La Contraloría documentó que programas de vivienda, cuido, discapacidad y atención de farmacodependencia asignan recursos a personas sin condición de pobreza registrada, al tiempo que cantones con mayor rezago social muestran coberturas bajas y un modelo de supervisión fragmentado sobre las organizaciones privadas que ejecutan los servicios.
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Reporte de fiscalización de la Contraloría General de la República informó que el Banco Popular realizó adjudicaciones en Sicop de ¢976 millones por encima de lo estimado sin estudios de costo-beneficio.
Una fiscalización externa concluye que la administración del régimen es “fragmentada y reactiva”, limitando la capacidad de anticipar amenazas y tomar decisiones clave para resguardar el futuro del sistema