La papeleta presidencial de las Elecciones 2026 se presenta bajo una sombra judicial: casi una tercera parte de las agrupaciones políticas incluye en su fórmula a figuras que mantienen investigaciones abiertas ante la Fiscalía.
De hecho, el 10% de la totalidad de las candidaturas —entre aspirantes a la presidencia y vicepresidencias— se encuentra actualmente bajo indagación, según confirmó El Financiero (EF) a partir de consultas realizadas al Ministerio Público. Vale la pena subrayar que se trata de investigaciones con expedientes abiertos, pero no condenas. Es decir, no se han encontrado culpables de lo que se les acusa.
En ese panorama, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) destacan como las agrupaciones con más aspirantes investigados: dos en cada fórmula. Esto significa que solo una persona en cada una de estas tríadas presidenciales carece de causas abiertas ante la Fiscalía General o la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
En el PPSO, la candidata presidencial Laura Fernández y su vicepresidente Francisco Gamboa figuran entre las personas bajo investigación; mientras que en el PPSD, la candidata Luz Mary Alpízar y la segunda vicepresidenta Maritza Bustamante cuentan con expedientes activos.
Fernández enfrenta un caso por presunto peculado, y a Alpízar se la investiga por la presunta recepción de contribuciones privadas ilegales —caso que fue remitido a Sala III con acusación.
“He sido clara ante la ciudadanía: el día en que la autoridad competente solicite formalmente el levantamiento de mi inmunidad, procederé de inmediato, porque ningún fuero debe convertirse en un privilegio personal ni en una barrera frente a la justicia. Por eso espero que el pueblo costarricense pueda reconocer que no me escondo (...)”, indicó Alpízar a EF.
Las demás agrupaciones donde su fórmula presidencial tiene a un representante con una investigación en proceso son Esperanza y Libertad (PEL), Frente Amplio (FA), Integración Nacional (PIN), Nueva República y Unidos Podemos.
Mayor cantidad de causas
Siete de las 20 agrupaciones políticas que intentan llegar a Zapote cuentan con candidatos a la presidencia o vicepresidencia que tienen una o más causas abiertas, según confirmó EF con el Ministerio Público.
El candidato con más expedientes en trámite es Luis Amador, exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y aspirante presidencial del Partido Integración Nacional (PIN). Amador acumula media docena de investigaciones en proceso, donde cuatro se encuentran bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción y el restante en la Fiscalía General.
El número de causa 23-000006-0033-PE investiga un presunto delito de nombramientos ilegales y el expediente 25-000068-0033-PE un supuesto caso de prevaricato, ambos contra el exministro del MOPT.
Tráfico de influencias (24-000454-1218-PE), abuso de autoridad (24-000468-1218-PE), pago irregular de contratos administrativos (23-000001-1218-PE) e incumplimiento de deberes (23-000028-0033-PE) son los demás supuestos delitos que tienen bajo investigación a Amador.
En el caso de tráfico de influencias se relaciona con la adjudicación otorgada a la constructora MECO para reparar la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, un proceso señalado por presuntas irregularidades que incluso generó cuestionamientos desde Casa Presidencial.
El PIN no respondió a las consultas de EF sobre las razones para respaldar la candidatura de Amador.
Natalia Díaz, exministra de la Presidencia y aspirante de Unidos Podemos, suma cuatro investigaciones. Aunque tres de ellas ya fueron remitidas al Juzgado Penal con solicitud de desestimación, una continúa activa en el Ministerio Público por presuntos delitos vinculados a nombramientos ilegales.
Los expedientes con los supuestos delitos cometidos por la representante del PUP son: 23-000043-0033-PE nombramientos ilegales, 25-000497-0175-PE reconocimiento ilegal de beneficios, 25-000084-0033-PE nombramientos ilegales y 22-000071-0033-PE atípico. El partido tampoco respondió las consultas de EF sobre las razones para respaldar una candidata investigada.
En el tercer lugar con más investigaciones se encuentran el candidato presidencial por el Frente Amplio, Ariel Robles, y el exministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y candidato a la primera vicepresidencia del PPSO, Francisco Gamboa.
En el caso de Robles las causas se enfocan en estafa informática (25-000545-0345-PE), divulgación de secretos (25-000064-0033-PE) y actos hostiles (24-000896-0619-PE). Mientras tanto, Gamboa enfrenta los presuntos delitos de tráfico de influencias (23-000242-1218-PE), influencia contra la Hacienda Pública (25-000122-0033-PE) e incumplimiento de deberes (23-000262-1218-PE).
El partido que postula a Gamboa lidera la intención de voto con un 30%, según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Robles aparece tercero con un 5% y con niveles de rechazo más bajos entre votantes decididos e indecisos.
Los demás investigados
La candidata presidencial del PPSO, Laura Fernández, también enfrenta un caso por presunto peculado, situación que agrega otra arista judicial a la fórmula oficialista.
Por otra parte, la aspirante a la segunda vicepresidencia de Progreso Social Democrático, Maritza Bustamante, suma un caso más que empaña al partido por administración irregular. Su eventual llegada al Ejecutivo o a la Asamblea Legislativa podría brindarle cuatro años de inmunidad, pues también aspira a la segunda diputación por San José.
“Una investigación abierta no convierte a nadie en culpable, ni puede ni debe usarse para limitar derechos político-electorales”, respondió el PPSD ante la consulta de EF sobre las razones para aceptar candidaturas de personas investigadas.
El panorama se amplía aún más con otros aspirantes, como el diputado y candidato del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado, integra la lista de aspirantes investigados. Un presunto delito de abuso sexual (24-000180-0033-PE) y la supuesta infracción al Código Electoral (22-000594-0053-PE) son las causas bajo investigación.
Asimismo, Fabiola Romero Cruz, exdirectora ejecutiva de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) y candidata del Partido Esperanza y Libertad (PEL) por la segunda vicepresidencia, está bajo investigación por presunto peculado. Incluso el 22 de noviembre pasado, el Comité Ejecutivo del PEL decidió suspender toda participación partidaria de Romero tras confirmar, a partir de consultas realizadas por EF, que es investigada.
“Antes de su elección en dicho proceso, la señora Romero fue sometida a una prueba de polígrafo con preguntas específicas sobre vínculos con crimen organizado y narcotráfico, la cual no reflejó elementos que impidieran su participación”, justificó Carlos Palacios, presidente del PEL, sobre el nombramiento inicial.
No obstante, Romero sigue dentro de la fórmula presidencial y aspira a una diputación, ya que el artículo 138 de la Constitución Política establece que “no pueden renunciar a la candidatura para la Presidencia o Vicepresidencias los ciudadanos incluidos en una nómina ya inscrita conforme a la ley (...)”.
EF consultó a cada uno de los partidos mencionados en este artículo las razones por las que aprobaron candidaturas de personas bajo investigación. Al cierre de edición, solo se recibió respuesta del PEL y del PPSD.
¿Por qué se les permite participar?
Aunque las investigaciones siguen su curso en distintas fiscalías, la normativa electoral no excluye a quienes figuran como personas indagadas. Las reglas de inscripción no contemplan este escenario como un obstáculo, siempre que la persona cumpla con los requisitos formales y no tenga una inhabilitación vigente.
El principio de presunción de inocencia define el alcance de estas disposiciones. En ausencia de una condena firme, los derechos políticos permanecen intactos, y las candidaturas continúan su proceso rumbo a las elecciones del 2026.
