los doctores de experiencia tengan que esperarse hasta 100 años para recibir un aumento por encima de los ¢2,8 millones; nadie va a aguantar eso.
El OIJ no puede esperar 20 o 30 años para ver los réditos de la Ley Marco de Empleo Público. Está la promesa o la ilusión de que esa ley puede generar una disminución en el gasto dentro de 20, 25 o 30 años; pero en el corto plazo el OIJ no puede aguantar, reclutando gente nueva, sin un recambio normal y perdiendo la experiencia. Hace poquito un compañero le ayudó, de buena fe, al sospechoso de haber matado a su esposa; pero es que hablamos de situaciones de inexperiencia y esto va a estar sucediendo a cada rato hasta que la gente gane esa experiencia.
En materia de armamento de los grupos criminales, ¿qué nivel de riesgo observa el OIJ al respecto?, ¿la situación está bajo control?
— Veamos el ejemplo de Linda Vista. A finales de diciembre, dos sujetos salen con una AK-47 y un arma de 9 milímetros con cargador extendido, y encañonan a dos compañeros que pasaban en carro por ahí. ¿Qué posibilidad hay de enfrentar eso con un arma de 9 milímetros?
Nosotros ahorita, con la plata que que estamos recibiendo de diferentes ingresos, como los $13 millones del ‘caso Toledo’, estamos comprando 100 AR-15 para todo el personal del OIJ, en busca de una igualdad relativa respecto a estos grupos criminales.
Hace poco salió un vídeo en el que contamos hasta 16 personas con con AK-47 y AR-15. Cuando uno ve esa capacidad de fuego, frente a lo que podemos tener nosotros, hay una diferencia importante.
Aparte de esas compras que me menciona, ¿qué más se podría hacer?
— Eventualmente habría que determinar si se puede legislar para hacer más expeditas las compras y que no se dependa de un decreto de emergencia. La solución fácil es firmar un decreto de emergencia y que se liberan las compras, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso porque no nos generaría más recursos y más bien podría afectar la imagen del país. Tampoco nos daría más personal. Se podría pensar en licitaciones más rápidas para la policía. Aquí hay que hacer todo un proceso con el Sicop (Sistema Integrado de Compras Públicas) y duramos una cantidad de tiempo increíble para poder comprar equipo.
¿Qué tipo de ligámenes tienen las bandas locales con las bandas más importantes de México y de Colombia?
— El ligamen es, básicamente, a nivel de de logística. Costa Rica pasó de ser una bodega a ser una zona de tránsito, y ahora está convirtiéndose en un centro de logística o de servicios tercerizados. Es decir, los grupos criminales ocupan que les pasen el cargamento hacia arriba, hay necesidad de combustible, hay necesidad de bodegaje, hay necesidad de comida, de pistas clandestinas, de exportación hacia Europa, y eso es lo que están realizando ahorita los grupos criminales.
Sí, hay un ligamen con Colombia y México, pero no hay un grupo criminal o una filial de un grupo criminal mexicano o colombiano aquí en Costa Rica. Siempre ha existido presencia de ellos, pero nunca permanencia.
Hace poco se habló sobre el lavado de dinero como una de las posibles causas del comportamiento a la baja del tipo de cambio en Costa Rica. ¿Cómo funciona el lavado de dinero en Costa Rica?, ¿cuáles son las principales prácticas de lavado?
— Ahorita está muy en boga que estos grupos criminales diversifiquen su portafolio de inversiones. En los últimos casos que hemos tenido de allanamientos grandes, estos grupos habían invertido en centros comerciales, en construcciones, en apartamentos, en diferentes negocios. Hemos visto inversiones en actividades avícolas, agrícolas y hasta en lotería. Buscan alguna forma tener alguna legitimación de la actividad que hacen. Es evidente que el narcotráfico es una algo muy visual, y entonces tratan de hacerse pasar por algún tipo de empresario que quisiera invertir a nivel nacional.
¿Cuánto le tomará al país recuperarse de esta ola de violencia?
— Esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Si se espera y si se apuesta a que todo lo va a resolver la policía, eso no va a pasar; se ocupa la presencia policial para disminuir las acciones delictivas, pero también se ocupa una reactivación económica, que permita a la gente trabajar sin preocupación y que se pueda mantener a los niños y a las niñas en la escuela.
Si todo se mantiene como hasta ahora, ¿cómo ve a Costa Rica en cinco años?
— Por dicha se está dando un aplanamiento de la curva. Veníamos de una espiral exponencial de los homicidios y todos los esfuerzos que hemos hecho apenas nos ha servido para mantener la misma cantidad de homicidios con respecto al año pasado.
Hacerte una proyección de cinco años es muy difícil, pero te puedo decir que no se va a dar una disminución importante en el corto plazo. No hemos visto las acciones necesarias para eso. Si una persona engorda y pasa de 65 kilos a 90 kilos en un año, imagínese cuánto le va a costar adelgazar. Nosotros pasamos de 654 homicidios a más de 900.
Se han hecho esfuerzos, no voy a ser mezquino; pero apenas alcanza para aplanar la curva.
¿Por qué habla tanto sobre le necesidad de que mejoren las condiciones económicas y la inversión social?
— ¿Vos recordás que en la década de los años 1980 Costa Rica vivió una gran crisis fiscal? Bueno, mucha gente se quedó sin trabajo, hubo muchas dificultades y hubo un proceso de recuperación bastante importante. En esa época de recuperación, en los años 1990, salieron los famosos “chapulines”. Ellos venían de barriadas muy pobres, que tenían un nexo común, un cierto rechazo o estigma social, y eso les daba un tipo de pertenencia. Después vinieron los “Teletubbies” en los 2000. En la actualidad, con todo ese tema que estamos viendo de sicariato de menores, hay un paralelismo importante.
Si no se mejora la educación y la oferta de trabajos formales, esto va a continuar. Cuando usted tiene zonas descuidadas o abandonadas a nivel social, jóvenes que no siguen en la escuela o en el colegio, sin programas de interés social, y si no hay trabajo formal, surgen los problemas. Todo eso genera algo que de pronto los políticos no ven, pero nosotros sí vemos: el surgimiento y la exportación de bandas criminales que surgen de esas zonas. El hecho de que usted no atienda a una provincia, por los motivos que sean, termina generando un impacto en las otras provincias.
