Seis años después de que comenzaron los problemas, y cuatro meses después de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) le diera la razón a Costa Rica en un fallo de casi 400 páginas, los productores costarricenses siguen sin poder vender libremente sus lácteos, carnes y frutas en Panamá. El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, lo dijo sin rodeos el pasado 24 de abril: Panamá ha impuesto un “embargo comercial” de facto a un país vecino y amigo, y lleva seis meses sin dignarse a responder los llamados de negociación de San José.
La denuncia pública de Tovar, formulada a días de que concluya el gobierno de Rodrigo Chaves y llegue al poder la presidenta electa Laura Fernández, convierte este diferendo en una herencia diplomática y económica sin resolver. Y la forma en que Panamá ha manejado el caso —primero ignorando las obligaciones multilaterales, luego apelando ante un órgano internacional que lleva siete años paralizado— plantea preguntas incómodas sobre la buena fe en el comercio regional centroamericano.
El origen: permisos que nunca se renovaron
El conflicto no empezó con una declaración de guerra comercial ni con un decreto formal. Empezó con una omisión: a partir de 2019 y 2020, las autoridades sanitarias de Panamá dejaron de renovar los permisos de habilitación de decenas de plantas costarricenses exportadoras de alimentos. El 30 de junio de 2020, vencieron los permisos vigentes y Panamá no los reactivó.
Los productos afectados forman una lista que resume buena parte del agro costarricense de exportación: leche, quesos y yogur; carnes de res, cerdo y aves; embutidos; fresa, piña, banano y plátano; y huevos. Muchos de estos rubros encuentran en Panamá un mercado natural cercano y accesible.
Panamá argumentó que la medida respondía a observaciones técnicas legítimas: presencia del hongo Fusarium en algunas variedades de banano, niveles de residuos de plaguicidas en fresas, y deficiencias en los protocolos de inspección. Costa Rica rechazó esos argumentos desde el principio. Sus productos, señaló, se exportaban sin restricciones a mercados exigentes de Europa, Asia y América del Norte, lo que hacía inverosímil que representaran un riesgo fitosanitario para Panamá.
Cuatro años de litigio en Ginebra
Agotada la vía bilateral, Costa Rica formalizó la disputa ante la OMC en enero de 2021. El proceso fue largo, técnicamente complejo y costoso. Los paneles de la OMC no se caracterizan por su velocidad.
El 5 de diciembre de 2024 llegó el veredicto: el panel falló ampliamente a favor de Costa Rica. En 392 páginas, los árbitros determinaron que las medidas panameñas violaban más de 30 obligaciones derivadas del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS) y del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). En esencia, la OMC concluyó que los argumentos técnicos de Panamá no tenían sustento científico ni jurídico suficiente, y que las restricciones constituían barreras no arancelarias injustificadas.
Para Costa Rica, el fallo fue una reivindicación de años de trabajo legal y diplomático. Para los productores costarricenses, fue una señal de que el camino hacia el mercado panameño por fin estaba despejado.
Esa expectativa duró poco más de siete semanas.
La apelación que no va a ningún lado
El 24 de enero de 2025, Panamá presentó una apelación formal ante el Órgano de Apelación de la OMC. El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (Comex) respondió con una declaración inusualmente directa para el lenguaje diplomático: calificó la movida de Panamá como “un acto temerario y de mala fe”.
La razón de la indignación costarricense es estructural: el Órgano de Apelación de la OMC está paralizado desde finales de 2019 debido al bloqueo de Estados Unidos a la designación de nuevos jueces. Sin quórum suficiente de árbitros, ese cuerpo no puede sesionar ni emitir resoluciones. Al apelar ante esa instancia disfuncional, Panamá no buscó una revisión legítima del fallo, sino convertir el caso en un limbo jurídico de duración indefinida que le permite seguir sin acatar lo resuelto.
Costa Rica propuso entonces una salida práctica: activar un mecanismo bilateral de apelación alternativo, con un plazo de resolución de 90 a 120 días y carácter vinculante para ambas partes. Panamá rechazó la propuesta. La diplomacia costarricense interpretó ese rechazo como otra señal de que la dilación era, precisamente, la estrategia panameña.
$100 millones de pérdidas y un mercado clausurado
Las consecuencias económicas del bloqueo no son abstractas. Al cierre de enero de 2026, el gobierno costarricense estimaba las pérdidas acumuladas en al menos $100 millones. La cifra incluye exportaciones frustradas, contratos cancelados, inversiones que no se realizaron y empresas que tuvieron que buscar mercados alternativos a costos significativamente más altos.
El sector más golpeado es el lácteo. Antes del bloqueo, Costa Rica exportaba el equivalente a 60.000 litros diarios de leche y derivados a Panamá, que era su segundo mercado de exportación para ese rubro. La Cámara Nacional de Productores de Leche ha calculado una pérdida anual de $40 millones solo en ese sector, lo que llevaría la cifra acumulada en cinco años a los $200 millones.
Hay 26 plantas costarricenses de productos lácteos y cárnicos que siguen sin habilitación para ingresar al mercado panameño. No se trata de microempresas: varias son grandes cooperativas y empresas agroindustriales que representan empleos directos en zonas rurales del país.
Como medida de reciprocidad, Costa Rica también bloqueó la certificación de plantas panameñas exportadoras —incluyendo empresas del Grupo Melo, carnes de Coclé y plantas de Nestlé— lo que agravó el deterioro comercial bilateral.
Seis meses de silencio
En noviembre de 2025, los presidentes Rodrigo Chaves y José Raúl Mulino se reunieron y dieron instrucciones explícitas a sus equipos de Comercio y Agricultura para resolver el diferendo. Fue un gesto político importante. No se tradujo en nada concreto.
Al inicio de 2026, Comex aguardaba todavía una contraoferta formal de Panamá que nunca llegó. En el Foro Económico CAF celebrado en Panamá en enero, el propio ministro Tovar señaló que Costa Rica estaba lista para negociar, pero que no había recibido señales claras de su contraparte.
El 24 de abril de 2026, Tovar hizo pública su frustración. En declaraciones recogidas por medios costarricenses y panameños, el jerarca de Comex acusó formalmente a Panamá de mantener un “embargo comercial” injustificado, calificó de “inexplicable” el trato recibido, y confirmó que San José no había recibido respuesta de las autoridades panameñas en seis meses. La Cámara Nacional de Productores de Leche emitió una declaración en la misma línea, denunciando el bloqueo arbitrario impuesto por el gobierno panameño.
La posición de Panamá
Las autoridades panameñas no han asumido públicamente la narrativa del “embargo”. Su postura oficial sostiene que las restricciones responden a normas sanitarias legítimas, y que el diálogo bilateral —no la OMC— es el mecanismo adecuado para resolver las diferencias.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Carlos Arturo Hoyos, llegó a caracterizar el diferendo como un “irritante menor” dentro de una relación bilateral estratégica. Esa expresión causó malestar en San José: para los productores costarricenses que han perdido cien millones de dólares en exportaciones, el conflicto no es menor ni es una molestia administrable.
Panamá también ha señalado que Costa Rica tampoco ha renovado los permisos de ciertas plantas panameñas, presentándose como víctima de represalias simétricas. Costa Rica reconoce esas medidas, pero las enmarca como respuestas proporcionales y temporales, no como la causa original del problema.
El contexto político: una herencia para Laura Fernández
El timing de las declaraciones de Tovar no es casual. Costa Rica se encuentra en un período de transición política: la presidenta electa Laura Fernández, ganadora de las elecciones de febrero de 2026, asumirá el cargo el 8 de mayo.
Hacer pública la denuncia del “embargo” en los últimos días del gobierno de Chaves cumple varias funciones simultáneas: presiona a Panamá en el escenario regional, moviliza a los sectores productores costarricenses afectados, y documenta ante la opinión pública el estado de la disputa.
Para el nuevo gobierno de Fernández, el reto es claro: o se logra una solución negociada con Panamá en los primeros meses, o Costa Rica tendrá que plantearse mecanismos de retorsión más agresivos, incluyendo la suspensión de concesiones arancelarias al amparo del fallo de la OMC que, aunque apelado, fue emitido a su favor.
Lo que está en juego más allá de los lácteos
El diferendo Costa Rica–Panamá importa más allá de los $100 millones en pérdidas. Es una prueba de estrés para la arquitectura del comercio multilateral en la región. Si un país puede resistir indefinidamente un fallo adverso de la OMC simplemente apelando ante un órgano disfuncional, el sistema pierde credibilidad como mecanismo de resolución de disputas.
Costa Rica ha demostrado tener paciencia estratégica: esperó años por el fallo, luego propuso mecanismos alternativos, luego aguardó respuestas que no llegaron. Pero la paciencia tiene límites prácticos, sobre todo cuando hay miles de empleos rurales y una industria láctea altamente competitiva dependiendo del acceso a un mercado que está, literalmente, al otro lado de la frontera.
El próximo capítulo de este diferendo lo escribirá el nuevo gobierno costarricense. La pregunta es si Panamá preferirá negociar antes de que Costa Rica decida que ya no queda mucho más que esperar.
