Algunas personas reciben servicios financiados con recursos públicos pese a no aparecer en condición de pobreza en los registros oficiales. Al mismo tiempo, otras viven en territorios con mayores carencias y siguen fuera de la cobertura institucional. Las diferencias aparecen en programas vinculados con vivienda, niñez, personas adultas mayores, discapacidad y farmacodependencia. En varios casos, los recursos llegan a población que no cumple criterios prioritarios establecidos para la atención.
Ese patrón fue documentado por la Contraloría General de la República (CGR) en un análisis sobre el modelo mediante el cual instituciones públicas transfieren recursos a entidades privadas para atender población vulnerable.
El estudio revisó información institucional, convenios, transferencias, mecanismos de control y registros de atención correspondientes al periodo comprendido entre 2022 y 2025.
La Contraloría examinó tanto la asignación de recursos como la forma en que se ejecutan, registran y supervisan los servicios prestados mediante entidades privadas financiadas con fondos públicos.
El informe también revisó mecanismos utilizados para definir prioridades, verificar requisitos y registrar datos sobre las personas beneficiarias dentro de distintos programas de protección social.
Entre 2024 y el primer semestre de 2025, las entidades privadas reportaron 32.359 casos atendidos. De ese total, 39,2% no figuraba en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), según los datos examinados.
La situación se extiende a otros registros. Del grupo que sí aparecía en el Sistema, 22,3% no tenía información sobre condición de pobreza y 11,4% estaba clasificado como “no pobre” y “no vulnerable”.
Para el órgano fiscalizador, la ausencia de información limita la posibilidad de orientar recursos hacia personas con mayores necesidades económicas o sociales. También reduce la capacidad de priorizar situaciones urgentes.
“La especialización y adaptación a las necesidades de las personas puede verse limitada por la ausencia de información relevante, como la condición de pobreza”, señala el informe elaborado por la CGR.
El documento agrega que solo el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) consultan previamente en Sinirube la condición de pobreza de las personas atendidas. Otros programas operan sin utilizar de manera sistemática esos insumos.
Los vacíos también aparecieron en programas dirigidos a personas adultas mayores. De 1.483 beneficiarios reportados por situación de abandono, apenas 12,8% tenía esa condición registrada oficialmente.
La Contraloría relacionó ese dato con reportes del Ministerio de Salud, que contabilizó 1.154 casos de abandono y maltrato contra personas adultas mayores durante el primer semestre de 2025.
En vivienda, la CGR encontró que 4,3% de quienes recibieron bonos para poblaciones vulnerables registraban ingresos superiores al mínimo permitido (₡485.019) para acceder al beneficio.
El informe añade que incluso se detectaron 12 casos con ingresos mayores al máximo autorizado por el Banhvi al momento de desembolsar el bono.
La revisión vincula esos casos con fallas de priorización. Parte del proceso todavía “depende de una sola persona y el uso de hojas de cálculo”, advierte la institución.
Según la CGR, esa práctica incrementa riesgos de discrecionalidad y tratos desiguales al aprobar los beneficios, debido a la ausencia de mecanismos uniformes de verificación.
A esta falta de uniformidad se suma que las herramientas actuales para priorizar casos no garantizan la trazabilidad suficiente en varios de los programas evaluados, advierte el informe.
En programas relacionados con farmacodependencia también surgieron diferencias importantes. El órgano fiscalizador identificó 72 personas con ingresos promedio superiores a ₡1,2 millones mensuales.
Las tres personas con mayores ingresos registraban promedios de ₡7,5 millones, ₡5,9 millones y ₡4,3 millones mensuales durante el periodo revisado por la Contraloría.
La institución aclaró que el ingreso económico no excluye automáticamente a una persona de la atención. Sin embargo, el dato sí se utiliza para orientar prioridades.
El informe explica que la condición económica permite identificar a quienes tienen mayores dificultades para cubrir necesidades básicas. Esa lógica se vincula con criterios de vulnerabilidad e interseccionalidad.
La CGR define la interseccionalidad como la coincidencia de varias condiciones de vulnerabilidad en una misma persona. El concepto incluye pobreza junto con discapacidad o consumo problemático.
Este concepto ocurre “cuando la interacción de dos o más condiciones de vulnerabilidad se superponen e inciden en la vida de una persona”. Esta práctica de verificación aseguraría servicios adecuados.
Brechas de atención disponible
Estas desigualdades también se reflejan en la atención. Aunque unas 224.000 personas adultas mayores en pobreza requerían atención durante 2024, apenas 16.537 recibieron apoyo con recursos del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).
La cobertura estimada alcanzó únicamente 7,4%, según las cifras utilizadas por la Contraloría. Además, 46,6% de las personas adultas mayores carecía de pensión durante 2025.
El informe agrega que las limitaciones de cobertura afectan especialmente a poblaciones con mayores barreras económicas, territoriales y familiares para acceder a servicios de apoyo económico.
Añade que las diferencias entre demanda potencial y cobertura efectiva persisten incluso en programas que concentran una parte importante de los recursos transferidos.
Territorio, recursos y mecanismos de control
La distribución territorial de los recursos tampoco coincide plenamente con las zonas de mayor rezago social. Ese comportamiento aparece de forma reiterada en distintos programas revisados por la CGR.
Según el informe, 68,2% de las personas atendidas residía en distritos clasificados con desarrollo social medio o alto. Los datos utilizan el Índice de Desarrollo Social elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).
En farmacodependencia, apenas 7,3% de la población atendida vivía en zonas de bajo o muy bajo desarrollo social. En discapacidad, el porcentaje llegó a 13,6%.
La Contraloría indicó que 16,9% de las personas atendidas en niñez y adolescencia provenía de zonas de bajo desarrollo social. En adultos mayores, el porcentaje fue de 30%.
El informe añade que 23,7% de los ₡87.753 millones transferidos se vinculó con zonas de bajo o muy bajo desarrollo social. Otro 27,2% terminó asociado a territorios con Índice de Desarrollo Social (IDS) alto.
“No se observa un vínculo pleno entre el desarrollo social, la asignación de recursos y la población atendida”, concluyó la CGR en el apartado territorial del análisis.
Según la Contraloría, eso implica que parte de los recursos públicos no se dirige prioritariamente hacia territorios donde las necesidades sociales son mayores.
La región Huetar Caribe, por ejemplo, registró una cobertura estimada de apenas 3,8% en programas para personas adultas mayores. Esa región presenta la mayor incidencia de pobreza del país.
Además, 17 distritos considerados críticos por desarrollo social no registraban atención institucional, mientras otros 23 distritos con IDS bajo tenían un alcance inferior a 5%.
La Contraloría relacionó esos resultados con la limitada presencia de entidades privadas en territorios de menor desarrollo relativo. De 2.179 organizaciones no estatales, solo el 22,2% (484) operaba en cantones con IDS bajo o muy bajo.
“Esta forma de asignación tiende a reproducir esquemas preexistentes”, señala el informe. La frase alude a decisiones de financiamiento que siguen patrones heredados en lugar de responder de manera sistemática a las brechas detectadas.
En la práctica, una organización con más experiencia para gestionar proyectos y relacionarse con instituciones puede conservar su financiamiento, mientras otra ubicada en un cantón con más rezagos sociales recibe menos recursos aun cuando atiende necesidades más urgentes.
Falta de supervisión
Además de las diferencias territoriales, el análisis identificó limitaciones en la forma en que se registran, aprueban y supervisan los recursos públicos que financian estos programas.
El modelo funciona mediante múltiples instituciones, convenios y fuentes de financiamiento. Entre 2024 y 2025, 75,9% de las entidades privadas recibió recursos de varias instituciones públicas.
Esa dinámica incrementa cargas administrativas y dificulta reconstruir de manera sistemática la relación entre recursos transferidos, servicios prestados y personas finalmente atendidas.
“La superposición de instancias de aprobación y validación sobre un mismo recurso limita la eficiencia del proceso de asignación”, sostiene el análisis de la CGR.
La Contraloría revisó 22 convenios suscritos entre instituciones públicas y entidades privadas. El escrutinio encontró mayor desarrollo en requisitos financieros y administrativos que en condiciones del servicio.
Según la CGR, varios acuerdos carecen de definiciones claras sobre población objetivo, cantidad de personas atendidas, continuidad del servicio y criterios mínimos de seguimiento institucional.
Solo seis convenios definían condiciones mínimas sobre cantidad de personas atendidas o frecuencia del servicio. Apenas tres incorporaban estándares de calidad o protocolos de atención.
Aunque varios acuerdos mencionan rectorías técnicas, la CGR indicó que esas referencias no se traducen en metas verificables ni mecanismos concretos de seguimiento sobre el servicio.
El documento concluye que “persisten brechas de cobertura que se traducen en poblaciones que no están siendo atendidas”, pese a la existencia de recursos y estructuras institucionales.
La Contraloría señaló que el modelo enfrenta desafíos para articular el financiamiento con la necesidad social, la cobertura territorial y los resultados esperados dentro del esquema de protección social.
