De forma presencial o remota, cerca de 60.000 costarricenses se levantan cada día con el objetivo de atender llamadas en su centro de trabajo hasta el fin de su jornada laboral.
Detrás de ese número estimado por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) hay hogares que subsisten gracias al salario que reciben estos colaboradores de call centers, mientras que las carreras universitarias y financiamiento educativo de otros dependen en buena medida de este trabajo.
Las empresas transnacionales de Estados Unidos encontraron en Costa Rica la oportunidad de establecer parte de sus operaciones para agilizar procesos, reducir costos y aumentar el alcance de sus ganancias, así como colaborar para la generación de empleo, especialmente en Latinoamérica.
Bajo otra luz, la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, busca con premura fortalecer su sistema económico y concentrar las actividades comerciales dentro de su territorio.
Por eso, una nueva iniciativa presentada ante su Congreso el 29 de julio pretende cambiar la realidad actual de estas empresas: el proyecto de ley Keep Call Centers in America (mantener los centros de llamadas en Estados Unidos) aplicaría una serie de medidas a aquellos centros que decidan emplear otros países.
Impedimento para solicitar préstamos y una “lista negra”
El proyecto indica que cualquier empleador deberá notificar con al menos 120 días de anticipación si planea reubicar un centro de llamadas fuera del país o contratar servicios en el extranjero. De no hacerlo, enfrentará multas que podrían alcanzar los $10.000 por cada día de violación.
Además, el Departamento de Trabajo mantendrá una lista pública de las empresas que opten por trasladar sus operaciones fuera del territorio estadounidense, donde permanecerán registradas hasta por cinco años.
Quienes se encuentran en dicha lista perderán acceso a préstamos garantizados y subvenciones federales durante ese mismo plazo. De igual forma, si alguna compañía recibe apoyo financiero bajo condiciones especiales, se le cancelará en caso de no cumplir con varios requisitos en un plazo de 180 días.
Para una empresa que trasladó su propio centro de llamadas al extranjero, el requisito es demostrar que ha traído de vuelta un centro de llamadas a suelo estadounidense y que este nuevo centro emplea a un número de personas igual o mayor al que tenía la operación que se trasladó fuera del país.
Para una empresa que subcontrató el servicio a un proveedor en el extranjero, el requisito es demostrar que ha modificado el contrato para exigir que todos los empleados que realizan el trabajo del centro de llamadas estén ahora ubicados físicamente dentro de los Estados Unidos.
El proyecto de ley también establece consecuencias para las empresas que ya reciben apoyo financiero federal y son añadidas a la lista. En ese caso, la compañía no solo dejará de recibir futuros desembolsos, sino que deberá pagar una multa mensual equivalente al 8,3% del total de la subvención o préstamo que se le haya entregado hasta ese momento. Si la empresa permanece en la lista durante un año, la ayuda financiera será cancelada por completo.
El proyecto también introduce medidas de transparencia frente a los consumidores. En primera instancia, los trabajadores de servicio al cliente tendrán que revelar desde el inicio de la llamada su ubicación física y, en caso de encontrarse en el extranjero, el cliente tendrá derecho a solicitar atención inmediata de un agente basado en Estados Unidos.
Del mismo modo, si la comunicación se realiza por medio de inteligencia artificial, las empresas estarán obligadas a informarlo y garantizar la opción de transferencia a un operador humano dentro del país.
El Gobierno Federal reforzará el control sobre el sector mediante certificaciones anuales a cargo de la Comisión Federal de Comercio, que verificará el cumplimiento de las disposiciones.
Por lo tanto, las infracciones serán tratadas como prácticas injustas o engañosas bajo la Ley Federal con sanciones equivalentes a las de otros sectores y, de aprobarse, la normativa entrará en vigor un año después de su promulgación.
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Estado de la iniciativa
En una entrevista con este medio, el presidente de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham), Juan Carlos Chavarría, reconoció que la iniciativa despierta preocupación en el sector de servicios y centros de llamadas en Costa Rica, pero pidió evitar la alarma.
“Debemos monitorear de cerca el avance del proyecto, pero es importante recordar que no es la primera vez que aparece una propuesta de este tipo y en el pasado ninguna ha prosperado hasta su aprobación final”, afirmó.
Según explicó, el texto legislativo aún se encuentra en una etapa incipiente, pues apenas fue presentado, no tiene audiencias programadas y carece de definiciones claras sobre su alcance.
Consultado sobre la posibilidad de que Costa Rica logre una consideración de las eventuales sanciones previstas en el proyecto de ley, consideró que sería un proceso complejo.
“Normalmente, las legislaciones de este tipo tienen aplicación general, sin excepciones. Eventualmente, podría explorarse alguna vía de negociación, pero dependerá de la relación estratégica que mantengan las empresas con el país”, explicó.
Además, muchos centros instalados en Costa Rica no solo atienden al mercado estadounidense, sino también a Latinoamérica y otras regiones, lo que refuerza el costo-beneficio para las empresas de hacer frente a eventuales consideraciones adicionales.
La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras), a consulta de El Financiero, aseguró que son conscientes de las implicaciones que conllevaría la aprobación de esta ley para el país, pero coinciden con AmCham en que su etapa temprana todavía no permite encender alarmas.
Entretanto, mantienen atención sobre el avance para tomar las medidas que esto amerite, pero concentran sus esfuerzos en los “factores de competitividad que sí se pueden controlar”.
Si se aprueba el proyecto, ¿cuál sería su proceso?
El abogado, economista e investigador académico, Luis Olivares, detalló el proceso legislativo que debe seguir el proyecto de ley estadounidense Keep Call Centers in America Act.
“El proyecto fue presentado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 12 de agosto por los legisladores Brian Fitzpatrick y Kristen McDonald Rivett y remitido a cuatro comités: Energía y Comercio, Educación y Fuerza Laboral, Reforma del Gobierno y Servicios Armados”, explicó.
Paralelamente, en el Senado, el texto fue introducido el 29 de julio por los senadores Rubén Gallego y Jim Justice para posteriormente ser remitido a la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte.
Cada comité podrá realizar audiencias, estudios, debates y enmiendas, un proceso que puede extenderse de dos a tres meses por cada agrupación.
“La división entre múltiples comités puede alargar los tiempos, porque cada uno evalúa según su competencia temática y puede emitir informes separados o consolidados”, señaló.
Estos informes serán la base para la votación en el pleno de la Cámara o del Senado. Después, si ambas cámaras aprueban textos idénticos, el proyecto avanza directamente al presidente, en este caso Donald Trump.
De existir diferencias, se formará un comité de conciliación para generar una versión común que luego deberá ser aprobada nuevamente por ambas cámaras. Finalmente, el presidente puede firmar la ley, vetarla o no actuar, aunque la promulgación suele concretarse diez días después si el Congreso está en sesión.
Olivares precisó que, de convertirse en ley, el proyecto tendría un impacto escalonado, puesto que las disposiciones sobre listas públicas, penalizaciones y preferencias entrarían en vigor un año después de la promulgación.
Por otro lado, las normas relacionadas con consumidores, inteligencia artificial y transferencia de información también se aplicarían tras un año, pero solo cuando se emitan las regulaciones necesarias.
Un intento de combatir el efecto arancelario
El especialista en comercio de la Universidad Nacional (UNA) Vinicio Sandí señaló que la discusión sobre la relocalización de los centros de llamadas en Estados Unidos no puede entenderse únicamente como un asunto aislado, sino dentro de un marco más amplio de reactivación económica interna.
Para sostener el efecto en el consumo que decisiones como la imposición de aranceles, advirtió, es necesario que se generen empleos en Estados Unidos, lo que permitiría a la población tener capacidad de compra aún frente a productos más caros.
“En zonas como Arizona y Virginia, un salario de entre $1.000 y $2.000 en un centro de llamadas puede representar un ingreso suficiente para dinamizar el consumo y generar efectos multiplicadores en la economía”, comenró.
De esta forma, el gobierno estadounidense pretende asegurar una mayor cantidad de empleos dentro en su territorio. Y aunque por el momento se trata de una iniciativa en fase temprana que puede tener un futuro tanto de aprobación como de rechazo, sus inminentes consecuencias en los centros de llamadas en Costa Rica no pasan desapercibidas.
