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20 años es un buen periodo para calificaciones: Costa Rica obtiene una nota de 100 por la prioridad presupuestaria que dio a la educación pero pasa al filo de la calificación mínima al evaluar los resultados.
La inversión en educación, sin considerar el gasto en universidades, más que se duplicó en dos décadas. Aumentó de 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 1994 a 5,9% en 2014. El nivel de gasto en educación realizado por Costa Rica en 2009 es mayor al ejecutado por países con similar ingreso per cápita e incluso mayor al de varios países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económio (OCDE).
Costa Rica lo hizo bien, incluso sorteando la herencia de la crisis de la década de 1980. Esta es una de las conclusiones de un reciente estudio realizado por la Academia de Centroamérica. Sin embargo, los servicios educativos del Ministerio de Educación Pública (MEP), por número de estudiantes y calidad, no crecieron al mismo ritmo que los gastos.
No se cumplió la esperada universalización de la educación; la tendencia de la calificación promedio en las pruebas de bachillerato es decreciente en el período 2000-2013, y en la medición internacional de las pruebas PISA, por ejemplo, se evidencia que el 60% de los estudiantes costarricenses no pueden usar fórmulas básicas, procedimientos ni reglas para resolver problemas.
Buena nota
Actualmente el MEP atiende en los tres niveles educativos (preescolar, primaria y secundaria) a más de 800.000 estudiantes y contrata a más de 70.000 funcionarios, principalmente educadores.
Detrás de este mayor esfuerzo educativo hay una historia importante que recordar. A inicios de la década de los 80, la crisis económica implicó una reducción del gasto en educación y una reducción de la cobertura de secundaria (los estudiantes que asisten, como porcentaje de las personas en edad de asistir).
En 1980 el 60% de los adolescentes asistía a la educación secundaria. Este porcentaje se redujo al 50% en 1985 y aumentó lentamente, hasta volver alcanzar el 60% en 1994.
En la segunda parte de la década de 1990 –administraciones Figueres Olsen y Rodríguez Echeverría– se retomaron los esfuerzos por financiar de mejor forma al sistema educativo, con el propósito de lograr la universalización de la educación preescolar y la educación secundaria.
En 1997 se aprobó una reforma constitucional para garantizar que se destine un monto equivalente al 6% del PIB al sistema educativo, incluida la educación superior. En 2010 otra reforma constitucional aumentó esos fondos a un 8% de la producción.
Las dos reformas constitucionales mostraron la intención del legislador de dedicar una mayor cantidad de recursos para el sistema educativo y evitar que se repitiera lo que había pasado en la década 1980.
Sin embargo, en ningún momento el Ministerio de Hacienda ha sido dotado de mayor cantidad de recursos para cumplir el nuevo mandato constitucional.
El legislador tampoco estableció metas obligatorias en resultados educativos con los nuevos recursos asignados al Ministerio de Educación.
Al analizar el crecimiento del gasto, los salarios lideran el empuje de los costos. En parte esto se debe a que el personal creció a mayor velocidad que el número de estudiantes atendidos, pero también a que sus sueldos se duplicaron entre 2005 y 2013.
En las dos últimas décadas el país logró una mayor y más equitativa cobertura en la educación preescolar y secundaria.
La cobertura de la educación preescolar aumentó desde un 40% en 1994 hasta un 80% en 2013; esto ocurrió en todos los estratos socioeconómicos.
En la educación secundaria, la cobertura aumentó desde un 60% en 1994 hasta un 89% en 2013 y el incremento en cobertura fue mayor en los hogares más pobres. En la educación primaria, cuya universalización se había logrado décadas atrás, se pudo reducir la repetición de los cursos.
La demografía también echó una mano al esfuerzo de incrementar su cobertura. La población en edad de asistir a preescolar ha venido disminuyendo desde finales de los años 90, y desde el 2003 ha disminuido la población con edad de asistir a secundaria.
Además de mayor cobertura, el sistema educativo ha avanzado en otros campos: se amplió la educación preescolar a dos años, el ciclo lectivo es más extenso y el currículo escolar es más amplio, porque se incorporaron cursos de informática e idioma extranjero.
También surgió un conjunto de nuevas alternativas educativas para que los estudiantes puedan concluir la educación secundaria, incluida una mayor oferta de la educación técnica.
Al mismo tiempo se desarrollaron programas de subsidios para que los estudiantes de menores ingresos asistan a las escuelas y colegios.
Sí…. pero
A la par de los logros, el sistema educativo exhibe fallas, carencias o lagunas.
Según las políticas educativas anunciadas a mediados de los años 90, en el 2005 la educación preescolar y la educación secundaria estarían universalizadas. Sin embargo, en 2013 cerca de una quinta parte de los niños con edad de asistir a la educación preescolar no lo hacía.
Tampoco se ha logrado la universalización de la educación secundaria. En 2013 solo el 47% de jóvenes entre 18 y 22 años había concluido la secundaria.
¿Cómo se explica este bajo porcentaje si la cobertura educativa en este nivel es de casi el 90%? Hay importantes niveles de deserción (dentro y entre años escolares) y repetición de los cursos.
Adicionalmente, no existe, en el Plan Nacional de Desarrollo de la administración del presidente Luis Guillermo Solís, un plan de mediano plazo con rendición de cuentas para lograr la universalización de la educación preescolar y secundaria.
Las pruebas nacionales de bachillerato pueden utilizarse como un indicador de la calidad del sistema educativo.
La calificación promedio en estas pruebas muestra una tendencia decreciente entre el período 2000-2013 en las principales materias: Español, Estudios Sociales, Biología, Inglés y Matemática. En 2013 el estudiante promedio apenas obtiene un 70 en las cuatro primeras materias mencionadas y en Matemática está por debajo de 60.
El 59% de los estudiantes está en colegios cuya nota promedio en Matemática es menor al 60.
Las notas más bajas están en los colegios rurales y en los de reciente creación. Esto último recuerda que posiblemente parte de la baja en la nota promedio está asociada a la incorporación al sistema educativo de estudiantes con mayores dificultades socioeconómicas y nuevos colegios con personal menos preparado.
Un avance importante para el sistema educativo ha sido la participación en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus silas en inglés), de la OCDE, porque permite la comparación entre países.
En la prueba del 2012, Costa Rica ocupó el lugar 56 de un total de 65 países, el cuarto lugar de ocho países latinoamericanos y quedó por debajo de países con ingreso per cápita similar (Vietnam y Argelia).
De la aplicación de esta prueba se concluye que el 60% de los estudiantes costarricenses no pueden usar fórmulas básicas, procedimientos o reglas para resolver problemas.
En la prueba de lectura el país ocupó el lugar 49 y se concluye que el 32% de los estudiantes no pueden identificar la idea principal de un texto, entender relaciones ni inferir información que no está en el texto.
En la prueba de Ciencias el país ocupo el lugar 46 y se observa que el 39% de estudiantes no pueden explicar fenómenos familiares ni hacer inferencias basadas en investigaciones simples.
Carencias y fallas adicionales del sistema educativo están en el excesivo centralismo que no favorece una mayor eficiencia.
Costa Rica piensa como país de primer mundo al dedicar recursos a la educación, pero no sabe cómo sacar provecho de esa inversión en los profesores y estudiantes para que estos estén mejor preparados para impulsar el crecimiento económico y la prosperidad social.
La maquinaria del MEP en los últimos 20 años ha empezado a caminar y a incrementar su cobertura empujada por una fuerte inyección de recursos frescos. No obstante, está lejos de universalizar sus servicios con altos niveles de calidad.
Para seguir avanzado, el sistema educativo costarricense tendrá que enfrentar tres aspectos básicos: la tendencia creciente en los costos, crear un adecuado sistema de contratación y evaluación de los maestros y establecer mecanismos de rendición de cuentas por parte de las escuelas y colegios.
Sin rendir cuentas
La organización del sistema educativo público es centralista y no rinde cuentas.
Por una parte, las escuelas y los maestros tienen escasa autonomía. El Ministerio de Educación Pública (MEP), desde sus oficinas centrales, ejerce un “control” sobre las escuelas más teórico que real porque se ejerce principalmente sobre aspectos formales, tales como reglamentos, programas, actividades y formularios, entre otros) y no en relación con los resultados sustantivos del proceso educativo.
Los centros educativos no tienen metas explícitas en cuanto a número de estudiantes atendidos, cobertura en zona, deserción, aprendizaje, costos o aprendizaje de los estudiantes.
Esta situación no permite evaluar el desempeño del sistema y el establecimiento de incentivos individuales o colectivos a los docentes con mejor desempeño.Los exámenes de bachillerato son un ejemplo de un sistema que evalúa a sus estudiantes, pero no se evalúa a sí mismo. El MEP no usa los resultados de estos exámenes para evaluar el proceso educativo de los colegios.
Fuente Academia de Centroamérica.
