EscucharLa Comisión Nacional de Emergencias (CNE) incluyó 38 centros educativos, entre escuelas y colegios, en su más reciente declaratoria de 2.500 obras de infraestructura en condición de “riesgo inminente” a desastres en todo el país.
Por “riesgo inminente”, dice la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (8.488), se entiende la “probabilidad irrefutable, por evidencia comprobada por una inspección de campo o por observaciones y estudios técnicos y científicos, de que ocurrirá una emergencia en un plazo predecible, de no tomarse medidas correctivas”. Es decir, observó el presidente Rodrigo Chaves este 9 de noviembre en conferencia de prensa, se trata de riesgos comprobados que podrían implicar “la muerte de gente si no se actúa inmediatamente”.
En total, las autoridades incluyeron 38 centros educativos amenazados por diversos motivos. Fallos eléctricos, problemas de construcción estructurales, inundaciones y hasta amenaza de deslizamientos fueron parte de las justificaciones, de la siguiente manera:
De los 38 centros, solo seis se ubican en cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM). El resto corresponden a instituciones de cantones periféricos o costeros.
Por un lado, 30 de los centros requieren reconstrucciones; mientras que, por el otro, solo cuatro necesitan reparaciones y otras cuatro más bien una reubicación completa.
¿Cómo se seleccionaron?
La ministra de Educación Pública, Anna-Katherina Müller, explicó que para llegar a esta lista de 38 instituciones se evaluaron 600 centros educativos que ya presentaban condiciones más apremiantes.
Para priorizar, se tomaron en cuenta principalmente centros de estudio sobre los que pesaban órdenes sanitarias, cuya condición fuera especialmente grave en sus edificaciones, y que también tuvieran planes remediales avanzados.
Según la jerarca, este último punto era importante, “por los tiempos de aplicación de los fondos de emergencia” que el Gobierno pretende emplear para corregir la situación de las 2.500 obras de infraestructura que declaró comprometidas. Para ese fin, el que el Gobierno planea usar parte de un crédito por $700 millones que actualmente estructura con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con le objetivo de prevenir emergencias por fenómenos meteorológicos.
Los planes remediales avanzados que se contemplaron, indicó la ministra, iban desde tener ya listos proyectos y diseños de proyectos listos, o bien, terrenos listos para la construcción.
“Esos 38 centros van a beneficiar a casi 13.000 estudiantes y más de 150 docentes”, anotó la jerarca, sobre la posibilidad de invertir en ellos, si eventualmente se aprueba el financiamiento externo para su restauración.
En total, se estima que las reconstrucciones, reparaciones y reubicaciones de los centros educativos implicaría una inversión general de $80,3 millones, según información suministrada por la CNE.
¿Son las únicas escuelas en peligro?
Las escuelas incluidas en esta lista, sin embargo, no son las únicas que tienen problemas mayores.
En total, el Ministerio de Educación Pública ha dicho que existen entre 600 y 800 centros educativos sobre los que pesan órdenes sanitarias. Sin embargo, las cifras podrían ser mayores, según publicó en septiembre pasado el periódico La Nación, con base en declaraciones dadas por la ministra de Salud, Joselyn Chacón.
Además, la ministra Müller explicó que otras 184 instituciones en condición de extrema vulnerabilidad no se incluyeron en la lista más reciente, pues ya habían sido contemplados en decretos de emergencia anteriores, como el que recientemente se suscribió para atender el impacto del huracán Julia tras su paso por el país.
Parte de los recursos del crédito con el BCIE, explicó el presidente Chaves, también se usarían para financiar decretos de atención de emergencias pasadas, pues muchos actualmente no están fondeados y requieren de dinero para la puesta en marcha de sus recomendaciones.
