La Contraloría señaló que el referéndum no es viable porque pretende una modificación en materia presupuestaria y “un cambio estructural del modelo de Estado de Derecho costarricense".
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La jerarca aseguró que un déficit del 11,7% del PIB es una cifra “absolutamente alarmante para el estado de las finanzas públicas".
El proyecto contempla una reducción en los ingresos corrientes del Gobierno por ¢1,28 billones para este año. Esta caída se debe a una menor recaudación de tributos como el del Valor Agregado (IVA), renta, importaciones y propiedad de vehículos, entre otros.