Los diputados franceses aprobaron el jueves un artículo clave de un proyecto de ley que obliga a las plataformas de internet a retirar en un plazo de 24 horas los contenidos de odio, bajo pena de multa.
Con 31 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones, los diputados adoptaron el artículo I de este texto que prevé el retiro de contenidos "manifiestamente" ilícitos en un plazo de 24 horas, bajo la amenaza de una multa de hasta 1,25 millones de euros.
El texto, inspirado de una ley alemana adoptada en 2018, fue presentado por una diputada negra del partido del presidente, Emmanuel Macron, que afirma recibir regularmente mensajes racistas y amenazas de muerte en las redes sociales.
"No deberíamos tolerar en internet lo que no toleramos en la calle", dijo el miércoles ante el parlamento Laetitia Avia, que ha estado preparando este texto durante el último año.
"Hay una toma de conciencia en nuestra sociedad en general. Ya nadie quiere aceptar el status quo o la autoregulación de las grandes plataformas. La autoregulación no funciona", dijo en una entrevista con la AFP.
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Según sus opositores, este ley otorga demasiado poder a las plataformas al convertirlas en árbitros de la libertad de expresión en línea.
En la mira de este texto están los contenidos que incitan al odio, a la violencia, a la discriminación, los insultos racistas o religiosos. También serán prohibidos los mensajes, videos o imágenes que inciten al terrorismo o lo enaltezcan, así como aquellos que arremetan contra la dignidad humana.
Lo mismo se aplicará a los contenidos que constituyan acoso, proxenetismo o pornografía infantil.
Tres asociaciones francesas de profesionales de la industria tecnológica advirtieron esta semana que la ley contiene una gama de delitos demasiado amplia, lo que comprometería su aplicación.
Otros, entre ellos Facebook, se preguntan si el plazo de 24 horas para eliminar los mensajes de odio es realista. Para ellos, muchos de los mensajes que se publican requieren un análisis cuidadoso y evaluaciones legales delicadas.
Los contenidos ilícitos retirados deberán ser conservados durante un plazo máximo de un año, en caso de que sean requeridos por la justicia.
El texto, que contiene 370 enmiendas, será debatido hasta este jueves, antes de una votación el 9 de julio.
