Lo que comenzó en el 2019 como una disputa comercial entre Costa Rica y Panamá por restricciones a productos agrícolas y agroindustriales se trasladó a un terreno mucho más sensible: la energía.
La suspensión indefinida de la venta de electricidad anunciada por el gobierno panameño elevó la tensión bilateral y abrió un nuevo frente político en una de las relaciones más estratégicas para el país en Centroamérica.
El punto de inflexión se produjo el 14 de mayo durante una gira agrícola en Cartago. En dicha ocasión, la presidenta Laura Fernández Delgado declaró agotadas las vías técnicas de negociación con Panamá y ordenó reforzar los canales diplomáticos a través del canciller Manuel Tovar.
El anuncio marcó un cambio significativo en el manejo de la crisis: de una disputa administrada por vías técnicas a un diferendo con una fuerte carga política.
Este giro, sin embargo, ya se venía gestando. En abril, Manuel Tovar —actuando entonces como ministro de Comercio Exterior— acusó a Panamá de mantener un “embargo comercial” de facto contra los productos costarricenses y denunció la falta de respuesta oficial durante seis meses, hecho que calificó como “inexplicable”.
La respuesta de Panamá no se hizo esperar. El presidente panameño, José Raúl Mulino, ordenó la suspensión indefinida de la venta de electricidad a Costa Rica, amparándose en el principio de reciprocidad de las relaciones internacionales.
Dicha medida introdujo un elemento inédito en la disputa: el uso de la energía como herramienta de presión política en un conflicto que, hasta ese momento, se había circunscrito al plano comercial.
Este estancamiento se agravó en gran parte porque el Órgano de Apelación de la OMC permanece inoperante desde 2019, dejando el fallo favorable a Costa Rica en un “limbo” legal que propició la escalada de medidas retaliatorias.
“Desde una perspectiva política, el tono empleado por Laura Fernández se aleja de la diplomacia tradicional. Probablemente la situación pudo haberse manejado con una posición menos vehemente, aunque también parece haber sido aprovechada para enviar un mensaje político interno y capitalizar méritos”, señaló Carlos Carranza, politólogo de la Universidad Nacional.
Agregó que la relación entre Costa Rica y Panamá posee un peso estratégico y un volumen comercial muy amplio; por ende, no prevé una escalada mayor del conflicto entre ambos países y confía en una pronta resolución de las diferencias. De hecho, el canciller Manuel Tovar anunció la creación de mesas de diálogo sobre distintos temas con el vecino del sur.
En el plano económico, las cifras reflejan la magnitud de este choque. En 2025, el intercambio bilateral entre Costa Rica y Panamá superó los $612 millones en exportaciones costarricenses, lo que evidencia la existencia de un vínculo estructural en el comercio regional, muy alejado de ser una relación marginal.
Para Daniel Ulate, politólogo y consultor independiente, las declaraciones de Fernández pudieron manejarse con mayor cautela diplomática, ya que en los conflictos entre Estados la prudencia suele ser una de las principales virtudes políticas.
“Si bien desde el punto de vista comercial las instancias internacionales han respaldado a Costa Rica, existe un riesgo latente y es que, con el traslado de Manuel Tovar del Ministerio de Comercio Exterior a la Cancillería, no provoque que un diferendo estrictamente comercial termine escalando hacia un conflicto político o diplomático”, destacó.
La energía como nuevo frente de tensión
El paso del conflicto al ámbito energético introduce una dimensión distinta: la sensibilidad del sistema eléctrico nacional y regional y su consecuente dependencia de los esquemas de interconexión.
Frente a este escenario, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha reiterado que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) cuenta con la capacidad suficiente para cubrir la demanda interna, descartando cualquier riesgo inmediato de racionamientos.
Según la institución, la operación del sistema se mantiene estable y sostenida con recursos propios.
Incluso, el presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, afirmó que Costa Rica no es dependiente de la electricidad de Panamá y que no prevé serlo durante el 2026.
Además, se aprobó un plan de contingencia para evitar apagones, como los reportados en 2024, no solo por el cierre de las ventas de Panamá, sino también por los posibles efectos en el suministro de agua provocados por el fenómeno de El Niño.
Entre las acciones sobresalen mantenimientos escalonados en las plantas hidroeléctricas como Cachí, Reventazón y Arenal entre 2025 y 2028; generación térmica temporal como respaldo ante una eventual reducción de lluvias; nuevos proyectos solares en San Antonio, Colorado y Las Delicias, que aportarán 154 MW; y mayor participación de generación privada eólica y solar entre el 2026 y 2028 para diversificar la matriz energética.
Costa Rica cuenta con una estructura eléctrica frágil. En el 2025, generó el 98,6% de su electricidad con fuentes renovables; sin embargo, más del 70% de la energía consumida en el país proviene de plantas hidroeléctricas, cuya producción depende directamente del agua que cae sobre las cuencas y que llena los embalses. Cuando llueve, a Costa Rica le sobra energía y exporta. Cuando no llueve, se genera un problema.
La Asociación Costarricense de Consumidores de Energía secundó al ICE, mediante un comunicado de prensa, asegurando que la suspensión de las ventas no afectará porque no existe dependencia eléctrica activa; sin embargo, dejó claro que sí introduce incertidumbre política en un mercado diseñado para operar bajo criterios técnicos de integración.
“El país cuenta con suficiente capacidad de generación renovable para cubrir la demanda interna durante la época lluviosa, periodo en el que normalmente no necesita importar energía y, por el contrario, se convierte en uno de los principales exportadores de electricidad de Centroamérica. La situación se agudiza si hay sequía”, explicaron.
No obstante, la organización instó a adoptar medidas preventivas para fortalecer el suministro eléctrico de cara a los próximos veranos, entre ellas acelerar los proyectos de respaldo térmico y facilitar el ingreso de generación solar y eólica.
El ICE tiene planes para reducir esa dependencia a largo plazo: 412 MW adicionales de generación solar, eólica y biomasa que deberían entrar en operación entre 2025 y 2026, el proyecto geotérmico Borinquen 1 (55 MW) previsto para 2029 y una inversión de $1.000 millones en expansión y modernización de la red de transmisión para el período 2025-2034.
Pero esas obras no eliminan la brecha inmediata, y entre tanto, la dependencia estacional del MER —y de Panamá en particular— sigue siendo real.
El peso real de las importaciones de Panamá
Aunque la dependencia actual de Costa Rica con Panamá es baja, sí se reportaron importaciones durante el 2024 y 2025, según se evidenció en las cifras dadas a conocer por la Cámara de Industrias de Costa Rica.
En ese momento, según explicó Carlos Montenegro, director ejecutivo de la agrupación, el país pasó de ser un exportador neto de electricidad a un importador. Esto ocurrió debido a que fueron los años más intensos del fenómeno de El Niño y a la menor disponibilidad hídrica.
Pese a ello, desde el sector industrial consideran que el impacto inmediato sería manejable.
“Las compras realizadas bajo contrato a Panamá representan una porción muy pequeña respecto al total de importaciones regionales”, aseguró Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara.
Agregó que sin el aporte panameño el país no sufriría un desabasto, aunque Panamá se ha convertido en un jugador importante dentro del MER.
“Sin embargo, lo realmente importante es que Costa Rica pasó de ser exportador neto de electricidad en 2021-2022 a importador neto en 2024-2025”, dijo el líder empresarial.
Es por eso que el país debe planificar a futuro, afirmó Jorge Luis Araya, director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), ya que la demanda eléctrica crece aceleradamente.
“Esto responde al avance de la electrificación del transporte, el crecimiento industrial, la atracción de nuevas inversiones, el desarrollo tecnológico y los procesos de descarbonización impulsados por el país, lo que obliga a garantizar suficiente energía para las próximas décadas”, dijo.
Mario Montero, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, hizo un llamado a la modernización estructural del sector.
“El país no puede seguir encadenado a un esquema energético del siglo pasado. Necesitamos una estructura que responda con solvencia a los desafíos económicos del presente”, señaló.
Incertidumbre en el Mercado Eléctrico Regional
Carlos Obregón, expresidente ejecutivo del ICE, manifestó que lo más importante es que este conflicto entre Costa Rica y Panamá no afecte el Mercado Eléctrico Regional (MER), ya que opera bajo un tratado supranacional suscrito y aprobado por todas las naciones centroamericanas.
“El sistema fue concebido bajo reglas claras y compromisos de respeto mutuo entre los países. La energía se transporta mediante mecanismos regionales y subastas, por lo que no sería para nada bueno cambiar las reglas del juego”, señaló Obregón.
Asimismo, recordó que Costa Rica no solo actúa como un país importador en ciertos momentos de crisis, sino que también es un exportador relevante para el resto de la región durante las temporadas lluviosas.
Las importaciones eléctricas de Costa Rica crecieron de forma acelerada desde el 2021, pasando de apenas 6,54 GWh a 469,17 GWh, en el 2023, en medio de los efectos del fenómeno de El Niño y la menor disponibilidad hídrica para generación nacional.
Aunque las compras externas disminuyeron en 2024 y 2025, las cifras siguen por encima de los niveles previos a la crisis energética, evidenciando una mayor necesidad de respaldo del Mercado Eléctrico Regional (MER) durante los años de mayor presión sobre el sistema eléctrico nacional.
De acuerdo con Susana Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Costarricense de Productores de Energía, aunque no existe un riesgo de desabastecimiento eléctrico para Costa Rica, sí se considera que hay una vulneración al Tratado Marco, por lo que la única vía es acudir a la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica para que analice el caso entre Costa Rica y Panamá conforme a las reglas regionales.
¿Qué se espera para el 2026?
Las cifras dadas a conocer por la Cámara de Industrias sí muestran que por parte de Costa Rica existe una alta dependencia del Mercado Eléctrico Regional, ya que requiere importaciones para abastecer un 1,3% de la demanda nacional.
Esto se podría suplir a nivel interno dependiendo de los efectos del fenómeno de El Niño o las medidas implementadas por el ICE.
Las proyecciones apuntan en 2026 a compras externas por 226,39 GWh frente a exportaciones de apenas 59,85 GWh, lo que dejaría un déficit neto de 166,54 GWh.
Además del componente energético, las cifras muestran un impacto económico relevante.
El costo neto proyectado de las importaciones alcanzaría los ₡16.026 millones —equivalentes a unos $35,6 millones— reflejando cómo la creciente necesidad de respaldo regional empieza a traducirse también en mayores presiones financieras para el sistema eléctrico nacional.
En definitiva, la crisis con Panamá es una advertencia que Costa Rica no puede ignorar.
Lo que empezó como un roce comercial destapó una doble vulnerabilidad: la fragilidad de una matriz eléctrica dependiente del clima y los riesgos de politizar la integración regional.
Para asegurar su estabilidad futura, el país necesita desescalar la tensión diplomática y acelerar, con urgencia, su verdadera independencia energética.
Línea de tiempo del conflicto Costa Rica–Panamá
- 2019–2020: Panamá impone restricciones y no renueva permisos sanitarios a productos costarricenses (lácteos, carnes, frutas y vegetales).
- Enero 2021: Costa Rica presenta el caso ante la OMC (expediente DS599).
- Octubre–diciembre 2024: La OMC emite informe final y posteriormente un fallo favorable a Costa Rica, al determinar violaciones a normas SPS y GATT.
- 2025: Panamá apela, pero el Órgano de Apelación de la OMC permanece inoperante desde 2019, limitando la resolución final.
- 24 abril 2026: Costa Rica denuncia un “embargo comercial” de facto y la falta de respuesta panameña.
- 25 abril 2026: Se estiman pérdidas superiores a $100 millones, con fuerte impacto en el sector lácteo.
- 21 mayo 2026: Panamá suspende indefinidamente la venta de electricidad a Costa Rica.
