“En la lucha tenaz de fecunda labor que enrojece del hombre la faz, conquistaron tus hijos -labriegos sencillos- eterno prestigio, estima y honor”.
Esta estrofa del Himno Nacional, que los costarricenses cantan con fervor patriótico desde 1903, ensalza la labor de aquellos agricultores que trabajan de sol a sol en el pródigo suelo para llevar el alimento a todos los hogares del país.
Sin embargo, ese prestigio poco le ha valido a los labriegos que hoy ven perder sus cosechas, enfrentan altos costos de producción, reciben pocas ganancias, sufren la competencia de los productos importados y carecen de un respaldo sólido por parte del Estado.
Agobiados por las deudas, algunos se han visto obligados a vender sus tierras. Hace dos años —en un momento desesperado—, varios optaron por quitarse la vida, según lo comenta con tristeza Kevin Gómez, director ejecutivo de la Corporación Hortícola Nacional (CHN).
El trabajo de estos labriegos suele pasar desapercibido, pero su situación crítica es cada vez más evidente en las cifras macroeconómicas: a mayo de 2025, la actividad agropecuaria acumulaba ya siete meses de reducciones en su producción con respecto al año anterior, según el último Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) publicado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
“La gente piensa que ser agricultor es sencillo, pero realmente no lo es, porque requiere un gran conocimiento, mucha dedicación y una labor gerencial compleja. No es solo levantarse cada día a las cuatro de la mañana para sembrar: el agricultor es encargado de planificación, producción, logística, administración, recursos humanos y múltiples tareas y proyecciones que uno hace, con la esperanza de que el rédito llegue en seis meses cuando venga la cosecha. Si esa cosecha se pierde, o no se vende bien, se pierde todo el trabajo y la inversión”, describe Gabriela Víquez, agricultora de Cartago.
Como heredera de una tierra y de un oficio que aprendió de sus bisabuelos, abuelos y padres agricultores, sabe cuánto ha cambiado la situación del agro y afirma que parte del problema es que su conocimiento es mayormente empírico. Por ello, al agricultor se le considera mano de obra no calificada.
Los que no tienen tierra, los trabajadores de las fincas, enfrentan dificultades para encontrar otro empleo cuando las cosas van mal en el campo.
“Muchos trabajadores agrícolas se van a San José, pero les cuesta encontrar trabajo y terminan en actividades mal remuneradas. Esto los pone en una situación vulnerable que no solo los afecta a ellos y a sus familias, sino que tiene un gran impacto social en las zonas rurales y en todo el país, porque así crece el desempleo y la pobreza”, advierte Víquez.
El sector agropecuario representa el 25% del empleo en las zonas rurales. En todo el sector primario —que incluye agricultura, pesca y ganadería—, actualmente trabajan 200.698 personas, cifra que ha crecido un 4% desde 2010, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
La mayoría son asalariados (69%), solo un 3% son empleadores y el resto son trabajadores independientes.
El origen de la crisis
La reciente caída en la producción agrícola se atribuye a las condiciones climatológicas que predominaron a finales del año 2024, cuando las fuertes lluvias afectaron el rendimiento de algunos cultivos, como el banano, la caña de azúcar y las hortalizas. Esta explicación del IMAE es casi idéntica desde hace siete meses en los reportes del BCCR.
Sin embargo, antes de hablar del impacto del cambio climático —que representa una amenaza creciente—, es necesario reconocer los factores estructurales e históricos que explican el debilitamiento de la agricultura en el país.
Hasta mediados del siglo XX, Costa Rica mantuvo un modelo agroexportador basado en la exportación de unos pocos productos agrícolas, como el café y el banano.
Posteriormente se cambió por un modelo de sustitución de importaciones, que recurrió al proteccionismo arancelario para que la producción nacional pudiera competir con los productos importados.
Ya a mediados de los años ochenta se adoptó el actual modelo de “apertura”, que promueve la inserción del país en la economía internacional. Este impulsa el acceso a mercados externos y la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), otorgándole un tratamiento preferencial mediante el régimen de zonas francas.
Desde entonces, Costa Rica mantiene una especie de dualidad económica, con un régimen especial que hoy representa el 14% del Producto Interno Bruto (PIB) y crece de manera acelerada, y un régimen definitivo que aporta el 86%, pero presenta bajas tasas de crecimiento.
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Como lo muestra el IMAE, las empresas ubicadas en regímenes especiales —donde están las zonas francas— registraron un aumento de 12,3% a mayo de 2025, mientras que el régimen definitivo —el resto de la economía— solo creció un 1,9 % en términos interanuales.
En este segundo régimen se incluye el sector agrícola, que ha decrecido especialmente a partir de la pandemia de Covid 19, cuando el comercio internacional se redujo y los agricultores nacionales abastecieron a la población local.
El poco optimismo del sector agropecuario se ha reflejado en el índice trimestral de expectativas empresariales que genera el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Tanto en marzo como en junio, este mantuvo el resultado más bajo de todos los sectores.
“Es importante recordar que este sector entró en recesión a mediados de 2022, lo que marcó el inicio de una etapa prolongada de debilitamiento productivo. Desde entonces, y conforme a lo expresado por los empresarios, el agro ha enfrentado un aumento sostenido en los costos de producción, impulsado principalmente por el encarecimiento de fertilizantes, insumos importados, energía y transporte”, dice la economista Milagro Saborío, directora del IICE, refiriéndose al estudio.
Añade que a esto se suman factores de orden global persistentes desde la postpandemia, como las tensiones por conflictos bélicos —que generan incertidumbre en los mercados de exportación—, y el cambio climático, que afecta los rendimientos del sector.
Entre 2021 y 2025, el impacto del cambio climático en el sector agrícola se tradujo en 21.263 fincas afectadas y pérdidas estimadas en ₡4,831.03 millones, según datos del MAG con base en reportes de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
En la actualidad, el sector agrícola genera el 17% de las exportaciones del país y ocupa el segundo lugar en ventas al exterior, después de la industria médica. Durante el primer semestre de 2025 exportó un total de $1.906 millones.
Sin embargo, la cantidad exportada se redujo un 5%: entre enero y junio de este año se vendieron 126.894 toneladas menos que en esos meses de 2024, según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
Más importaciones
Según el VI Censo Nacional Agropecuario, la cantidad de fincas dedicadas a esta actividad se redujo un 8,7% entre 1984 y 2014, cuando se censaron 93.017 fincas. Desde entonces no se ha vuelto a realizar el censo.
Tal como lo destaca el vigésimo segundo Informe Estado de la Nación, publicado en 2016, ya para este año era evidente que el sector agropecuario ha reducido su territorio y cambiado su estructura.
“El modelo de apertura comercial ha propiciado que el país se enfoque más en una agricultura de exportación, dedicando la mayor parte de su superficie a cultivos como la piña y el banano. Mientras tanto, la producción para consumo local se ha debilitado”, afirma Karen Chacón, coordinadora de investigación del capítulo ambiental de dicho informe.
Desde su perspectiva, la principal consecuencia de esta transformación es una creciente dependencia de importaciones de granos básicos –como arroz, frijol y maíz–, así como de hortalizas. Esta dependencia se extiende también a los insumos agrícolas y a las semillas para la producción.
Según Chacón, esa triple dependencia amenaza seriamente la seguridad alimentaria y nutricional del país.
Un caso particular es el del arroz, pues la producción nacional se redujo drásticamente y las importaciones se elevaron tras la implementación de la “Ruta del Arroz”, puesta en marcha en 2022 por el gobierno de Rodrigo Chaves. Esta medida redujo los aranceles a la importación del grano y eliminó el esquema de fijación del precio de referencia, con la promesa de disminuir el precio al consumidor.
Según datos de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), la producción de arroz en granza seco y limpio disminuyó un 57% en el periodo 2023/2024 respecto al ciclo 2021/2022. La reducción equivale a 87.083 toneladas métricas.
Mientras tanto, las importaciones del arroz en granza aumentaron de 224.544 toneladas métricas en 2022 a 294.834 en 2024, y la cantidad de productores dedicados a la actividad arrocera se redujo de 421 a 314 en el mismo lapso.
En la actualidad, el 85% del arroz que se consume en el país es importado. Lejos de disminuir, el precio del arroz aumentó un 8,46 % entre el 1.º de agosto de 2022 y el 30 de junio de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Por otro lado, datos del Consejo Nacional de Producción (CNP) indican que la importación de cebolla fresca registró un incremento histórico en 2024, alcanzando 8.290 toneladas.
Para 2025, los datos preliminares hasta febrero muestran 2.322 toneladas importadas, lo que indica una tendencia sostenida: en los dos primeros meses de este año se importó más cebolla que en todo el año 2023.
Algo similar sucede con la importación de papa fresca, que muestra una tendencia creciente desde 2020 y alcanzó su punto máximo en 2024 con 6.460 t., casi el 10.5% del volumen comercial nacional para ese año, según el CNP.
Como director ejecutivo de la CHN, Kevin Gómez señala que el crecimiento en la importación de hortalizas ha sido descontrolado y no obedece a estudios sobre la cantidad que se puede producir localmente y lo que realmente se requiere traer de otros países.
“Los censos de producción deberían utilizarse como insumo para tomar decisiones estratégicas con respecto a la importación, con base en las necesidades del país. Sin embargo, lo cierto es que el crecimiento en las importaciones responde principalmente a la especulación”, afirma.
En el caso de la cebolla, señala que existe un problema de subfacturación por parte de los importadores, pues se ha detectado que algunos declaran valores inferiores a los que importan para pagar menos impuestos.
Asimismo, Gómez asevera que los productores de papa enfrentan una competencia desleal: según lo ha denunciado la Corporación Hortícola Nacional, el MAG y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) autorizaron recientemente la importación de papa fresca desde Estados Unidos sin contar con un análisis de riesgo de plagas, lo cual -asegura- viola la legislación nacional y compromete la salud pública.
“Hemos constatado que al país está llegando papa brotada, lo cual representa un riesgo fitosanitario, ya que al germinar se pueden propagar patógenos que no existen en nuestro territorio. Esto afecta al consumidor, al productor y al medio ambiente”, advierte Gómez.
El Financiero envió consultas sobre estos temas al ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, pero no se ha recibido respuesta al cierre de esta edición.
Productividad y seguridad
Según el economista Leiner Vargas, el principal problema del agro radica en la baja productividad, debida en parte a que Costa Rica es un país pequeño, pero, principalmente, a la falta de visión empresarial en el sector.
“Para crecer en el sector agrícola se requiere una visión empresarial, con una adecuada planificación de los insumos, la producción y la comercialización del producto. El problema es que nuestros agricultores en general no son empresarios y la producción se realiza sin una planificación integral, lo cual deja al agricultor a merced de las fluctuaciones del mercado y de una cadena de intermediarios”, subraya Vargas, catedrático del Centro Internacional en Política Económica (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA).
La intermediación, los elevados costos de producción y la ausencia de programas efectivos para apoyar a los productores son otros de los factores que afectan al sector y lo ponen en clara desventaja frente a la apertura comercial, a juicio de los entrevistados.
Abel Chaves, segundo vicepresidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), añade que el factor del tipo de cambio: en su opinión, la depreciación del dólar frente al colón en los últimos años ha favorecido el crecimiento de la importación en detrimento de los exportadores nacionales.
Según el representante sectorial, el sector agropecuario genera cerca de 600.000 empleos directos e indirectos y la crisis actual ha dejado sin trabajo a unas 50.000 personas en los últimos dos años.
Desde la perspectiva de Vargas, el país debe impulsar políticas y programas que contribuyan a elevar la productividad del sector agrícola y asegurar por lo menos un 40% de la producción de alimentos para el consumo local, con el fin de fortalecer la economía de las zonas rurales y resguardar la seguridad alimentaria del país.
A su juicio, asegurar la alimentación básica de la población es también un tema de seguridad nacional, frente a los crecientes conflictos geopolíticos.
Por su parte, Gómez menciona la necesidad de generar seguros para las cosechas y mejorar el acceso al crédito para los agricultores, tomando en cuenta las particularidades del sector y favoreciendo la reconversión de la deuda para aquellos que ya cuentan con créditos.
También insta a la población a visitar las ferias del agricultor, como espacios para reducir la intermediación y acercar el productor al consumidor, ofreciendo mejor precio y calidad.
“Los agricultores requieren un apoyo decidido para fortalecer su desarrollo empresarial, favorecer su integración a las cadenas de valor, mejorar sus prácticas productivas y asociarse para elevar la escala de su producción. Si no asumimos este tema como una prioridad, en esta década podríamos acabar con los últimos bastiones de nuestro campesinado”, considera Vargas.
