EscucharEl Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 2026 ofrece un pequeño respiro para la mayoría de los trabajadores del sector público, tras varios años de tener sus salarios congelados –desde 2022– por causa de la regla fiscal. Un respiro pequeño y, además, incierto.
Dicho proyecto, presentado este 1°. de septiembre por el Ministerio de Hacienda, establece que todas las entidades deberán incorporar en su previsión anual de remuneraciones y contribuciones sociales un ajuste de hasta ₡10.000 por concepto de incremento por costo de la vida.
Sin embargo, ese monto debe entenderse como una provisión presupuestaria, no como un aumento automático o definitivo, según lo aclaró el viceministro de egresos, Luis Antonio Molina, ante una consulta de El Financiero.
Es decir, el ajuste solo se aplicaría si se emite un decreto oficial que lo autorice para el periodo correspondiente, luego de los lineamientos de política salarial del sector público.
Para que este ajuste pueda ser aplicado, será indispensable que se publique una política salarial oficial y se cree una comisión técnica conformada por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, la Dirección de Servicio Civil y el Ministerio de Planificación (Mideplan), para analizar en qué casos procede el aumento y bajo cuáles condiciones, explicó.
Además, este aumento se aplicaría únicamente al salario base de los puestos regidos por la escala de salarios compuestos, siempre que, “al momento de la entrada en vigor del incremento, con este ajuste no sobrepasen el monto de referencia del salario global establecido para cada clasificación”. Así lo establece la exposición de motivos del proyecto presentado por Hacienda.
“Esto quiere decir que el recibir salario compuesto no garantiza el ajuste, ya que este depende de que el nuevo monto no exceda el salario global de referencia”, explicó Molina.
Según dijo, lo señalado en la exposición de motivos guía la elaboración del aumento en la parte presupuestaria, de modo que el ajuste está limitado por un tope (el salario global de referencia). Si al aplicar el ajuste de ₡10.000 el salario compuesto supera ese monto de referencia, el ajuste no se aplicaría.
Por ejemplo, suponiendo que el salario global de referencia para una categoría es de ₡800.000: una persona con salario compuesto de ₡795.000 no podría recibir el ajuste de ₡10.000, ya que el nuevo salario sería ₡805.000, superando el tope; por lo tanto, no se aplicaría.
En el mismo caso, si el salario compuesto de la persona fuese de ₡789.000, el ajuste llevaría el salario a ₡799.000, sin superar el tope, por lo que sí se aplicaría.
El salario “compuesto“ consiste en un monto base al cual se le añade una serie de componentes, tales como anualidades, carrera profesional, dedicación exclusiva, recargos, zonaje y otros incentivos específicos.
Por el contrario, el salario global es un esquema de pago que establece un monto único que el funcionario recibe por su trabajo.
Mayoría son compuestos
El proyecto de presupuesto presentado por Hacienda para 2026 asciende a ₡12,8 billones, un aumento de 3,1% en comparación con el presupuesto de este 2025.
Una de las principales partidas es la de remuneraciones, por ₡3.1 billones, para financiar un total de 154.723 puestos.
Alrededor del 87% de los puestos del sector público se encuentra en la categoría de salarios compuestos. Es decir, unas 134.487 personas podrían resultar beneficiadas con el aumento si estuviesen dentro del tope establecido.
Mientras tanto, 20.236 funcionarios que están en puestos con salario global quedarían definitivamente por fuera del ajuste.
En la mayoría de las entidades del sector público, al menos un 50% de los puestos se encuentra en la clasificación de salarios compuestos.
A continuación se muestra la lista de las 10 instituciones que poseen más funcionarios en total y el respectivo porcentaje de puestos con salario compuesto. En total, el proyecto de ley incluye 24 entidades.
Las únicas entidades que tienen más puestos con salario global –porcentualmente– son el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con un 78% de sus puestos en esa categoría; la Contraloría General de la República (CGR), con un 73,8%, y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con 51,6%.
Efecto de la regla fiscal
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635), que entró en vigor en julio de 2019, estableció que cuando la deuda soberana supera el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) —como lo hizo en los últimos años—, las remuneraciones del sector público no pueden recibir incrementos por costo de vida.
En consecuencia, entre febrero de 2020 y enero de 2025 los ingresos reales del sector público se redujeron en un 12,29%. Esto significa que la inflación durante dicho periodo superó en ese porcentaje al crecimiento de las remuneraciones, tal como lo explicó El Financiero en un reportaje de marzo pasado, con base en datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
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Según el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, el aumento salarial en 2026 sería posible gracias a la reducción de la deuda pública.
Entre diciembre de 2022 y junio de 2025, la deuda del Gobierno Central se redujo 5,6 puntos porcentuales (p.p.), al pasar de 63,0% del PIB a 57,4% del PIB.
Así, el proyecto de presupuesto para 2026 contempla un crecimiento de gasto corriente del 4,63% respecto al 2025.
El proyecto incluye 1.548 puestos nuevos para el sector público, la mayoría de ellos en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Ministerio de Educación Pública (MEP), con 934 y 396 puestos respectivamente.
Al mismo tiempo se eliminan 100 puestos, 42 de ellos en el MEP y el resto en otras entidades.
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Según otro informe reciente de EF, solo un 22% de los trabajadores asalariados en el país labora en instituciones públicas.
Con base en datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), a junio de 2024, se deduce que hasta un 44% de los empleados de las instituciones autónomas y hasta un 49% de los empleados del Gobierno Central ganan más de ¢1 millón mensuales.
