El sector turístico costarricense, pilar de la economía nacional, ha encendido las alarmas. Una confluencia de inseguridad ciudadana desbordada, una apreciación del colón que erosiona la competitividad y un notorio deterioro de la infraestructura ha generado un sentimiento de “alerta responsable” entre empresarios y organizaciones del sector. Así lo concluye la “Encuesta de Priorización del Turismo”, publicada en agosto de 2025 por el Centro de Estudios del Turismo (CET) con el apoyo de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR).
El estudio, que recogió las respuestas de 75 actores clave del clúster turístico, dibuja un panorama crítico donde los logros históricos del país como destino sostenible y pacífico se ven amenazados por problemas estructurales que demandan una intervención gubernamental inmediata y decidida. Los resultados muestran un consenso pocas veces visto en la identificación de las amenazas y las soluciones requeridas.
La seguridad: una demanda existencial
La principal conclusión del informe es contundente: la inseguridad ha dejado de ser una preocupación para convertirse en la amenaza existencial del sector. El tema emerge como la prioridad transversal en todas las dimensiones evaluadas.
Según la encuesta, el 50% de los participantes calificó la “seguridad comunitaria en destinos turísticos” como la prioridad número uno, muy por encima de cualquier otro factor. Esta percepción se refuerza al analizar las amenazas directas al turismo, donde la “inseguridad ciudadana” fue nuevamente señalada por la mitad de los encuestados como el riesgo más grave.
Esta visión no es aislada y se corresponde con la crisis de violencia que atraviesa el país. Cifras recientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) proyectan que Costa Rica podría acercarse a los 900 homicidios al cierre de 2025, manteniendo las tasas récord que han posicionado a la delincuencia como la principal preocupación de los ciudadanos en diversas encuestas de opinión pública.
La demanda del sector es clara y directa hacia el Poder Ejecutivo: la acción más urgente que debe implementar el próximo gobierno es la “mejora de la seguridad en zonas turísticas”, que obtuvo la máxima calificación posible en la consulta (4,92 sobre 5). El informe subraya que “el sector no solo considera la seguridad como su prioridad interna, sino que específicamente demanda liderazgo gubernamental en esta área”.
El lastre de un colón fuerte y una infraestructura deficiente
En un segundo plano, pero con una importancia crítica, se posicionan dos grandes frenos a la competitividad: la política cambiaria y el estado de la infraestructura.
La apreciación del colón, que el estudio cifra en más del 20%, fue identificada como la segunda mayor amenaza por el 30% de los encuestados. Esta situación macroeconómica, que ha sido advertida por cámaras sectoriales desde hace meses, tiene un impacto directo y perjudicial: encarece a Costa Rica como destino frente a sus competidores regionales y reduce drásticamente la rentabilidad de las empresas que reciben ingresos en dólares pero afrontan sus costos operativos en colones. La encuesta refleja la urgencia de establecer una “política monetaria y cambiaria que proteja la competitividad del destino”, siendo esta la segunda acción más demandada al gobierno.
Paralelamente, el “deterioro de la infraestructura” se consolida como una de las principales preocupaciones. En el análisis ponderado, que mide la importancia relativa que los encuestados dan a cada factor, la modernización de la infraestructura se ubicó como la segunda prioridad estratégica y la segunda amenaza más relevante. Esta deficiencia en carreteras, aeropuertos, conectividad y servicios básicos no solo dificulta la operación logística, sino que también “empeora la experiencia del visitante”, afectando la calidad y la imagen del país.
Clamor por un cambio de timón: la reforma del ICT
La insatisfacción del sector no se limita a los problemas externos, sino que también apunta a una profunda crisis del modelo institucional. El estudio revela una demanda mayoritaria por transformar el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Los datos son reveladores: un 68,5% de los participantes considera que el ICT debería convertirse en un Ministerio de Turismo, acompañado de una promotora especializada con gobernanza público-privada, similar al exitoso modelo de PROCOMER. En contraste, solo un 13% apoya mantener la estructura y funciones actuales del ICT, lo que evidencia un rechazo generalizado al status quo.
Esta petición refleja una necesidad de mayor coordinación interinstitucional, eficiencia en la gestión y una participación más activa y vinculante del sector privado en la toma de decisiones estratégicas. Los empresarios demandan una gobernanza que trascienda la promoción y abarque de forma integral el desarrollo de la oferta, la atracción de inversiones y la articulación con otras carteras de gobierno para resolver problemas como la seguridad y la infraestructura.
Una agenda integral con optimismo condicionado
Más allá de los tres ejes principales, el sector también señala la necesidad de abordar la informalidad, la escasez de talento humano bilingüe y capacitado, y la simplificación de trámites. La suma de estas preocupaciones sugiere que no bastan intervenciones aisladas, sino una “agenda gubernamental integral”.
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A pesar de la gravedad de las amenazas, el informe concluye que el sentimiento general no es de derrota, sino de “alerta responsable”. Existe una expectativa positiva sobre la capacidad de revertir la situación si se implementan las medidas correctivas adecuadas. El mensaje para los tomadores de decisiones es claro: el sector turístico ha diagnosticado sus dolencias y ha propuesto las curas; la pelota, ahora, está en la cancha del Gobierno.
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Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.
