Un proyecto de ley permitiría reducir el monto de muchas de las deudas que trabajadores independientes tienen con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Se trata del proyecto de Ley del Trabajador Independiente (21.434), el cual reduciría a cuatro años el plazo de prescripción que aplica la Caja sobre las deudas de trabajadores independientes que no formalizaron sus operaciones a tiempo o que estaban inscritos pero no cotizaron en algunos períodos. El lapso de prescripción es actualmente de hasta los 10 años y eso aumenta los montos que puede cobrar la institución.
Esta situación pretende que más personas se acerquen a la Caja, se sumen a la cobertura de sus seguros y coticen para ellos.
Tener deudas con la Caja implica perjuicios como la imposibilidad de cotizar para una pensión, acceso a los servicios médicos o hasta ser sujeto de crédito, según Joseph Ugalde, de la asociación Borrón y Cuenta Nueva, que asesora a trabajadores independientes con obligaciones pendientes ante el seguro social. Sin embargo, muchas de esas personas se ven obligadas a continuar en la informalidad o como morosos, pues el pago de deudas que a veces pueden ser millonarias desincentiva los procesos de rectificación.
La iniciativa de ley ya se aprobó en primer debate, el 12 de diciembre pasado, con el voto favorable de los 48 legisladores presentes en el Congreso ese día. No obstante, 10 diputados del Frente Amplio (FA) y del Partido Liberación Nacional (PLN) enviaron el texto a consulta de la Sala Constitucional y pausaron su votación definitiva. En esa consulta, los legisladores cuestionaron a los magistrados constitucionales si la propuesta viola la autonomía de la Caja o su principio de cobertura universal, entre otros preceptos.
¿Qué cambiaría el proyecto?
La Caja actualmente realiza cobros retroactivos por hasta 10 años cuando detecta que trabajadores independientes realizaron actividades lucrativas, pero no cotizaron a la institución como autónomos. Estos cobros además implican intereses, multas y recargos, como las facturas por servicios médicos que eventualmente hayan recibido las personas por parte del seguro social estando morosos.
La detección de esas deudas es especialmente común cuando estas personas se acercan a la entidad para formalizar sus actividades personales, lo cual puede ser esencial para multiplicidad de trámites, proyectos de expansión y hasta para participar en concursos públicos estatales.
El proyecto de ley en discusión cambiaría la magnitud de esos cobros retroactivos. Impondría un plazo máximo de cuatro años para estimarlos, en lugar de 10 años.
El plazo de cuatro años sería general para nuevos trabajadores independientes y para aquellos que ya laboran como autónomos, pero no se han inscrito. Estos segundos incluso tendrían un plazo de hasta 24 meses para ponerse en orden, a partir de la entrada en vigencia de la ley, “tanto para deudas nacidas antes de la entrada en vigor de la presente ley, como las nacidas durante ese plazo”.
Luego de esos 24 meses, se aplicaría un plazo de prescripción de 10 años en los casos en los cuales los trabajadores independientes actuales no se hayan inscrito del todo ante la Caja, se hayan inscrito pero incumplan sus declaraciones, o las presenten con datos falsos.
La iniciativa de ley la presentó en el cuatrienio pasado el exdiputado Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Él considera que su aprobación sería crucial ahora, pues ya la Caja aplica una condonación de intereses, multas y recargos para trabajadores independientes (aunque esta no incluye las facturas por servicios médicos); y ambas iniciativas podrían tener un efecto más sólido en conjunto para atraer a más cotizantes a la Caja, aumentar los niveles de ingreso del seguro social y brindar mayor protección a los hasta ahora morosos.
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¿Por qué se discute si es inconstitucional?
La Sala Constitucional determinó en 2021 que la cotización al seguro de salud es “indefectible en aras de la universalización de los seguros sociales y su sostenibilidad”, pero “sin perjuicio de la prescripción que resulte aplicable en respeto al principio de seguridad jurídica”.
Por eso, los diputados consideran que el proyecto de ley solo viene a llenar un vacío jurídico y a facilitar la inscripción de nuevos cotizantes.
Sin embargo, 10 diputados firmaron una consulta a la Sala Constitucional sobre el tema. Ellos fueron los frenteamplistas Jonathan Acuña, Sofía Guillén, Ariel Robles, Priscilla Vindas, Antonio Ortega y Rocío Alfaro, así como los liberacionistas Pedro Rojas, Rosaura Méndez, Dinorah Barquero y Gilberth Jiménez.
En el texto que enviaron a la Sala, los legisladores reconocen la intención de brindar seguridad jurídica que tiene el proyecto. Sin embargo, manifiestan dudas sobre varios elementos de la iniciativa.
Entre ellas, los congresistas cuestionan si el proyecto se extralimita en algunos mandatos que hace a la Caja, una institución que es autónoma de gobierno y administración.
“La decisión de condonar deudas con la seguridad social bajo el método de cambiar los plazos de prescripción de forma retroactiva, además de violar la autonomía de la CCSS (ilegitimidad), demuestra que es una medida completamente desproporcionada e irrazonable, porque no cuenta con la información mínima necesaria que les permita saber el impacto que tendrá”, indica el texto.
En ese sentido, citan el criterio 2777-2022 de la Gerencia Financiera de la Caja sobre el proyecto, según el cual el proyecto de ley podría tener un impacto de entre ¢72.030 millones y ¢288.118 millones en las cuentas por cobrar del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), dependiendo de los escenarios de respuesta de la población al cambio reglamentario. Las estimaciones las realizó la Dirección Actuarial y Económica del seguro social.
Esos impactos, indican los diputados, también podrían afectar derechos de las demás personas cotizantes y de los propios trabajadores independientes, como tener una pensión o un seguro de salud debidamente financiados.
El proyecto de ley establece que los montos adeudados que se declaren prescritos no tendrían que generar derechos al contribuyente (por ejemplo, sumar cuotas para una eventual pensión); sin embargo, también se duda sobre la constitucionalidad de que los trabajadores independientes renuncien a ese derecho por la prescripción de las cuotas no pagadas.
¿Qué sigue?
La consulta de constitucionalidad que mantiene en freno el trámite del proyecto se presentó el 15 de diciembre pasado. Desde entonces, los magistrados constitucionales tienen hasta 30 días hábiles para dar una respuesta sobre la constitucionalidad del proyecto.
Dicho plazo se cumpliría en las próximas semanas, aunque existen ocasiones en que los altos jueces toman más tiempo para redactar su fallo.
Además, el proyecto de ley solo se puede votar en segundo debate hasta que la Sala Constitucional envía su resolución completa al Congreso: un proceso que usualmente implica más tiempo todavía.
Por otra parte, si se detectan problemas de constitucionalidad, el texto puede quedar comprometido o con la necesidad de reformarse.
Según el exdiputado Pedro Muñoz, el proyecto es solo parte de una larga serie de cambios que debería aplicar la Caja para mejorar su sistema y promover la formalización de más cotizantes. Por ejemplo, él considera que la Caja debe flexibilizar la declaración de ingresos reales de los trabajadores independientes (los cuales actualmente deben cotizar a partir de una estimación fija de ingresos, a pesar de que reciben diferentes montos cada mes). Además, señala que se deberían de equiparar los porcentajes cotización de los trabajadores independientes con los de trabajadores asalariados (que en algunos casos son menores, dependiendo del ingreso que registren los trabajadores autónomos).
