Después de un proceso en el que encallaron dos proyectos de ley y algunas otras iniciativas que deambularon por los pasillos legislativos, parece que finalmente la educación dual cuenta con el apoyo de diversos sectores en su camino hacia convertirse en ley.
El sector empresarial costarricense, crítico principal del último proyecto descartado, navega ahora en el mismo barco del Gobierno.
Más allá de que la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) catalogara el nuevo plan de ley como “positivo”, el nuevo texto contiene una serie de “mejoras” en comparación con sus predecesores.
¿Qué hace a este texto viable? EF analizó la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo y conversó con distintos autores de la iniciativa.
El principal cambio de la nueva versión radica en que las empresas tendrán ahora una participación activa.
De acuerdo con el texto del Ejecutivo, los programas educativos serán diseñados por cada institución educativa —INA, Colegio Técnico, centro universitario técnico o colegio privado—, pero antes o durante este proceso las compañías tendrán voz para indicar cuáles planes reflejan más las demandas productivas del momento.
La cantidad de programas de educación dual no está limitada, por lo que cada centro puede responder específicamente a las necesidades de las empresas instaladas en su entorno geográfico.
La figura del mentor amplía el espacio de participación del sector privado. Será la persona encargada, dentro de la firma, de la formación y tendrá que estar certificada por el INA. Según explicó Andrés Valenciano, presidente ejecutivo del INA, esta certificación permitirá medir la capacidad instalada de las empresas.
Estos cambios fueron planteados en su momento por la Academia de Centroamérica, manifestó el economista Miguel Loría, investigador de esa organización.
En la versión anterior del proyecto, todo quedaba en manos del Ministerio de Educación Pública (MEP) y del INA. De acuerdo con Loría, era crucial concederle terreno al empresariado.
Precisamente, la educación dual es una modalidad en la que se aprende haciendo. El estudiante complementa lo aprendido en el aula con la capacitación que le brinda la compañía.
Según Valenciano, los cambios que incorporó el Poder Ejecutivo son para que esta modalidad “sí se pueda implementar”. Sostiene que esta relación debe representar un ganar-ganar.
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Estudiante, no trabajador
En opinión de Loría, la definición de “persona estudiante” también es vital porque se especifica que el alumno no es un trabajador. No hay una relación laboral como tal. Tampoco una remuneración por parte de la empresa.
Esto zanja las dudas en torno a si la empresa debía asumir cargas sociales de los estudiantes y algunos otros gastos.
Actualmente parte del presupuesto del INA es subsidiado por las empresas privadas. De ese dinero saldrá el presupuesto para las becas de los estudiantes; según Valenciano no sería justo cargarle a las firmas un cobro doble.
“Faltaba detallar, cómo, cuándo y quién iba a dar (el subsidio a los estudiantes que participen en el programa)”, declaró Valenciano.
Esa beca puede cubrir gastos como materiales y transporte.
Sin embargo, las empresas que así lo deseen podrán hacer aportes extraordinarios para las becas. El proyecto deja abierta esta posibilidad.
“Creemos que las empresas pueden hacer más aportes. Se podrían detallar montos según el tamaño de las empresas”, declaró Jorge Araya, subdirector ejecutivo de la Uccaep.
El nuevo proyecto de ley detalla que los convenios serán entre estudiante —que deberá tener un mínimo de 15 años—, centro educativo y empresa formadora.
La dualidad de ente rector y oferente de los programas que le conferían al INA las iniciativas anteriores, no forman parte del nuevo plan; en este se plantea la creación de una comisión interinstitucional.
El INA seguirá teniendo un papel importante, pero estará acompañado por otros actores en la toma de decisiones; entre otros, la empresa privada. Es lo que se llamará Comisión Asesora y Promotora de la Educación y Formación Técnica Profesional (ETFP) Dual; ente de carácter consultivo.
Esta comisión estará adscrita al MEP y será integrada por los ministros de Educación, de Trabajo y Seguridad Social, el Presidente Ejecutivo del INA, un representante del Consejo Nacional de Rectores (Conare), otro de la Unidad de Rectores de Universidades Privadas (Unire) y de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), además de uno del sector sindical.
¿Qué falta?
La alternancia del estudiante entre el centro educativo y la empresa formadora es algo que el documento presentado por el Gobierno no detalla. Algo que sí estaba presente en el texto anterior.
Según Araya, debería quedar detallado al menos un mínimo de tiempo.
En opinión del jerarca del INA, sería recomendable que los estudiantes dediquen entre un 40 % y un 60 % de su tiempo a la formación en las empresas. Considera que esto debería detallarse en el reglamento que se redacte posterior a la posible aprobación del proyecto de ley.
De acuerdo con el subdirector ejecutivo de la Uccaep, falta también detallar los tiempos mínimos de duración del programa, así como ampliar la definición de “empresa” en aras de que algunas asociaciones sin fines de lucro puedan participar de este modelo educativo.
