El gobierno de Laura Fernández ya anunció varias medidas tributarias que pretende impulsar durante esta administración. Sin embargo, salvo una de ellas, ninguna de las propuestas tiene todavía un proyecto de ley conocido ni un diseño definitivo.
La agenda incluye desde una reducción de impuestos sobre los cigarrillos y un aumento de la carga tributaria sobre los vehículos eléctricos, hasta posibles cambios en el IVA de la canasta básica, el impuesto sobre la renta y la tributación de ciertas ganancias obtenidas en el extranjero.
Aunque el Gobierno sostiene que no propondrá “nuevos impuestos”, algunos de los cambios anunciados sí podrían aumentar la carga tributaria que pagan determinadas personas o empresas, ya sea mediante incrementos de tarifas, reducciones de exoneraciones o modificaciones en la forma de calcular los tributos.
El expresidente Rodrigo Chaves, actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, empezó a delinear ese paquete de medidas desde junio pasado. Sin embargo, con excepción del proyecto para reducir los impuestos del tabaco, el Ejecutivo todavía no ha presentado ni ha explicado con precisión la mayoría de los planteamientos hechos hasta ahora.
Algunas de las iniciativas, indicó la presidenta Fernández, incluso podrían presentarse hasta inicios de 2027.
Este es el estado de cada una de las medidas tributarias que el Poder Ejecutivo ha dicho tener sobre la mesa hasta este momento: lo que ya se conoce y las principales preguntas que siguen abiertas.
El detalle de las reformas
— Cigarrillos
El Gobierno ya presentó un proyecto de ley para reducir la carga tributaria sobre los cigarrillos.
Actualmente, la Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud (9.028) establece una tributación mínima del 85% sobre esos productos y la propuesta del Ejecutivo es eliminar esa disposición. Además, se derogaría una carga del 2,5% sobre el precio de venta que actualmente se destina al Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
Hacienda plantea esta reforma como una herramienta para combatir el contrabando. En la exposición de motivos del proyecto se sostiene que la actual carga tributaria incrementa “significativamente” el precio de los cigarrillos que ingresan legalmente al país, lo que les resta competitividad frente a los que ingresan de forma ilegal.
Chaves también aseguró en una entrevista con Telenoticias que el Gobierno promovería reformas similares para las bebidas alcohólicas. Sin embargo, hasta ahora no ha presentado ninguna iniciativa en ese sentido. El Gobierno únicamente comunicó que se buscaría establecer un impuesto único que simplifique la administración tributaria.
— Carros eléctricos
El ministro Chaves anunció en esa misma entrevista con Telenoticias, el pasado 22 de julio, que el Gobierno aumentaría el impuesto selectivo de consumo a los vehículos eléctricos.
“Firmé hoy el decreto que los carros eléctricos van a pagar una tasa de impuesto selectivo de consumo más alta de lo que están pagando”, declaró.
Con el decreto, la tarifa actual pasa a ser de un 7,5% desde la importación.
En la práctica, se trata de un incremento que ya estaba previsto en la Ley de Incentivos al Transporte Verde, aprobada en 2022. Esta reforma estableció una exoneración total del ISC durante los primeros tres años y dispuso que, posteriormente, la tarifa aumentaría un cuarto cada tres años hasta alcanzar la tarifa regular, que hoy es del 30%.
El impuesto selectivo de consumo grava los bienes considerados como no esenciales; entre ellos, los vehículos. Hacienda también plantea reformar la ley de este gravamen, pero a “mediano plazo”.
— Canasta básica
El Gobierno también anunció que analiza modificar la tarifa reducida del impuesto al valor agregado (IVA) que pagan los bienes de la canasta básica. Actualmente, esos productos pagan un 1% en lugar del 13%.
Según el Ejecutivo, ese tratamiento beneficia por igual a hogares de altos y bajos ingresos, lo cual resta eficiencia al tributo.
Chaves dijo que la intención del Gobierno es aumentar la tarifa para las personas de mayores ingresos —a quienes llamó “emperifollados”— y mantener el beneficio para los hogares más pobres. Sin embargo, todavía no ha explicado cómo se identificaría a cada contribuyente ni cuál sería el mecanismo para aplicar esa diferenciación.
En su entrevista con Telenoticias, Chaves señaló que no considera adecuado cobrar un 13% a los hogares de los primeros dos quintiles de ingreso; es decir, al 40% más pobre de la población. Sobre el tercer quintil —el 20% de ingresos intermedios— aseguró que el Gobierno aún no ha tomado una decisión. “La pregunta es qué pasa con el tercer quintil, la clase media, y eso es lo que estamos analizando”, comentó.
El ingreso per cápita de los dos primeros quintiles no supera los ¢240.000 por integrante del hogar. En el tercer quintil, va de los ¢240.000 a los ¢395.000 por persona.
En otra entrevista televisiva en canal Opa, este 29 de julio, Chaves aseguró que “el rico debe pagar como rico”, “la clase media como clase media” y “el pobre como pobre”.
Como una de las alternativas, Chaves planteó utilizar la información del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) para devolver el dinero pagado por concepto de IVA a las personas que viven en pobreza y pobreza extrema. Dijo que las personas podrían presentar su cédula en los negocios y que así se podría aplicar un descuento inmediato. No obstante, apenas lo sugirió como una opción.
La tarifa reducida de la canasta básica constituye el segundo mayor beneficio tributario del país, solo por debajo de las zonas francas. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, aplicar un 1% en lugar del 13% del IVA representa una renuncia tributaria cercana al 1% del producto interno bruto (PIB), equivalente a unos ¢540.000 millones en 2026. Para poner la cifra en contexto, ese monto equivale al presupuesto anual del Poder Judicial.
— Rentas en el exterior
Consultado por La Nación durante una conferencia de prensa del pasado 22 de julio sobre las medidas fiscales que presentará el Gobierno, Chaves indicó que buscará gravar rentas obtenidas en el exterior cuando provengan de recursos generados en Costa Rica.
La propuesta revertiría una decisión adoptada por la Asamblea Legislativa anterior que modificó la legislación para impedir que el Ministerio de Hacienda aplicara ese criterio de tributación.
Durante su anterior administración, Chaves y su entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, cuestionaron ese cambio legal, al sostener que permite que determinadas ganancias de capital —utilizadas principalmente por bancos y otras entidades financieras— permanezcan exentas del impuesto sobre la renta.
El Gobierno todavía no ha explicado el detalle de todas las rentas que quedarían sujetas al impuesto, quiénes serían los contribuyentes afectados ni cuál sería el alcance específico de la reforma.
— Renta global
En esa misma conferencia, Chaves también adelantó que el Gobierno impulsaría una nueva reforma para acercarse a un modelo de renta global. Aunque no utilizó ese término, planteó que distintos tipos de ingresos —por servicios profesionales, alquileres y otras ganancias de capital— deberían integrarse para calcular una sola carga tributaria.
Actualmente, esos ingresos tributan por separado, lo que puede dar lugar a tasas efectivas menores que si se sumaran en una única base imponible.
Chaves ya impulsó proyectos de renta global durante su administración. Sin embargo, no avanzaron en una Asamblea Legislativa dominada entonces por la oposición. Ahora, con 31 diputados oficialistas de un total de 57, el panorama político luce más favorable para el Ejecutivo.
El ministro utilizó el ejemplo de una persona física al explicar la propuesta, pero no aclaró si la reforma también abarcaría a las personas jurídicas ni cuáles serían las tarifas o el diseño definitivo del nuevo esquema.
— Sinpe
A diferencia de las demás medidas, Chaves ha insistido en que el Gobierno no impulsará un impuesto sobre las transferencias realizadas mediante el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe).
Según ha explicado, la intención es fortalecer los controles tributarios para identificar las transacciones comerciales que se realizan por medio de esa plataforma y verificar que los impuestos correspondientes sean declarados y pagados correctamente.
En la actualidad, se sospecha que múltiples comercios y profesionales independientes reciben pagos mediante Sinpe, pero no emiten facturas ni reportan esos ingresos a Tributación, lo cual les permite evadir el pago de impuestos o trasladar ese beneficio a los consumidores mediante precios más bajos que configuran una forma de competencia desleal frente a quienes sí cumplen con sus obligaciones tributarias.
Hasta el momento, el Gobierno solo ha dicho que se fijará la obligación de que los contribuyentes reporten el número telefónico asociado a Sinpe Móvil si lo utilizan para su giro comercial.
Con excepción del proyecto para reducir los impuestos a los cigarrillos y el aumento de impuestos a los vehículos eléctricos, que ya estaba programado, el resto de las iniciativas siguen en fase de anuncio. El Gobierno ha adelantado objetivos generales y algunas líneas de trabajo, pero todavía quedan múltiples preguntas abiertas sobre el detalle técnico, los alcances y el impacto para las arcas públicas.
Según el Ejecutivo, tomar acciones es urgente para evitar un “escenario catastrófico”, en el que el endeudamiento volvería a dispararse y se podría acercar a un 70% para inicios de la próxima década.
