EscucharLa Sala Constitucional ha sido históricamente el último recurso de los costarricenses cuando sienten que el Estado les falla. Desde su creación en 1989, es el tribunal al que recurren los ciudadanos para solicitar medicamentos que el seguro no proporciona, para adelantar procedimientos médicos urgentes, para acceder a información pública relevante o para proteger cualquier otro derecho fundamental que les haya sido vulnerado.
Hoy, sin embargo, la Sala se enfrenta a un posible cierre técnico. No por una crisis financiera o por una catástrofe imprevisible, sino por un bloqueo político.
El principal árbitro constitucional del país se mantiene funcionando sin magistrados suplentes desde diciembre pasado y el oficialismo se niega a elegir entre la lista de opciones remitida por la Corte Suprema de Justicia. En tanto, casi 90 expedientes se encuentran paralizados porque alguno de los magistrados propietarios tuvo que inhibirse y nadie pudo reemplazarlo.
La situación ya es delicada, pero podría empeorar. Si uno de los siete jueces titulares se ausenta por enfermedad, incapacidad, vacaciones o cualquier otra circunstancia, el tribunal quedaría impedido de sesionar por completo y, además, el 31 de octubre próximo vence el nombramiento del magistrado propietario Jorge Araya García. El alto juez podría continuar, pero solamente si lo desea y si no se oponen 38 congresistas a su continuidad.
La situación actual es crítica, pero no surgió de manera inesperada. El conflicto se fue construyendo desde hace meses y terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo de la compleja relación entre el chavismo y el Poder Judicial, especialmente con la Sala, que ha sido uno de sus principales contrapesos en los últimos años.
Decisión oficialista
El riesgo de parálisis de la Sala Constitucional se desprende de una decisión política del oficialismo, y así quedó documentado desde hace meses.
Pilar Cisneros, la jefa de fracción del gobierno saliente, señaló desde finales de abril que su bancada “no quería” realizar los nombramientos y que “tal vez” los próximos legisladores convenzan a la Corte de “hacer un nuevo concurso” a partir de mayo.
Por aquel entonces, la fracción del gobierno estaba compuesta por solo ocho legisladores. Después de las últimas elecciones, pasaron a ser 31: el bloque más numeroso del parlamento.
Cisneros también minimizó las advertencias sobre una eventual afectación del tribunal.
“¿Por qué vamos a correr? (...) Nadie se va a morir, no hay un drama, no hay un cataclismo", aseguró.
A pesar de contar con solo ocho diputaciones en el Congreso, el oficialismo finalmente sí logró evitar que la oposición eligiera nuevos suplentes de la Sala Constitucional hasta el cierre del cuatrienio anterior. Como en muchos otros temas, el gobierno de Rodrigo Chaves encontró eco en integrantes de los partidos Nueva República (PNR) y Unidad Social Cristiana (PUSC), así como en algunos legisladores independientes para frenar el proceso.
Crítica e influencia
Ese bloqueo anterior fue clave, porque la Asamblea Legislativa tiene en sus manos la lista de 18 candidaturas para las nueve suplencias de la Sala Constitucional desde octubre de 2025.
Es decir, desde entonces han pasado siete meses de la administración Chaves Robles y casi dos meses adicionales de la administración Fernández Delgado.
En el medio, la Sala Constitucional se quedó sin magistrados suplentes desde diciembre pasado.
Cisneros planteó desde abril que había dos dimensiones en la negativa del gobierno a elegir entre los candidatos seleccionados por la Corte Suprema de Justicia para los puestos.
La entonces jefa oficialista dijo que quizás con la presión de la nueva conformación parlamentaria se podría convencer a la Corte para realizar “un concurso nuevo, con una lista abierta, en la que cualquier abogado que cumpla con los requisitos pueda participar” y, además, planteó que ese posible nuevo proceso podía suscitar “una nómina atractiva, que cuente con el respaldo de los nuevos diputados”.
Ambas frases dejaron en evidencia dos dimensiones, entrelazadas.
Por un lado, la narrativa gubernamental de que los concursos por magistraturas suplentes en el Poder Judicial son “cerrados”. Por otro, el interés de que la nueva Asamblea, más favorable al oficialismo, tuviese una cuota más alta de influencia.
Ese discurso de Cisneros ha seguido latente en el gobierno de Laura Fernández.
Recién este 17 de junio, la presidenta aseguró en una de sus conferencias de prensa considerar que la Corte define sus listas por “argollas” y el nuevo jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, añadió en una entrevista de radio que la Corte debería “entender que no hay acuerdo con los actuales participantes”.
Esas declaraciones las dieron solo horas después de que la Corte devolvió intacta al Congreso la nómina de candidaturas que presentó desde un inicio para los puestos, el 15 de junio. Solo cinco días atrás, la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa había aprobado una moción para devolver la lista al Poder Judicial y solicitar una nueva. La Corte Plena resolvió, por 16 votos contra cuatro, que no existía justificación objetiva para realizar modificaciones.
‘Estrategia de captura’
Desde el punto de vista de la oposición, el gobierno busca maniobrar para influir con más fuerza sobre la Sala Constitucional.
El jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, incluso dijo en una conferencia de prensa que hay una “estrategia de captura del Poder Judicial” y que el Poder Ejecutivo persigue “una justicia obediente”.
Por otra parte, José María Villalta, del Frente Amplio (FA), señaló en el Plenario que la Sala Constitucional conoce expedientes sensibles para el gobierno y sus figuras, y que por eso el gobierno quisiera controlarlo, aún arriesgando a “la gente que necesita un recurso de amparo”.
Liberacionistas y frenteamplistas son los principales actores de oposición en el Congreso, con 24 de los 26 escaños ajenos al gobierno, a los que solo se suman las fracciones unitarias del PUSC y de Agenda Ciudadana.
Según Ramírez, las propias declaraciones de Chaves respaldan su lectura.
Por ejemplo, en abril pasado le dijo a miembros de la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC) que ya se había logrado recuperar los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero que faltaba “recuperar el Poder Judicial”.
“Y ante ustedes, ante la presencia permanente de nuestro Señor, juro que yo daré el esfuerzo que pueda, y que doña Laura me deje, para también recuperar ese poder de la República”, agregó.
El Ejecutivo, sin embargo, insiste en que solo busca una elección de personas idóneas en la Sala Constitucional, que sean capaces de conseguir los 38 votos mínimos que se requiere. Eso no sería posible, bajo ningún escenario, sin el respaldo de los diputados del gobierno.
La lista actual de candidaturas enviada por el Poder Judicial al Congreso incluso se llegó a someter a votación hasta en 11 oportunidades hasta el 10 de junio (seis veces en el cuatrienio pasado y cinco en el actual), pero ninguna de las candidaturas alcanzó los 38 votos para ser ratificada Los oficialistas votaron siempre en blanco, anularon sus votos y bloquearon cualquier maniobra posible.
Sin justificaciones válidas
Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, aseguró en una reciente entrevista con La Nación que la Asamblea Legislativa sí puede rechazar nóminas de candidatos a magistraturas suplentes. No obstante, planteó que las negativas deben respaldarse en criterios específicos.
“Ellos (los diputados) tienen que dar una justificación objetiva”, declaró. “Tienen que darnos criterios, porque no tiene sentido hacer un nuevo concurso donde probablemente se van a presentar menos personas y probablemente menos calificadas, para que dentro de un año nos vuelvan a decir lo mismo”.
Si el problema fuera la falta de paridad de género, la ausencia de especialistas en determinadas áreas o alguna deficiencia del proceso, la Corte sí podría analizar correcciones, según Castillo; pero ese no es el caso. Si la única razón que alegan los diputados es falta de conformidad con los nombres seleccionados, un nuevo proceso podría terminar con el mismo resultado o uno más deficiente.
El proceso de elaboración de la nómina que actualmente tiene el Congreso tardó nueve meses. En ellos, la Corte analizó los atestados y la trayectoria de los participantes, al tiempo que realizó entrevistas.
Tribunal incómodo
La Sala Constitucional ha sido un tribunal incómodo para el chavismo desde su llegada al poder.
El expresidente Rodrigo Chaves incluso llegó a afirmar en marzo de este 2026 que “no respeta” al tribunal, luego de un fallo que anuló la subasta de frecuencias de radio y televisión que impulsaba su Gobierno. Según los magistrados que analizaron el caso, la subasta no procedía para ese trámite y sus precios debían revisarse.
Ese, sin embargo, fue solo uno de múltiples casos en los que la Sala tomó decisiones que disgustaron al Gobierno por reclamos de terceros.
Desde 2022, el tribunal cuestionó, frenó o incluso revirtió decisiones que afectaban intereses del Poder Ejecutivo.
Entre muchos otros ejemplos, condenó decisiones del gobierno que buscaron influir en nombramientos de entidades autónomas como el Banco Nacional o la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); al mismo tiempo que obligó a múltiples instituciones del Estado a entregar información pública que no quisieron dar por su cuenta.
Además, la Sala también resolvió múltiples procesos en favor de periodistas y medios de comunicación; entre ellos, el caso de Parque Viva, propiedad del Grupo Nación (editor de los periódicos como La Nación, El Financiero y La Teja), cuyo cierre fue calificado por la Sala como “arbitrario” y constituyó una forma de “censura velada” contra el conglomerado, sus periodistas y su actividad económica.
Otro episodio fue la detección de inconstitucionalidades en el proyecto de ley “Jaguar”, como el gobierno bautizó a la iniciativa que intentó llevar a referéndum, sin éxito.
Todas esas tensiones previas también alimentan el debate sobre el actual conflicto.
El gobierno sostiene que el Poder Judicial necesita reformas, pero sus críticos consideran que podría tratarse de una estrategia para debilitar o deslegitimar al principal contrapeso que todavía se escapa de su dominio.
Este 16 de junio se reunieron en la Asamblea Legislativa la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, y el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre. Pero ambos declararon no haber alcanzado acuerdo alguno sobre el asunto.
Cuenta regresiva
Nogui Acosta aseguró que su fracción “ahora sí” hará un análisis exhaustivo de la lista de candidatos planteada por la Corte a la Asamblea, luego de la devolución de la nómina por parte de la Corte. Sin embargo, no existe una hoja de ruta clara que establezca cuándo se reactivarán las votaciones.
La presidenta Fernández calificó la devolución de la nómina como “un berrinche” del Poder Judicial, una “falta de respeto” a la Asamblea Legislativa y una “chabacanería con asuntos tan delicados”; pero también dijo que los diputados oficialistas “están haciendo una revisión minuciosa de los perfiles que el Poder Judicial quiere nombrar”, lo cual sugiere movimiento.
Los ocho expresidentes costarricenses anteriores al chavismo firmaron una carta, el pasado 16 de junio, en la cual manifestaron su preocupación por el caso. “La Sala”, indicaron, “ha sido un recurso fundamental para proteger a los ciudadanos frente a abusos, arbitrariedades u omisiones de las autoridades públicas”.
“Quienes hemos ejercido la Presidencia de la República conocimos de primera mano el papel de la Sala Constitucional. En numerosas ocasiones debimos acatar sus resoluciones, aun cuando ellos implicara mayores exigencias para la administración (...) debilitar la Sala es debilitar la protección de todos”, añadieron.
Cómo avance y cuánto dure la “revisión minuciosa” del oficialismo, sin embargo, todavía está por verse.
En un país acostumbrado a recurrir a la Sala Constitucional como último recurso frente a los abusos del poder o a las omisiones estatales, ese amparo hoy podría terminar dependiendo de que ninguno de los magistrados amanezca con fiebre.
Una incapacidad, una ausencia o un mero resfrío podrían bastar para dejar sin respuesta a quien la busca con más urgencia.
