El financiamiento para la seguridad pública en Costa Rica encuentra una fuente clave en el Impuesto a las Personas Jurídicas (Ley 9.428). Entre 2020 y 2024, el tributo recaudado permitió trasladar alrededor de ¢86.000 millones al sector.
Durante esos años el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) recibió el 90% del presupuesto, mientras que el Ministerio de Justicia y Paz (MJ) y el Organismo de Investigación Judicial el resto en porcentajes iguales. A partir del 2025 la proporción será de un 75% para el MSP, un 15% para el OIJ y un 10% para el MJ.
La ley 9.428 establece que estos recursos no pueden destinarse al pago de remuneraciones, horas extras ni viáticos, y que su uso debe concentrarse en infraestructura física de las delegaciones, seguridad ciudadana y combate a la delincuencia.
No obstante, la misma normativa incluye una excepción significativa: el artículo 15 permite que los fondos del impuesto cubran la creación de 1.000 plazas policiales aprobadas en 2018. En el Ministerio de Seguridad Pública, esta excepción concentró la ejecución del tributo principalmente en remuneraciones.
El tributo que financia la seguridad pública lo pagan cada año todas las sociedades mercantiles y las sucursales de empresas extranjeras inscritas en el Registro Nacional.
Ministerio de Seguridad
Datos proporcionados por la Dirección Financiera del MSP evidencian que la partida presupuestaria destinada a sueldos para cargos fijos superó los ¢4.000 millones al año entre 2020 y 2024.
“El Ministerio de Seguridad Pública ha utilizado estos recursos para la atención de dos rubros significativos en el servicio que brinda a la población costarricense: el primero, corresponde al pago de remuneraciones correspondientes a 1.000 plazas policiales del Programa 093-Servicio de Seguridad Ciudadana, mismas que fueron creadas en el 2018 y desde ese momento para poder darle la sostenibilidad a las mismas han sido financiadas con recursos provenientes de este destino específico”, detalló la institución.
La sostenibilidad de esas plazas implica cubrir aguinaldos, salario escolar y las contribuciones patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El 82,9% del presupuesto del Ministerio proveniente del tributo en 2023 y 2024 se destinó a los gastos vinculados a sostener las 1.000 plazas judiciales. El porcentaje restante se distribuyó en otros presupuestos orientados en equipo de transporte, mobiliario y alimentación.
Por otra parte, el alquiler de edificios, locales y terrenos absorbió solo una fracción mínima: 0,43% en 2023 y 0,15% en 2024, evidenciando el peso casi absoluto de las remuneraciones dentro de la ejecución.
Aunque en los años analizados el 90% del tributo debía asignarse al MSP, el cálculo no se aplicaba sobre la totalidad de lo recaudado. El Ministerio de Hacienda, amparado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, podía presupuestar discrecionalmente cuando la relación deuda-producto interno bruto (PIB) supera el 50% del PIB nominal.
Es por lo anterior que, aunque en los últimos años las proyecciones del presupuesto para el Ministerio de Justicia se sitúan por encima de los ¢20.000 millones, el monto finalmente asignado oscila los ¢17.000 millones.
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Para 2025 y 2026 los legisladores aprobaron un transitorio que asigna al MSP el 75% del tributo. Lejos de implicar una reducción, la medida significará un aumento de ingresos, ya que Hacienda estará obligada a distribuir el 100% de lo recaudado. Según proyecciones de Hacienda, el MSP recibió ¢18.222 millones en el presente año.
El Ministerio de Hacienda aclaró que “cada institución (a las que gira presupuesto) es responsable de velar por el buen uso de los recursos”.
Poder Judicial
El OIJ recibió ¢4.875 millones en los últimos cinco años a través de la recolección del impuesto. La Ley 9.428 dispone que esos recursos se destinen específicamente a la lucha contra el crimen organizado.
La Dirección General del OIJ indicó que en el 2024 el monto se invirtió en la adquisición de drones por un monto de ¢500 millones, compra de radios de comunicación cotizados en ¢300 millones y adquisición de vehículos por ¢167,3 millones.
En los años restantes, los recursos se canalizaron al fideicomiso institucional. “Todas estas inversiones se realizan con el propósito de modernizar los recursos institucionales, elevar la eficiencia en las labores de investigación y reforzar la seguridad tanto del personal operativo como de la ciudadanía”, comunicó el OIJ.
El Ministerio de Hacienda proyectó que en 2025 el presupuesto destinado es de ¢3.644 millones a través del incremento de la distribución de 5% a 15%. El nuevo monto se acerca a la cifra que el Ministerio de Seguridad destina en salarios y que cubre con el impuesto.
Justicia y Paz
El Ministerio de Justicia recibió cada año ¢987 millones desde el 2020. Los fondos se asignan a la Dirección General de Adaptación Social y se utilizan para la compra de alimentos en el programa de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales, además de materiales y suministros.
Para 2025, la asignación casi se duplicará: Justicia recibirá ¢2.429 millones por medio del ajuste en la distribución del tributo.
El recorrido del impuesto refleja distintos usos: en Seguridad se convirtió en sostén de la planilla policial, mientras que en el OIJ financió tecnología contra el crimen y en Justicia garantizó alimentación y suministros en cárceles. Pese a esas diferencias, el tributo empresarial terminó como un engranaje indispensable para la seguridad pública en todas sus dimensiones.
