Por: Laura Ávila.   22 agosto

El Poder Ejecutivo se tomó 45 días para reiterar la posición que ha mantenido a lo largo de los últimos meses: que las plataformas de transporte de personas son ilegales, y reconoció el desafío que imponen los avances tecnológicos al Gobierno.

Por eso se comprometió a revisar y modernizar el marco legal existente del transporte remunerado de personas en modalidad taxis, para resguardar a las familias que dependen de esta actividad.

“Los servicios de transporte en todas sus modalidades son una fuente de empleo y significan una solución socioeconómica para miles de familias. Conscientes de estoy de que las nuevas tecnologías plantean retos a los Gobiernos, es que buscamos una solución integral que permita resolver la situación de los taxistas de forma moderna e innovadora en beneficio de los usuarios”, indicó Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes. / Fotos de Diana Méndez
“Los servicios de transporte en todas sus modalidades son una fuente de empleo y significan una solución socioeconómica para miles de familias. Conscientes de estoy de que las nuevas tecnologías plantean retos a los Gobiernos, es que buscamos una solución integral que permita resolver la situación de los taxistas de forma moderna e innovadora en beneficio de los usuarios”, indicó Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes. / Fotos de Diana Méndez

Además de vislumbrar esa posible solución a largo plazo, también reconoció las fuentes de empleo que generan otras modalidades de transporte en el país. Uber actualmente emplea a 22.000 personas para ofrecer sus servicios.

“Los servicios de transporte en todas sus modalidades son una fuente de empleo y significan una solución socioeconómica para miles de familias. Conscientes de esto y de que las nuevas tecnologías plantean retos a los Gobiernos, es que buscamos una solución integral que permita resolver la situación de los taxistas de forma moderna e innovadora en beneficio de los usuarios”, indicó Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes.

La transnacional reaccionó la mañana de este miércoles y reiteró su posición de mantener un diálogo abierto con el Gobierno.

“En tres años de operaciones hemos demostrado que es posible la coexistencia de diferentes esquemas de movilidad en el país. Diversas voces desde la Asamblea Legislativa, usuarios, socios y sociedad civil en general reconocen que ha llegado el momento de implementar una regulación flexible, innovadora y diferenciada como ya existen en más de 132 jurisdicciones a nivel mundial”, manifestó Andrés Echandi, gerente general de Uber para Centroamérica.

Uber cumplió tres años de operar en el país el martes 21 de agosto, día en que finalizó el plazo de 45 días para dar respuesta a los taxistas, que semanas atrás, realizaron bloqueos y exigieron desconectar la plataforma.

Tras la respuesta del Gobierno, Rubén Vargas, representante de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), expresó que se sintieron satisfechos por el documento que les entregó el Gobierno, aunque insisten en que hace falta un punto más que adicionarle. Según comentó a La Nación.

El gremio presentó una propuesta formal al Poder Ejecutivo, para que se valorara la continuidad de los servicios que presta la transnacional, el pasado viernes 6 de julio.

A inicio de ese mes las organizaciones de taxistas y el Ejecutivo, llegaron a un acuerdo que puso fin a dos días de bloqueos.

Como parte de los acuerdos que suscribieron las partes, destacó que el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), revisaría el decreto por el cual Uber opera en el Régimen de Zona Franca.

El objetivo de ese punto era valorar si la transnacional cumple con las restricciones y alcances que establece el Régimen de Zona Franca.

Uber: tres años de desafíos

Con tres años de operaciones en el país, la plataforma electrónica brinda empleo a 22.000 personas y 738.000 usuarios han utilizado la aplicación durante los últimos tres meses.

En el 2016 la transnacional inauguró en el país uno de sus nueve centros de excelencia que tiene alrededor del mundo y actualmente ofrece 550 empleos directos.

A lo largo de tres años la empresa ha diversificado su oferta, en diciembre de 2017 la plataforma amplió sus servicios a la entrega de comida a domicilio con UberEats.

La transnacional ha manifestado su disposición para negociar la regulación de sus servicios con el Gobierno, Andrés Echandi, gerente general para Centroamérica, indicó semanas atrás a EF, que la plataforma no puede ser regulada igual que los taxistas.

Esto se debe a que el servicio de transporte que brinda Uber es un contrato privado entre dos personas, a criterio de Echandi.

Este artículo fue modificado posterior a su publicación.