EscucharEl expresidente Rodrigo Chaves, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, confirmó que el gobierno de la presidenta Laura Fernández analiza eliminar la exoneración parcial del IVA de la que gozan los productos de la canasta básica, por los cuales se paga una tasa reducida del 1% en lugar del 13% general. Según señaló, se tomarían medidas para no afectar a los hogares de menores ingresos.
La posibilidad revive uno de los debates tributarios más sensibles en la Costa Rica de los últimos años: el impuesto sobre la lista de bienes esenciales.
Los productos de la canasta básica estuvieron exentos de cualquier impuesto hasta el año 2018, cuando se aprobó la reforma fiscal más reciente y se creó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que llegó para sustituir al viejo Impuesto de Ventas. Como parte de ese cambio se incluyó un nuevo tributo del 1% para la canasta, después de meses de negociaciones y protestas en las calles.
Desde entonces, han sido múltiples las recomendaciones de organismos internacionales para elevar esa tarifa, cuyo potencial recaudatorio es significativo.
Sin embargo, también han sido numerosas las voces de detractores, que critican el impacto que tendría sobre el precio de los bienes de primera necesidad y las poblaciones más vulnerables.
¿Desde cuándo existe el IVA a la canasta básica?
El IVA a los productos de la canasta básica nació con la reforma fiscal de 2018, impulsada por los gobiernos de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado.
El proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas inicialmente mantenía la exoneración cuando se presentó en 2017, pero luego se incorporó una tasa reducida para la lista de bienes prioritarios durante la discusión legislativa.
El tamaño de la tasa fue objeto de un intenso debate y de múltiples votaciones en el Congreso de aquel momento. El gobierno de Carlos Alvarado abogaba por cobrar un 2%; sin embargo, apenas logró el respaldo suficiente para incorporar un 1%.
¿Por qué se habla de una exoneración?
Aunque la canasta básica ya paga IVA desde 2018, sigue gozando de una exoneración parcial. Mientras la tarifa general del impuesto al valor agregado (IVA) es de un 13%, los productos de la canasta solo pagan un 1%.
Esa diferencia de 12 puntos porcentuales implica un beneficio para los contribuyentes.
La canasta básica tributaria está conformada por más de 230 productos que van desde alimentos hasta artículos de higiene personal, de limpieza y escolares. Su elaboración la tiene que realizar el Ministerio de Hacienda en coordinación con el Ministerio de Economía, y debe basarse en “el consumo efectivo de bienes y servicios de primera necesidad” de los hogares de menores ingresos.
En 2020 se aprobó una ley que añadió al Ministerio de Salud dentro del proceso de confección de la lista, con el objetivo de evaluar el “valor nutricional” y el impacto en la salud de los bienes incluidos.
¿Qué dijo Chaves?
Chaves afirmó este 15 de julio que el gobierno de la presidenta Laura Fernández estudia eliminar la tarifa reducida del 1%, aunque solo para “los emperifollados”. De esa forma, se refirió a las personas de mayores ingresos.
“Lo que estamos hablando de la canasta básica es simplemente quitarle la exención a los emperifollados... nada más”, aseguró.
No es la primera vez que Chaves habla sobre esa idea. Durante la campaña presidencial de 2022, el entonces candidato realizó una afirmación similar en una entrevista con EF, aunque finalmente no impulsó cambios como mandatario.
El expresidente y ministro ahora asegura que el gobierno de Laura Fernández no se plantea crear un impuesto nuevo ni elevar la tarifa por encima del 13%. No obstante, quitar la exoneración implicaría que los consumidores terminaría pagando más por los productos de la canasta, independientemente de cualquier discusión semántica.
¿Cómo se cobraría solo a los más ricos?
Para que un aumento de la tasa que pesa sobre la canasta básica solo termine afectando a los hogares de mayores ingresos, como sugiere Chaves, tendría que existir algún mecanismo que sirva para compensar el impuesto a las familias de menores recursos.
Hasta ahora, el Gobierno no ha explicado cómo funcionaría ese sistema en caso de que se suba el impuesto.
Entre las posibilidades están las devoluciones por medio de transferencias directas, los descuentos en el momento de la compra por medio de la identificación de los beneficiarios o el fortalecimiento de los programas sociales de lucha contra la pobreza.
Durante la discusión del plan fiscal de 2018, el Ministerio de Hacienda aseguró que el mecanismo más sencillo para hacer una compensación de este tipo era elevar el financiamiento de los programas sociales. Según indicó la cartera, los montos de las transferencias o las devoluciones podían resultar “ínfimos” para los beneficiarios y aplicarlos también implicaría costos adicionales para la Hacienda pública.
Uno de los principales voceros de Hacienda en aquel momento era el viceministro Nogui Acosta, quien hoy es jefe de fracción del oficialismo en el Congreso.
Finalmente, el plan fiscal de 2018 incluyó una medida transitoria de “compensación”. Hacienda tenía que presupuestar “el monto necesario” para resarcir el efecto del IVA sobre la canasta básica y financiar “programas de atención de la pobreza” con esos recursos.
Además del costo administrativo, las devoluciones directas son difíciles por otros motivos. Uno de ellos es que implicaría definir y diferenciar adecuadamente entre las personas de menores y mayores ingresos, sin generar exclusiones ni filtraciones.
En un reciente evento organizado por el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), Acosta habló positivamente sobre una iniciativa que se aprobó en octubre de 2024. Ese proyecto habilitó devoluciones del IVA “personalizadas” por medio del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
Rodrigo Chaves señaló en una reciente entrevista con Telenoticias, este 22 de julio, que se podría emplear la información del Sinirube para realizar descuentos inmediatos del impuesto a las poblaciones más vulnerables en los propios comercios, aunque lo señaló solo como una opción. Según el jerarca, “la tecnología existe” y el Ministerio esta “trabajando” para definir un modelo definitivo.
Sobre cuáles serían las poblaciones afectadas con el tributo, indicó que todavía no hay una decisión definitiva. Se contemplan los quintiles de mayores ingresos y todavía no se sabe qué hacer con “la clase media”.
¿Por qué se analiza ahora?
El Gobierno se plantea subir la tasa del IVA a la canasta básica como parte de un nuevo “plan fiscal”, en vista de que sus propias proyecciones anticipan una desaceleración de la recaudación tributaria durante los próximos años que volvería a presionar las finanzas públicas.
En ese contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recientemente recomendó al país revisar sus exoneraciones fiscales, entre ellas, la tarifa reducida del IVA para la canasta básica.
Además del Fondo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado en informes recientes sobre Costa Rica que el país debería “optimizar” sus tarifas reducidas del IVA. Según el organismo internacional, esas reducciones muchas veces resultan “ineficientes” porque los hogares de mayores ingresos son los que tienen mayor capacidad de consumo y, por tanto, los que terminan viéndose más beneficiados.
La insistencia de entidades como el FMI o la OCDE no es casual. La tarifa reducida de la canasta básica representa la segunda exoneración más significativa de todas las que existen en Costa Rica, solo por debajo de las zonas francas.
Hacienda calcula que todas las exenciones tributarias equivalen a un 4,1% del PIB y, de ellas, un 1,4% corresponde a zonas francas y otro 1% a la reducción del IVA sobre los productos esenciales.
Además de la exoneración sobre la canasta básica, la OCDE también ha sugerido a Costa Rica revisar las tasas reducidas del IVA de las que gozan los servicios privados de salud y de educación, que juntas representan un 0,3% del PIB, según las estimaciones oficiales.
¿Por qué es tan controversial?
Hablar de impuestos sobre los productos de la canasta básica siempre es controversial por su altísimo potencial recaudatorio y también por sus implicaciones sociales.
Desde el punto de vista fiscal, la recaudación que se podría conseguir es enorme.
El 1% del PIB que se deja de recaudar con la tarifa reducida actual representaba unos ¢500.000 millones al 2024 (¢540.000 millones, con base en el PIB estimado de 2026).
¢500.000 millones representan más del 8% del Presupuesto Nacional, sin contar el pago de la deuda y las pensiones; es apenas inferior al presupuesto de todo el Poder Judicial; y es 12 veces superior al plan de gastos de la Presidencia de la República y 24 veces al de la Contraloría General de la República.
Por el lado social, sin embargo, el propio Ministerio de Hacienda explicó en su más reciente Informe de Estimación del Gasto Tributario, publicado en 2025, que la exoneración es “una medida esencial para mitigar la desigualdad económica y proteger a los más vulnerables”.
Según redactó, su eliminación golpearía “desproporcionadamente” a los hogares de los primeros deciles de ingreso, “dificultando su capacidad para satisfacer necesidades básicas”.
La discusión del impuesto ya provocó fuertes tensiones durante la reforma fiscal de 2018 y, ocho años después, la administración de Laura Fernández quiere reabrir el debate. A su favor, tiene una mayoría de diputaciones oficialistas en el Congreso que no tuvo ningún gobierno en lo que va de este siglo.
