El costo de la pandemia respecto a la producción oscila entre 4,59% y 5,04% respecto al Producto Interno Bruto.

Un buen trabajo de auditoría interna puede corregir cosas que están en proceso como parte del diálogo y discusión constante con los equipos ejecutores de los proyectos.

La jerarca aseguró que un déficit del 11,7% del PIB es una cifra “absolutamente alarmante para el estado de las finanzas públicas".

Son de aplaudir las iniciativas que buscan reformar de manera integral la actual Ley de Contratación Administrativa, ya que es evidente la necesidad de generar un instrumento que de forma actualizada venga a regular las compras públicas.

El proyecto contempla una reducción en los ingresos corrientes del Gobierno por ¢1,28 billones para este año. Esta caída se debe a una menor recaudación de tributos como el del Valor Agregado (IVA), renta, importaciones y propiedad de vehículos, entre otros.

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) debió de tomar una serie de decisiones a golpe de tambor y una de las más visibles fue la reconversión del Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare) en el Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19 (Ceaco).

La Contraloría evaluará la ejecución de compras de seguros, por parte de instituciones del Estado, sin que se contraste la oferta de los participantes del mercado.

Aunque a primera vista parece que el Poder Judicial se someterá a las acciones de ahorro en el pago de pluses salariales, existen dos caminos que podrían cambiar la aplicación de esta medida de ahorro.

Así, el futuro de esta disputa es de trascendental importancia para garantizar los efectos esperados de la reforma tributaria. Cualquier cambio que redefina que las acciones de ahorro en pluses se aplicarán únicamente –y como quiere la Corte– a los nuevos empleados, abriría la puerta para que otras instituciones tomen el mismo camino legal.

En su casa de habitación, con una vista panorámica de toda la Gran Área Metropolitana (GAM) y al calor de un café expreso; Aguilar conversó con EF sobre la pugna legal entre la Corte y la Contraloría General de la República (CGR) por el cumplimiento de las medidas de ahorro en salarios que impone la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635).