EscucharCon 31 de 57 curules en la Asamblea Legislativa, el gobierno de la presidenta electa Laura Fernández llegará al Congreso con un nivel de poder que Costa Rica no veía desde finales del siglo pasado. Por primera vez en décadas, el oficialismo contará con una mayoría propia, sin el principal argumento que marcó los últimos años de confrontación política: la fragmentación parlamentaria.
La nueva correlación de fuerzas promete una gobernabilidad mucho más clara, pero también concentra el poder en manos del chavismo, estrecha los márgenes del control político por parte de la oposición y vuelve más probable que parte de la disputa se traslade fuera de Cuesta de Moras, hacia la Sala Constitucional o incluso a las calles.
El Partido Pueblo Soberano (PPSO) podrá aprobar proyectos ordinarios, dominar el Directorio legislativo y controlar las comisiones clave, incluidas las que controlan el gasto público y el presupuesto.
En contraste, la oposición llegará más reducida y concentrada, con 17 curules para Liberación Nacional, siete para el Frente Amplio y dos que se dividirán entre la Coalición Agenda Ciudadana y el Partido Unidad Social Cristiana.
El resultado anticipa un giro profundo en la forma de gobernar y confrontar al poder: habría menos excusas para el Poder Ejecutivo, menos herramientas para la oposición y un escenario político donde las responsabilidades estarían más claramente delimitadas.
Se trata de un cambio de ciclo: de un Congreso fragmentado a uno de mayor concentración.
Dominio oficialista
Las últimas elecciones legislativas rompieron un ciclo de congresos fragmentados y le devolvieron al oficialismo el control de la Asamblea Legislativa.
No será un control irrestricto, pero sí un control al fin.
El oficialismo no obtuvo las 40 diputaciones que quería para llevar adelante reformas de gran calado como una nueva Asamblea Constituyente; pero sí consiguió 31 curules, suficientes para asegurar mayoría simple y retomar la agenda económica inconclusa de Rodrigo Chaves y otras reformas estructurales.
En materia de agenda ordinaria, el gobierno podrá aprobar proyectos comunes y presupuestos sin depender de ninguna otra fracción, una condición inédita en los últimos períodos.
En materia de control político, dominará el Directorio legislativo y las comisiones, lo cual le permitirá definir agendas prioritarias y limitar investigaciones e interpelaciones a jerarcas que fueron frecuentes en los últimos cuatrienios y revelaron informaciones sensibles sobre todo tipo de casos de interés público.
Se trata de un panorama casi inmejorable para la nueva administración que, aunque no podrá reformar la Constitución Política o aprobar por sí sola la reelección presidencial consecutiva, sí tendrá el músculo político que necesita para ganar batallas clave, incluso nombramientos de altos jerarcas.
El nuevo gobierno no tendrá los 38 votos necesarios para destituir a los magistrados del Poder Judicial y otros altos mandos. Pero sí tendrá los votos suficientes para elegir a los reemplazos de la contralora general y la defensora de los habitantes, cuyos nombramientos se vencen en los próximos cuatro años y no disponen de reelección automática como los altos jueces.
Laura Fernández será la séptima presidenta desde el inicio de la Segunda República que tendrá mayoría en el Congreso y será la primera en los últimos 30 años. Antes que ella, solo habían gozado de esa ventaja José Figueres (en dos administraciones), Francisco Orlich, José Joaquín Trejos, Luis Alberto Monge, Óscar Arias y Rafael Ángel Calderón.
La llegada del multipartidismo, a partir de los años 2000, parecía haber acabado con esa posibilidad. Sin embargo, Laura Fernández y el chavismo lograron construir una narrativa exitosa para concentrar más poder, presentándose como una fuerza de cambio frente al resto de agrupaciones políticas, a las que retrataron como un obstáculo para impulsar grandes reformas durante su primer mandato.
Desarme parcial
Del otro lado de la acera, que el oficialismo tenga mayoría en el Congreso implicará una suerte de desarme parcial para las fuerzas de oposición.
En las últimas conformaciones de la Asamblea Legislativa, la oposición siempre había sido más numerosa y eso le había permitido forzar consensos, bloquear proyectos e impulsar investigaciones de forma constante, donde las personas cuestionadas tenían que declarar bajo juramento.
Ese escenario cambiará a partir del próximo 1.° de mayo, con el nuevo dominio del gobierno.
Los partidos opositores solo podrán frenar al Poder Ejecutivo en aquellas decisiones que requieren 38 o más votos; por ejemplo, las reformas constitucionales, las destituciones de magistrados, el levantamiento de garantías individuales, las iniciativas que afecten el funcionamiento de otros Poderes de la República, o la aprobación de créditos internacionales.
En ese sentido, la oposición tendrá que jugar sus cartas con sabiduría, para no alimentar nuevas narrativas obstruccionistas ni ceder más allá de lo que realmente desea.
En ese sentido, Álvaro Ramos anticipó que el PLN será una oposición “constructiva”. El candidato presidencial por el PLN aseguró en su discurso de aceptación de la derrota que su bancada apoyará al Poder Ejecutivo en aquellas cuestiones que consideren beneficiosas para el país, pero que no respaldarán “cosas indebidas” o contrarias a las convicciones verdiblancas.
“En democracia se vale disentir y criticar”, dijo, “y también demostraremos que podemos cumplir los acuerdos”.
A pesar de ser minoría, la oposición conservará una herramienta clave: el control de constitucionalidad.
Cualquier proyecto de ley que quiera impulsar el Poder Ejecutivo podrá ser enviado a consulta de la Sala Constitucional, para descartar problemas de forma o de fondo, con la firma de solamente 10 congresistas.
Una gran interrogante, por otra parte, es si la reducción de los espacios para el control político en la Asamblea —producto de la pérdida de peso en comisiones y en el Plenario legislativo— trasladará parte del conflicto político a las calles o a los espacios virtuales.
Esa es una posibilidad que ya mencionaron Claudia Dobles y Ariel Robles, después de quedar como tercera y cuarto contendiente por la presidencia en el escrutinio provisional.
La candidata de Agenda Ciudadana —y ahora diputada electa— aseguró que ella y su tendencia acudirán a la calle “de ser necesario”; mientras que el candidato del Frente Amplio le dijo a sus votantes que las ideas que se defienden en las urnas también se defienden “con más fuerza” en el espacio público.
El análisis vertido en este artículo se basa en los resultados del 1.° de febrero, pero pueden variar con el paso del tiempo. Solo en los últimos cuatro años, ocho diputados se declararon independientes de las fracciones por las que fueron electos, un riesgo latente para las bancadas entrantes que podría alterar el equilibrio de fuerzas con el paso del tiempo.
Nuevos cálculos
La situación es favorable para el gobierno, pero no estará exenta de dificultades.
El mayor peso en el Congreso le permitirá avanzar con su agenda, pero deberá decidir qué priorizar y cómo gestionar a una oposición que aún podría ser decisiva en proyectos complejos y cuya actitud podría hacer más fácil, o más hostil, la narrativa pública.
Si bien el gobierno tendrá vía libre para proyectos ordinarios en áreas como la seguridad pública o la política fiscal, el Ejecutivo también aspira a impulsar reformas institucionales, quiere abrir el mercado eléctrico e incluso pretende vender el Banco de Costa Rica (BCR), para lo cual podría requerir de más de 38 votos.
En ese sentido, el coordinador del Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica (OPNA-UCR), Rotsay Rosales, recordó que muchos de esos proyectos tenían alta viabilidad al inicio de la administración de Rodrigo Chaves; pero fueron sus actitudes las que frenaron su avance.
“Muchas de las iniciativas actuales son las mismas que planteó Chaves, pero terminaron fracasando por las señales de confrontación y hostilidad del presidente (...) Ahora mucho también dependerá de cuánto pueda o quiera hacer diferente el gobierno y del liderazgo que pueda tener Laura Fernández”.
En ese contexto también podría ser fundamental la designación del próximo nexo de la Presidencia con la Asamblea Legislativa. Podría servir para tender puentes o para destruirlos, dependiendo del perfil.
Fernández ha ofrecido en varias ocasiones el puesto de ministro de la Presidencia al actual mandatario Rodrigo Chaves; sin embargo, aún no ha respondido, al menos públicamente.
Para Ronald Alfaro, politólogo del centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR), el Gobierno tendrá la posibilidad de satisfacer a algunos sectores sociales y productivos, pero también asumirá una mayor responsabilidad sobre la insatisfacción de otros: un punto clave para entender el cambio de contexto.
“Ya no tendrá la excusa de que son los demás los que no lo dejan y eso implicará escoger muy bien las batallas, negociar para las cuestiones de mayor profundidad y aprovechar la condición de privilegio”, subrayó.
El reto: cumplir
Durante los últimos cuatro años, el presidente Rodrigo Chaves calificó a la Asamblea Legislativa como una “tierra infértil”: una expresión que repitió en conferencias de prensa, discursos y entrevistas.
También recurrió a esa idea cuando pidió a la ciudadanía elegir 40 o más diputados alineados a su discurso, que permitieran llevar adelante las reformas que él creía necesarias.
Esas palabras provinieron de un presidente que inició su mandato con apenas 10 diputaciones oficialistas, y que renunció a promover grandes acuerdos políticos para darle viabilidad a sus iniciativas.
Ahora, sin embargo, el escenario es completamente distinto y la propia Fernández lo reconoce.
“El pueblo habló”, dijo después de ganar holgadamente las elecciones presidenciales y legislativas.
“Pero lo más difícil empieza ahora, no defraudar a quienes nos otorgaron su confianza”, añadió.
