Los tres bastiones que apoyaron al líder sandinista y presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ahora lo abandonan para buscar la paz.
Nicaragua está sumida en la peor crisis social y política de su historia reciente. Las protestas para exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega y las acciones represivas de la Policía Nacional desataron una escalada de violencia.
Los datos son contradictorios. Las organizaciones de derechos humanos contabilizan más de 215 muertos y 5.000 heridos, mientras que el Gobierno de Nicaragua defiende que la cifra de fallecidos apenas alcanza los 46.
El país vive en un estado de "guerra silenciosa". Después de las 6:00 p.m. las calles de las principales ciudades permanecen desoladas y se convierten en territorio de patrulleros armados de la Policía y la Juventud Sandinista quienes salen a disparar al aire durante las noches.
Una convulsa mesa de diálogo, mediada por la Iglesia católica con la participación de organizaciones sociales -conformadas por estudiantes, ciudadanos y activistas- y representantes del gobierno de Ortega, busca la paz en condiciones poco definidas.
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Los ciudadanos le exigen a Daniel Ortega que rinda cuentas ante organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE). El mandatario dio largas para cumplir con estas condiciones de forma transparente y por eso el diálogo está roto.
Todo empezó el 18 de abril cuando una pequeña protesta de estudiantes universitarios detonó una gran crisis. Los manifestantes reprochaban al gobierno de Ortega una serie de reformas al Seguro Social que afectarían a miles de trabajadores y pensionados.
Esa manifestación pacífica fue irrumpida con violencia por activistas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Ese fue el punto de quiebre.
En el camino Ortega quedó solo, poco a poco, y perdió el apoyo de los grupos de poder que han estado cerca de gobierno en esta su segunda ascensión al poder. Los empresarios privados, la Iglesia católica y el mismo Ejército decidieron desmarcarse del Presidente.
Rechazo empresarial
Los empresarios fueron los primeros en darle la espalda a Ortega en medio de la crisis.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), fue el encargado de romper la "relación de consenso" que mantuvo esta élite con el gobierno de Daniel Ortega.
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Tras el inicio de las protestas y las medidas represivas que puso en marcha el Gobierno con la ayuda de la Juventud Sandinista, la Policía y otros grupos calificados como paramilitares, los empresarios asumieron una posición crítica.
Aguerri declaró a la revista The Economist que los disturbios de los últimos dos meses en las calles de Nicaragua le han costado al país $600 millones. El jerarca del Cosep también se alejó del Gobierno y criticó la violencia desatada por los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
El líder de la cúpula empresarial -el Cosep agrupa a las cámaras y asociaciones de empresas privadas más importantes- también decidió renunciar, el pasado 25 de mayo, a los cargos que ocupaba en las juntas directivas del Banco Central de Nicaragua (BCN) y de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI).
Este golpe de timón en la élite empresarial de Nicaragua fue respaldado por figuras importantes. Carlos Pellas, presidente de Grupo Pellas y el hombre más rico del país, aseguró que se deben adelantar las elecciones presidenciales para poner fin a la crisis.
En una entrevista concedida al diario La Prensa, el empresario más reconocido de Nicaragua aseveró que es necesario encontrar una salida ordenada y constitucional para adelantar las elecciones y elegir a un nuevo gobierno en un proceso libre y transparente.
Otra voz de peso dentro del sector empresarial que secundó a Pellas, es la de Piero Coen, presidente de Grupo Coen, quien respalda la exigencia de un cambio de gobierno que viene desde la ciudadanía.
Coen, el segundo empresario más emblemático de Nicaragua, declaró a El Confidencial, que es momento de resolver la crisis sin que se pierdan más vidas y sin que las personas tengan que migrar hacia otras naciones centroamericanas.
Ortega cosechó una firme y cercana relación con los empresarios del país desde su regreso al poder en 2007, cuando se estableció una "relación de consenso" en que la que ambos bandos negociaban y pactaban directamente las grandes decisiones económicas en Nicaragua.
Desde entonces, el líder del FSLN se ha perpetuado en el mandato presidencial por tres periodos y prepara el camino para instaurar un régimen familiar con sus hijos.
El gobernante Ortega fue uno de los protagonistas de la Revolución Sandinista de 1979 que culminó con la caída de Anastasio Somoza Debayle -tercer presidente de la dinastía Somoza-.
Una rabieta evangélica
Otro de los bastiones que estuvo cercano al poder de Ortega fue la Iglesia católica. Sin embargo, la oleada de violencia y la represión de la Policía Nacional provocó una ruptura en esta larga relación político-religiosa.
El excadernal cabeza de la Iglesia católica de Nicaragua, Miguel Obando y Bravo, fue un controvertido líder que en los últimos años mantuvo una cercanía con Ortega.
Aunque primero criticó con fuerza la dictadura militar de Anastasio Somoza y luego la Revolución Sandinista, en el 2007 avaló el regreso de Ortega al poder y aceptó un cargo en la comisión de reconciliación como una señal de "buenos oficios" en pro del gobierno del exguerrillero.
El pasado 3 de junio, Obando falleció y el nuevo jerarca de la Iglesia católica en Nicaragua, el arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal, Leopoldo Brenes, cambió el rumbo de la relación con el desgastado gobierno de Ortega.
El prelado anunció que cuatro obispos fungirían como mediadores en la mesa de diálogo que se instauró para buscar una salida pacífica a la crisis. En esta mesa participan la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia (grupo de ciudadanos y estudiantes) y el Gobierno.
La Conferencia Episcopal abrió tres mesas de trabajo dentro de la mesa de diálogo para negociar en diferentes áreas temáticas. Uno de los acuerdos clave para que la discusión continúe es que el gobierno de Ortega enviara cartas de invitación a la CIDH, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la UE para que visiten el país.
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El gobierno de Ortega ya envió las cartas a estas organizaciones internacionales y ahora se espera el arribo de las delegaciones en los próximos días con el fin de observar el clima social, los enfrentamientos y la situación de los derechos humanos en ese país.
La hoja de ruta propuesta por los obispos para salir de la crisis también incluye la celebración de elecciones anticipadas el 31 de marzo del 2019, la renuncia de miembros del Poder Electoral y una nueva ley de partidos políticos.
Estas iniciativas no cayeron bien dentro del gobierno de Daniel Ortega, y por esa razón, el mandatario y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, decidieron invitar al país al presidente de la iglesia evangélica Ministerio Clamor de Dios Internacional, el puertorriqueño, Jorge Raschke.
El evangelista defendió el gobierno de Ortega, le dio su bendición y recomendó al mandatario "pedir perdón" por los errores cometidos.
El guante fantasma
El Ejército de Nicaragua también se desmarcó desde el inicio y aseguró que no empuñará las armas a favor de ninguno de los dos bandos: ni el Gobierno ni los manifestantes ciudadanos.
El portavoz del Ejército, coronel Manuel Guevara, externó que están a favor del diálogo como la única vía para superar el conflicto social.
En abril del 2016, el Ejército nicaragüense compró 50 tanques rusos como parte de una inversión de $80 millones en armas. Esa acción preocupó al Gobierno de Costa Rica en su momento.
Nicaragua es un país con amplio arraigo militar, por esa razón la intervención del Ejército para frenar los enfrentamientos armados entre los manifestantes, la Policía Nacional, la Juventud Sandinista y los grupos paramilitares empeoraría la crisis.
El comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, se ha mantenido en silencio y no ha emitido mensajes a favor de Ortega.
En redes sociales circulan videos y denuncias de ciudadanos que captaron en imágenes a presuntos francotiradores, algunos de ellos con uniformes o con distintivos del Ejército.
Las organizaciones de derechos humanos de Nicaragua señalan a los francotiradores como los responsables de la mayoría de muertes en las protestas.
Algunas voces apuntan a que el Ejército no interviene directamente en favor de Ortega, pero destina recursos de forma clandestina como una especia de "guante fantasma", aunque no existen pruebas contundentes para sostener esas acusaciones.
Desgaste con el ALBA
Ortega no solo ha perdido apoyo en el interior de Nicaragua, sus alianzas con otros regímenes también se han debilitado. La crisis económica y política en la que vive Venezuela desencadenó un resquebrajamiento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
Este bloque fundado en 2004 y que integra a países del Caribe, Centroamérica y Suramérica con doctrina de izquierda, fue impulsado por el expresidente venezolano Hugo Chávez.
Nicaragua es una de las naciones que forma parte del ALBA y que durante muchos años recibió recursos de cooperación de Cuba y Venezuela, principalmente cuando este país suramericano gozó de las bonanzas de los altos precios internacionales del petróleo.
Sin embargo, la relación entre Ortega y Nicolás Maduro, sucesor de Chávez, se resquebraja.
El pasado 23 de febrero, el gobierno de Nicaragua se abstuvo de votar en contra de una resolución de la OEA que rechazaba las elecciones en Venezuela.
Nicaragua también fue el último país del ALBA que emitió un pronunciamiento en contra del veto que impuso la OEA para que Venezuela no asistiera a la Cumbre de las Américas que se celebró en Perú el 13 y 14 de abril.
El panorama en Nicaragua es complejo. A medida que la crisis aumenta, los aliados de Daniel Ortega se alejan poco a poco de él.
Un desgastado gobierno nicaragüense lucha por preservar su continuidad, mientras un gran sector del país le exige dimitir como la única condición para reactivar la paz social.
