El debate se intensifica sobre la posibilidad de gravar a los más ricos para rescatar unas arcas nacionales que la pandemia vació. A continuación, una vuelta al mundo sobre cómo imponer a las grandes fortunas.

No existe impuesto sobre la fortuna en Estados Unidos, pero su presidente Joe Biden desea aumentar el tipo máximo de imposición del 37% al 39,6% para el 1% de los hogares más ricos, desmontando así la reforma fiscal de 2017 de Donald Trump.

Su "Proyecto para las familias estadounidenses" busca también casi doblar, hasta el 39,6%, el impuesto sobre los ingresos del capital para el 0,3% más rico y suprimir algunos nichos fiscales (donaciones, rentas procedentes de fondos especulativos,...).

Este plan será objeto de una dura batalla en el Congreso estadounidense.

En Alemania no existe el impuesto sobre el patrimonio desde su suspensión por el Tribunal Constitucional en 1995. Un 72% de los alemanes se dicen favorables a su reintroducción.

En Francia este impuesto se suprimió en 2018 y se sustituyó por un impuesto sobre la fortuna inmobiliaria, que excluye las acciones del patrimonio imponible para favorecer las inversiones productivas. En paralelo, se introdujo un impuesto (”flat tax”) a las rentas del capital.

En España, el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez retomó la cuestión a mediados de 2020 para financiar el aumento del gasto público provocado por la pandemia.

El impuesto sobre el patrimonio pasa así del 2,5% al 3,5% por un tiempo indefinido para las fortunas superiores a 10 millones de euros ($12 millones).

Pero, en este país descentralizado, la región de Madrid, dirigida por la derecha y la más rica, aplica una exención del 100%, que limita el impacto de la reforma.

En el Reino Unido no hay un impuesto sobre la fortuna y el gobierno de Boris Johnson no estudia adoptarlo, ya que quiere seguir siendo atractivo para los empresarios y grandes fortunas tras el Brexit.

En Italia tampoco existe tampoco un impuesto sobre la fortuna. En noviembre, el entonces gobierno de centro-izquierda rechazó una enmienda a su proyecto de ley de finanzas que pedía instaurar un "impuesto sobre el patrimonio" y la derecha tampoco lo quiere.

Según la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), el 1% más rico de la región posee el 41% de la riqueza, pero solo contribuye a las arcas públicas en alrededor el 3,8%.

Solo Argentina y Bolivia han puesto en marcha un impuesto no renovable. Combatido por la derecha, el “aporte solidario y extraordinario”, que se aplica a las 12.000 rentas más altas, debería aportar $3.000 millones a Buenos Aires.

Tres meses antes de morir, Diego Maradona dijo en su cuenta en Instagram pedir “a Dios” la aprobación de esta medida. “En estos momentos de crisis, se necesita la ayuda de los que más tenemos”, agregó, recordando a su cuñado muerto por COVID-19.

En Brasil las propuestas sobre una mayor imposición a los ricos no progresaron en el Congreso y no forman parte de los proyectos sobre reforma fiscal.

Sin embargo, "la instauración de impuestos a (...) las grandes fortunas" esta inscrita en la Constitución de 1988, pero nunca se aplicó por temor a una fuga de capitales.

En Chile los legisladores de la oposición de izquierda fracasaron el año pasado en su intento de adoptar un impuesto transitorio del 2,5% para los “super ricos” que dispongan de más de $22 millones de patrimonio.

En India el gobierno de Narendra Modi suprimió el impuesto sobre la fortuna en 2015 tras décadas de malas recaudaciones y lo remplazó por un recargo de hasta el 37% para los ingresos superiores a los 50 millones de rupias (561.000 euros, $677.000).

Aunque India es uno de los países con más desigualdades del mundo, el temor que la imposición a los más ricos impulse la evasión y el fraude fiscal paraliza al gobierno.

En Australia, donde el tipo máximo del impuesto sobre la renta es del 37% para los montos que superan el equivalente de $70.000, el gobierno liberal no se plantea gravar a los ricos.

El pequeño partido de los Verdes propuso un impuesto sobre la fortuna del 6% para los 120 multimillonarios australianos, cuya fortuna progresó en unos $51.000 millones durante la pandemia.

En Singapur el impuesto sobre el patrimonio adopta la forma de un impuesto sobre la propiedad, ya que la riqueza de muchos singapurenses está constituida de activos inmobiliarios.

Los gravámenes adoptan dos formas: el impuesto del timbre (“buyer stamp duty”), que se eleva al 20% para los no residentes y al 25% para las compañías, y un impuesto sobre bienes inmuebles progresivo que puede alcanzar el 20% del valor de alquiler anual, dependiendo de si su propietario ocupa o alquila la propiedad.