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El proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336) recibió su aprobación en primer debate este 17 de junio. El texto que promueve una nueva escala salarial única, que elimine el esquema de pluses actual, ahora pasará por el tamiz de la Sala Constitucional.
Los magistrados revisarán el proyecto, pues varios grupos de congresistas preguntan al tribunal si el texto infringiría normas mayores y si hubo vicios en su trámite que ameriten nulidades.
¿Qué pasará ahora con el proyecto de reforma al sistema de empleo público? EF le explica qué debe ocurrir y cuánto tiempo puede pasar para que la iniciativa se vote definitivamente.
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¿Qué es un consulta de constitucionalidad?
La consulta facultativa de constitucionalidad es una posibilidad que tienen los diputados, que resguarda la Ley de la Jurisdicción Constitucional (7135). No es obligatoria; sin embargo, es común en los proyectos que generan mayores debates en el Congreso.
En estas consultas, grupos de al menos 10 diputados pueden preguntar a los magistrados si el fondo del proyecto infringe normas de orden mayor o si su tramitación contuvo vicios que impliquen nulidades procedimentales.
Las consultas solo son preceptivas (obligatorias) cuando se trata de reformas constitucionales, y convenios o tratados internacionales.
¿Qué implicaciones tiene una consulta a la Sala?
Existen tres posibles salidas. Los magistrados pueden:
- No encontrar vicios, lo cual permite que el proyecto siga su camino para su votación en segundo debate
- Encontrar vicios de procedimiento, lo cual puede provocar que nulidades e incluso que el proyecto total sea desechado
- Encontrar vicios de fondo; es decir, cuestiones del proyecto que podrían ser impugnadas si se aprueban como tales
El artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que “el dictamen de la Sala sólo será vinculante en cuanto establezca la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado”; es decir, cuando se trate de problemas de procedimiento.
Si la Sala detecta problemas de fondo, estos pueden ser corregidos o no por los legisladores, a sabiendas de que las indicaciones luego pueden confirmarse a través de acciones legales que se presenten en contra de la norma.
¿Cuánto tiempo duran las consultas de constitucionalidad?
Según establece la Ley 7135, los magistrados tendrán un plazo de un mes, el cual empieza a contar desde el momento en que reciben el expediente legislativo por parte del Congreso.
¿En qué fase está el proyecto de empleo público?
El proyecto fue aprobado en primer debate por 32 de 47 diputados presentes, este 17 de junio. Sin embargo, un grupo de 15 diputados, liderados por el frenteamplista José María Villalta, ya firmó una primera consulta a la Sala Constitucional.
La consulta también la firmaron diputados que votaron en contra como Daniel Ulate y Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN); Paola Vega y Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Floria Segreda, de Restauración Nacional (PRN); Aracelly Salas y Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Patricia Villegas y Wálter Muñoz, de Integración Nacional (PIN), y la independiente Ivonne Acuña.
También firmaron cuatro legisladores que votaron favorablemente: la liberacionista Karine Niño, los oficialistas Luis Ramón Carranza y Mario Castillo, y la independiente Zoila Volio.
¿Qué dice la consulta ya presentada?
Se trata de un texto de 247 páginas, en las cuales se consultan cuestiones que consideran podrían ser inconstitucionales tanto de forma (procedimentales) como de fondo (normativas).
La consulta pregunta sobre la eventual constitucionalidad de someter al nuevo régimen de empleo público, liderado por el Ministerio de Planificación (Mideplan), a entidades que gozan de autonomías, como el Poder Judicial y las universidades públicas. También cuestiona que funcionarios públicos puedan alegar objeción de conciencia para evitar capacitaciones, entre otras indicaciones que realiza el proyecto.
La consulta también pregunta cuestiones procedimentales y alega que distintas decisiones del expresidente legislativo Eduardo Cruickshank, del PRN, supuestamente habrían limitado el derecho de enmienda de los legisladores de manera arbitraria.
¿Habrá más consultas?
Diputados que no firmaron el primer documento ya hablan de otras consultas al tribunal. Por ejemplo, la oficialista Carolina Hidalgo publicó en sus redes sociales que firmará un documento específico sobre la cláusula de objeción de conciencia para capacitaciones, que el texto permitiría para funcionarios que aleguen cuestiones religiosas, éticas o morales.
Todas las consultas se deben presentar antes de que la Sala Constitucional reciba el expediente del proyecto. De lo contrario, se tienen por extemporáneas.
¿Qué tiene que ocurrir para que el proyecto se vote en segundo debate?
Para que el proyecto pueda votarse en segundo debate, es imprescindible que el tribunal constitucional no encuentre faltas de forma (procedimentales). Esto permitiría dar votación definitiva, siempre y cuando los legisladores no quieran corregir primero eventuales indicaciones que se les haga por el fondo del proyecto.
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¿Cuánto puede tardar ese proceso y una eventual votación?
La Sala debe tardar un mes en responder a los diputados a partir del momento en que reciba el expediente del proyecto de ley. Luego de su respuesta, la Asamblea tendrá que esperar a la publicación completa de la resolución que escriban los magistrados.
En el caso de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), la muy recordada reforma fiscal de diciembre de 2018, este proceso tardó dos meses en total. La Sala Constitucional no encontró vicios de forma ni de fondo sustanciales.
En cuanto a la reforma al empleo público, gran parte dependerá de qué resuelva la Sala. Si el resultado es similar al de la reforma tributaria se podrían esperar tiempos similares para una segunda votación.
Sin embargo, si los magistrados encuentran problemas procedimentales incluso podría traerse abajo la reforma, y si encuentran problemas de fondo que los diputados consideren esenciales, los legisladores podrían tomarse un tiempo adicional para realizar enmiendas y votar de nuevo el texto en primer debate.
¿Cuántos votos requeriría el proyecto?
Una eventual votación en segundo debate del proyecto de reforma al empleo público requerirá el visto bueno de al menos 38 legisladores (dos terceras partes del Congreso). Esto será así porque la Corte Suprema de Justicia afirmó que el proyecto incide en su funcionamiento, siempre y cuando la Sala Constitucional no diga lo contrario.
En su primera votación, el proyecto tuvo el respaldo de apenas 32 diputados; sin embargo, 10 de los legisladores totales faltaron a la votación y solo 15 votaron en contra.
El Ejecutivo impulsa este proyecto como parte de su agenda de sostenibilidad convenida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para acceder a financiamiento por $1.778 millones en tres años. Espera obtener los votos restantes de entre los ausentes u otros legisladores que cambien su postura, en caso de que los señalamientos de la Sala Constitucional sean favorables para la iniciativa.
Elian Villegas, ministro de Hacienda, dijo a Telenoticias que el Gobierno tendrá que hacer en trabajo en dos vías: por un lado, deberá convencer a los diputados restantes y, por el otro, mantener el convencimiento de quienes ya dieron su primera aprobación.
