EscucharLa narcopolítica —la influencia del narcotráfico en las decisiones del poder— es una sombra constante en América Latina. Es una consecuencia lógica: infiltrar la política les permite a los grupos delictivos operar con mayor libertad, evitar la confrontación directa con el Estado y hasta encontrar espacios para lavar su dinero.
México y Colombia son los casos más notorios de este fenómeno; sin embargo, la actividad del narco en la política se replica en otros países de la región, ya sea porque también producen grandes cantidades de droga o porque cumplen un papel estratégico en cuanto a su exportación.
Costa Rica forma parte de ese segundo grupo. En 2023 las autoridades de Estados Unidos describieron al país como ”un punto clave en el tráfico internacional de narcóticos” y “el principal punto de trasbordo de cocaína” producida en América del Sur.
Las autoridades costarricenses niegan que exista una captura institucional del Estado por parte del narcotráfico, al menos por ahora. Pero en los últimos meses se han multiplicado los expedientes, las publicaciones y las investigaciones que involucran a políticos y funcionarios públicos con organizaciones o personas relacionadas a actos de crimen organizado.
En julio estalló el caso más llamativo de todos. Las autoridades del OIJ detuvieron a Celso Gamboa Sánchez, por solicitud de extradición a Estados Unidos. Gamboa fue jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), ministro de Seguridad Pública y hasta magistrado en la Sala de Casación Penal —que, entre otras funciones, se encarga de juzgar a los más altos funcionarios del Estado—; pero ahora es acusado de tráfico internacional de drogas en un juzgado de Texas.
La narcopolítica siempre ha sido una amenaza para Costa Rica, pero ahora más que nunca. ¿Se cruzó una línea?
Causas lógicas
El narcotráfico busca influir en la política y en el sistema judicial de los países en los que actúa porque quiere “imponerse y crear gobernanza”. Así lo resumió la criminóloga y experta en crimen organizado, Tania Molina.
Esa gobernanza le permite a los grupos delictivos operar sin tener que enfrentarse directamente con las fuerzas del Estado y eso, a su vez, pasar desapercibidos o llamar en menor medida la atención.
Pero la cercanía con el poder también tiene otros fines. Por ejemplo, puede ser adecuada para bloquear leyes o impedir que se apliquen correctamente; para cambiar el destino de procesos judiciales de interés; o hasta para acceder a licitaciones públicas y otras contrataciones estatales que sirven para lavar dinero.
Esta última es una de las razones principales de la narcopolítica, según explicó Molina, quien recordó que “el crimen organizado es un modelo económico” y, por tanto, opera como tal: defiende sus intereses y los promueve de la misma forma que lo haría un negocio legítimo, aunque sin la publicidad de las empresas formales.
“Ellos pretenden insertarse en la política pública y, si pueden insertarse en procesos licitatorios de carreteras, de puertos, de asuntos con manejos de parques nacionales, marítimos o logísticos, van a estar mucho más conformes (...) Las nuevas lógicas del crimen organizado buscan ingresar a la política para crear o bloquear”, explicó.
Esa puja por poder ya ocurre en Costa Rica, en donde el crimen organizado busca colocar sus fichas y comprar consciencias. Así lo reconoció el propio director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, quien considera que el país sigue lejos de operar como un narcoestado y que el crimen organizado sigue lejos de controlar la institucionalidad pública, pero que ese es un riesgo latente.
Zúñiga dice que todavía “no hay una sistematización” de la actividad del narco en la política o en las altas esferas de poder del país, como ocurre en otras jurisdicciones. Pero sí reconoce que los grupos criminales “están intentando” activamente lograr ese objetivo y que el Estado costarricense no está invirtiendo lo suficiente para frenarles.
Por eso, el jefe del OIJ lanza una advertencia: “Si no se hace nada para contenerlo, eso va a pasar”.
¿Se puede revertir?
Zúñiga dice que una sistematización de la narcopolítica podría ocurrir “si no se hace nada”. Entonces, surge otra gran interrogante: ¿es reversible la influencia del narco en la política costarricense?
Tanto Molina como Zúñiga consideran que sí, pero también dicen que en el país está haciendo poco en ese sentido.
La criminóloga señaló la urgencia de políticas anticorrupción más agresivas, de fortalecer los sistemas de pesos y contrapesos del Estado, y de garantizar la máxima transparencia en los procesos públicos; mientras que el director del OIJ apuntó a la necesidad de invertir más dinero en la prevención y el ataque a la criminalidad, así como en darle más herramientas a las policías.
En ese sentido, Zúñiga considera que el gobierno del presidente Rodrigo Chaves no ha tenido el impulso suficiente. Entre otras cuestiones, le recrimina que ha rechazado asignar recursos para aumentar plazas en el OIJ y otros cuerpos policiales, incluso a pesar de que ya contaban con autorización presupuestaria legislativa. Compara esa actitud con la de una persona que ve una gotera en el techo y entonces decide que quiere repararla impulsando una ley para que no llueva. “Eso no va a servir”, dijo, “la gotera se tiene que tapar”.
La Asamblea Legislativa aprobó en mayo pasado una reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales requeridos por tráfico de drogas o terrorismo en el extranjero. Se trata de una modificación relevante, según los especialistas; sin embargo, advierten que no es suficiente por sí sola.
Por el contrario, Zúñiga y Molina explicaron que es probable que los grupos criminales sigan operando sin miedo a la ley y que sus eventuales padrinos políticos o judiciales, aunque podrían asustarse inicialmente, únicamente terminen optando por seguir colaborando, pero con más cautela. A fin de cuentas, recordó la segunda, el narco cuenta con recursos casi infinitos para la compra de voluntades, al igual que otras formas criminales.
“Inicialmente veremos un parón, pero luego los grupos criminales van a entender cómo es la dinámica y van a tratar de evitar verse expuestos”, opinó el director del OIJ, quien ve en el caso de Celso Gamboa como “una novatada” criminal que seguramente no se repetirá muchas otras veces. “Que él mismo haya sido el que fue a negociar es algo impensable, pero sucedió, y probablemente lo que va a pasar ahora es que se van a cuidar un poquito más”.
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Un caso histórico
Para la criminóloga Molina, la captura y solicitud de extradición de Celso Gamboa es un asunto “histórico” y “dramático” para Costa Rica, por los cargos que ostentó dentro del Estado.
La mera posibilidad de que haya actuado influido por el narcotráfico, dijo, es “un nivel de cooptación al que no estamos acostumbrados”.
En el traslado de cargos contra Gamboa por parte de la Fiscalía en Estados Unidos se le acusa de conspirar para la fabricación y distribución de cocaína a distintos puntos del continente americano, y se dice que sus operaciones habrían iniciado en 2017 o cerca de esa fecha.
Sin embargo, el OIJ dice que la supuesta actividad criminal de Gamboa que tiene acreditada en cuestiones de narcotráfico habría empezado hasta 2020, cuando empezó a colaborar como abogado de grupos delictivos.
Más allá de eso, el investigador de Estudios Latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, Evan Ellis, aseguró en un reciente análisis sobre Costa Rica que el caso de Gamboa no solo “pone de manifiesto cómo la corrupción ha llegado a los niveles más altos”, sino que “ha generado dudas sobre la integridad de sus operaciones y de quienes trabajaron junto a él durante su extensa trayectoria”. Eso incluye a funcionarios actuales del Poder Ejecutivo y del Judicial.
Según el académico, se trata de un fenómeno fácil de entender. Conforme la actividad del narcotráfico ha ido creciendo en Costa Rica, eso ha alimentado la corrupción dentro de las instituciones locales, a pesar de que han sido “tradicionalmente robustas”.
Algo similar publicó la fundación Insight Crime, en un análisis sobre el caso de Gamboa. Indicó que esa intensificación de los esfuerzos por establecer alianzas responde a “un rol cada vez más central” de Costa Rica como zona de tránsito de la droga y que le permite a los grupos criminales “consolidar rutas y capacidad logística, volviéndose más sofisticados y poderosos” por los nexos en sí mismos y por las nuevas conexiones que van surgiendo a partir de ellos.
Otros casos recientes
Además del caso de Gamboa, la prensa ha documentado otros casos de los más variados.
Por ejemplo, los hallazgos judiciales sobre transferencias que habría recibido el exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana, Óscar Cascante por parte de sospechosos de narcotráfico que buscaban desarrollar proyectos de vivienda social; o las gestiones que habría hecho el exalcalde de Corredores, Carlos Viales Fallas, para construir puentes con fondos públicos en una propiedad privada ligada a un presunto líder narco.
Ambas situaciones habrían ocurrido cuando ellos estaban en sus cargos.
Cascante ya fue acusado con solicitud de apertura a juicio por tráfico de influencias, mientras que Viales tiene una causa abierta por peculado en trámite de investigación, según confirmó la Fiscalía.
Asimismo, los medios también documentaron las renuncias de Braulio Venegas y Juan Ignacio Rodríguez (este último solo siete días después de ser nombrado en el cargo). Ellos dejaron sus puestos como presidentes ejecutivos del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) durante la actual administración, luego de publicaciones de la prensa que los relacionaron con personas investigadas por narcotráfico y lavado de dinero. En el caso de Rodríguez, él ha rechazado cualquier acción indebida y la Fiscalía no ha anunciado la presentación de ningún cargo en su contra.
Todo eso se suma a la penetración del narco en las fuerzas policiales y judiciales, que es abiertamente reconocida por los jerarcas de ambos grupos.
Las autoridades policiales admiten la existencia de fugas de información, casos de funcionarios judiciales detenidos por colaborar con grupos criminales y hasta renuncias de otros que luego terminan asesorando a quienes antes investigaban.
No son la mayoría ni están cerca de serlo, según Zúñiga; pero son situaciones que pasan.
Los casos antes mencionados son relativamente recientes. Sin embargo, en el pasado también ha habido altos funcionarios vinculados y hasta condenados por cuestiones relacionadas con el narco. Por ejemplo, han tenido que pasar por la cárcel el exdirector policial José Fabio Pizarro y el expresidente del BCIE, Ricardo Alem, quienes incluso han caído escoltando o portando drogas luego de dejar sus cargos.
Cuestionamientos al gobierno
Por otra parte, el actual gobierno también ha sido duramente cuestionado por sus acciones frente al narcotráfico.
Una publicación del diario El Universal de México en 2023, por ejemplo, denunció una supuesta negociación del gobierno costarricense “con redes mafiosas costarricenses, ligadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación”, para “reducir la creciente violencia callejera y exhibir el fracaso de la seguridad a cambio de proseguir con el narcotráfico”. El artículo se basa en su mayoría en fuentes anónimas que supuestamente tuvieron “acceso privilegiado” a “los escenarios secretos de seguridad, crimen organizado y justicia”.
El presidente Chaves calificó aquel artículo como una “patraña absurda”, pero desde entonces no han dejado de sumarse las críticas.
Más tarde, los diputados de oposición de la Asamblea Legislativa aprobaron una moción para investigar los supuestos nexos entre el gobierno actual y el crimen organizado, cuya necesidad fundamentaron en las publicaciones de medios internacionales y en disconformidades con otras decisiones en materia de seguridad tomadas durante esta administración, que creían cuestionables.
Entre esas decisiones, citaron el retiro de los agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) de los puestos de aduanas en aeropuertos, puertos y puestos fronterizos; y el traslado de la Academia Nacional de Guardacostas de Quepos a Pococí, a 103 kilómetros de la costa más cercana.
Y más recientemente, el gobierno también salió salpicado por el caso de Celso Gamboa. En uno de los reportes de esa investigación por parte de autoridades estadounidenses, se lee que el abogado habría dicho a otros investigados que disponía de facilidades por parte del gobierno para el trasiego de sustancias ilícitas. El registro data de setiembre de 2023.
El presidente Rodrigo Chaves y su ministro de Seguridad, Mario Zamora, siempre han rechazado cualquier ligamen con el narcotráfico, alegando que los cuestionamientos responden a mentiras y rivalidades políticas. “Nos acusan de narcogobierno porque no pueden tumbarme con hechos”, había dicho el presidente en julio pasado, durante uno de sus actos públicos de todos los miércoles.
Pero las controversias no se han detenido y la última fue este mismo mes de agosto.
El Ministerio Público dio a conocer que la Fiscalía abrió una causa penal contra el actual viceministro de Seguridad Pública, Manuel Jiménez Steller, por el presunto delito de procuración de impunidad.
Jiménez fue fiscal adjunto de Limón y, en febrero de 2022, solicitó sobreseer a seis personas que aparentemente estaban involucradas con la banda narco conocida como ‘La H’, y que habían sido llevadas a los tribunales ante el hallazgo de una lancha con más de dos toneladas de cocaína.
Ese caso está en investigación y el jerarca sigue en su puesto. Alega que actuó apegado a las pruebas que vio en el momento.
Suma de señales
La suma de casos y cuestionamientos, según Zúñiga, evidencia que el narco se está moviendo para influir en esferas de poder.
Según dice, por ahora es solo un intento y no un control real de las instituciones, y eso se ve reflejado en las investigaciones y en que un funcionario como Celso Gamboa terminó siendo destituido como magistrado en 2018, cuando apenas se le vinculaba con el caso popularmente conocido como el ‘Cementazo’ y no con acciones de narcotráfico.
Molina, sin embargo, piensa que todas las señales recientes deben leerse como una advertencia: “si en la mayoría de países de América Latina hemos visto la narcopolítica, ¿por qué no iba o no va a suceder en el país?”, señaló.
Además, recordó que el narco es “poliamoroso” y busca influenciar a todas las figuras posibles, en todos los campos posibles, de modo que llegue un momento en el que no necesite hacer mayores esfuerzos a pesar de los virajes políticos del lugar. Todo esto, dijo, complejiza aún más la situación.
Más allá de las líneas que se hayan o no se hayan cruzado, el narco sigue caminando y lo hace con fuerza.
