EscucharManagua. El gobierno y la oposición en Nicaragua esperan seguir dialogando este sábado para avanzar en la discusión sobre la democratización del país, tras alcanzar un acuerdo para invitar a organismos internacionales a investigar el deterioro en la situación de derechos humanos.
También acordaron crear una comisión que se encargará de analizar cómo levantar los bloqueos que los manifestantes instalaron en las principales carreteras del país para presionar al gobierno de Daniel Ortega a dejar el poder.
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Entre las propuestas de democratización formuladas por los obispos se incluye adelantar las elecciones de 2021 para marzo de 2019. Foto: AP
“Este sábado 16 inicia la discusión sobre la ruta de democratización”, escribió en Twitter el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, participante del diálogo.
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Entre las propuestas de democratización formuladas por los obispos se incluye adelantar las elecciones de 2021 para marzo de 2019.
El plan abarca trabajar en la separación de los cuatro poderes del Estado, actualmente controlados por aliados de Ortega, principalmente el Consejo Supremo Electoral.
Los obispos proponen que reformas constitucionales requeridas para adelantar los comicios entren en vigencia este año y que en ellas se elimine también la reelección presidencial, para impedir que se vuelva a postular Ortega, en el poder desde 2007.
“Reiteramos, como lo hemos expresado en todo momento, nuestra plena disposición de escuchar todas las propuestas e iniciativas dentro de un marco constitucional”, subrayó de su lado el mandatario.
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La sesión de diálogo se extendió el viernes por cerca de 12 horas y el acuerdo resultó sorpresivo, por cuanto en la sesión inicial del día anterior la delegación oficial había rechazado invitar a los organismos internacionales de derechos humanos.
Mientras se desarrollaban las conversaciones, al menos cuatro barrios capitalinos fueron atacados por paramilitares, al tiempo que se reportaron nuevos enfrentamientos en las ciudades de Juigalpa (este), Nindirí (sur) y Jinotepe (sur).
“Estamos sufriendo una ola de violencia que fue desatada por el gobierno, por las turbas (grupos armados)”, condenó Carlos Tünermann, uno de los representantes de la alianza opositora en el diálogo.
Sebastián Chamorro, uno de los delegados del sector privado, recordó que “el desmantelamiento de las fuerzas parapoliciales es una función del Estado”.
“Si continúa esta violencia, este diálogo va a ir muriendo poco a poco”, advirtió Chamorro.
El viernes, miles de nicaragüenses retornaron a sus actividades, tras un paro casi general el jueves que la oposición espera termine de convencer al mandatario de que el país quiere negociar un “cambio” por la vía pacífica.
Al menos 170 personas han muerto desde que estallaron las protestas antigubernamentales el 18 de abril, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Las últimas tres víctimas son dos manifestantes muertos en enfrentamientos ocurridos el jueves en el Caribe norte, y un abogado fallecido en Chinandega (noroeste).
“Es peor que la dictadura somocista lo que estamos viviendo”, condenó Argentina López, de 74 años, en el barrio San José Oriental. Dice estar preocupada por el futuro de sus siete hijos y 45 nietos.
Nicaragua vive un clima permanente de protestas que tiene bloqueadas sus principales rutas, con casi 900 “tranques” y barricadas en ciudades semiparalizadas desde que hace casi dos meses comenzaron las manifestaciones contra una fallida reforma de pensiones.
Las protestas se extendieron desde entonces como muestra de la disconformidad contra el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, con su esposa Murillo como vicepresidente y mano derecha, ambos señalados por la oposición de autoritarismo.
