La ley jaguar, como el gobierno del presidente Rodrigo Chaves bautizó al proyecto que pretendía convocar a un referéndum para limitar el ámbito de acción de la Contraloría General de la República (CGR), chocó contra la Constitución Política.
Entre otras cuestiones, la Sala Constitucional objetó que la iniciativa de ley propuesta por el Ejecutivo implicaría “la supresión de la competencia (de la Contraloría) de garantizar la eficiencia en el manejo de los fondos públicos”.
La Sala IV informó sobre el fallo la noche de este 29 de julio y, minutos más tarde, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) señaló que “estudiará lo resuelto” y esperará el informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa para pronunciarse formalmente sobre el asunto. El TSE, es la autoridad de los procesos electorales y, como tal, deberá definir la viabilidad del referéndum planteado por el Gobierno por la vía legislativa y por medio de una iniciativa ciudadana, presentada por dos terceros.
En tanto, el Gobierno de la República esperó hasta el mediodía siguiente para comunicar su postura. Anunciaron el retiro inmediato de la corriente legislativa de la versión actual del proyecto y la presentación de una nueva versión, editada, por medio de la que buscarán reiniciar el proceso. A pesar del revés, el presidente Rodrigo Chaves y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, se dijeron satisfechos con el fallo —al menos en el discurso.
La revisión de la Sala Constitucional contempló solo cuatro de los nueve artículos del proyecto de Ley Jaguar para Impulsar el Desarrollo de Costa Rica (24.364). Los demás no habían sido consultados por la autoridad electoral todavía. Según explicaron los funcionarios del Tribunal al periódico La Nación semanas atrás, la institución podría haber realizado nuevas consultas a partir de nuevas dudas o de los informes pendientes de redacción por parte del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso.
La resolución del tribunal constitucional es contradictoria con el discurso del presidente Chaves y de la ministra Fernández; quienes defendieron por semanas a ultranza la legalidad de la iniciativa que impulsaban e incluso llegaron a decir que estaba “blindada” legalmente. Ambos aseguraban que el texto no pretendía disminuir las competencias del ente contralor y que más bien se buscaba su fortalecimiento, permitiendo que orientara mejor sus esfuerzos, a pesar de que la propuesta de enmienda pretendía recortar los controles previos de la CGR y que solo pudiese “actuar a posteriori de las actuaciones administrativas para garantizar su legalidad”, ente otras cuestiones.
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Dudas previas
A pesar de la defensa gubernamental sobre la legalidad de su proyecto hubo momentos que dejaron en evidencia dudas dentro del propio Poder Ejecutivo sobre la fortaleza legal de la propuesta de ley.
El mismo 6 de junio, un día después de la presentación del texto en la Asamblea Legislativa por parte del presidente Chaves, la entonces ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, aseguró en conferencia de prensa que ciertamente existían votos previos de la Sala Constitucional sobre la imposibilidad de reducir las competencias de la CGR, aunque se trataba de fallos viejos y la jurisprudencia de la Sala podía cambiar. “El tema es intentarlo”, afirmó.
En una aclaración posterior, Díaz dijo que la constitucionalidad del texto había sido revisada concienzudamente por el Gobierno y que no había dudas de constitucionalidad, en un tono totalmente distinto al de su primera intervención. “En ningún momento estamos buscando eliminar las competencias que tiene hoy la CGR en la Constitución Política, como es el rol de fiscalizador del manejo de los fondos públicos”, agregó, solo 15 días antes de renunciar al Poder Ejecutivo, aunque en aparentes buenos términos.
El Gobierno ciertamente planteó una revisión previa de constitucionalidad sobre el proyecto. Sin embargo, en ese proceso también hubo quienes alertaron sobre posibles roces de constitucionalidad del texto.
Por ejemplo, el 13 de junio pasado, el excontralor y exdiputado del Partido Liberación Nacional (1986-1990), Álex Solís Fallas, reconoció haber sido parte del comité asesor del presidente Rodrigo Chaves para convocar un referéndum y haber advertido sobre la inconstitucionalidad de la iniciativa que finalmente se planteó, por “debilitar” la autonomía funcional y administrativa de la Contraloría General de la República.
Solís también dijo considerar que los asuntos del proyecto no le parecían de la jerarquía suficiente para impulsar un movimiento ciudadano y pagar su costo, que se estima en al menos unos ¢3.000 millones
Por otra parte, el abogado constitucionalista Manrique Jiménez Meza también dijo haber rechazado participar del comité asesor por considerar que el proyecto era inviable e inconstitucional.
Más recientemente, las dudas de constitucionalidad también se habían reflejado en las declaraciones del propio presidente Rodrigo Chaves. El mandatario dijo durante una reciente entrevista transmitida por el medio Trivisión que la población podría manifestarse en caso de una declaratoria desfavorable por parte de los magistrados constitucionales, aunque atribuyó esa posibilidad a cuestiones políticas y no técnicas.
“El pueblo puede decir: ‘diay, tirémonos a la calle’, ‘hagamos una huelga de brazos caídos’, u ‘organicémonos para que nunca más esta gente, el ecosistema del cambalache corrupto, del amiguismo y el capitalismo de amigotes vuelva a tener poder’. Yo, como presidente de la República, observaría, desde el punto de vista político“, declaró en ese espacio, el 23 de julio pasado, consultado sobre un ‘plan B’.
De referéndum multitemático a batalla
La primera vez que el presidente Rodrigo Chaves planteó formalmente su idea de llevar adelante una propuesta de referéndum fue durante su discurso de informe de labores, el 2 de mayo pasado. Aquel día, el mandatario dijo que su intención era plantear un referéndum multitemático, el cual incluiría cuestiones como los planes para vender el Banco de Costa Rica (BCR), para instaurar las jornadas laborales flexibles 4x3, para abrir el mercado de la generación eléctrica y para eliminar las tarifas mínimas de los colegios profesionales, entre otros asuntos que los diputados no habían atendido en sus primeros dos años de labores. Finalmente presentó un proyecto distinto el 5 de junio porque, según dijo, “uno no puede morder más de lo que las estructuras de poder en este país van a dejar que mastique”.
Este proyecto se centró en reducir o eliminar controles previos por parte de la Contraloría General de la República en procesos de contratación que, desde su punto de vista, entorpecen la tramitación de proyectos como Ciudad Gobierno: un complejo inmobiliario de oficinas públicas que el Ejecutivo quisiera construir en coordinación con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para luego arrendárselo a esa misma entidad en terrenos del Estado; pero que la CGR objeta por la inviabilidad legal de una contratación de ese tipo.
Pero, más allá de su contenido específico, el plan de referéndum ha proveído una tarima perfecta al Gobierno para confrontar con la Contraloría y su jerarca, Marta Acosta; a quienes acusa de ser un poder de facto, de defender los intereses de terceros con influencia política y de actuar en contra de su administración. Estas, según la contralora Acosta, son “insinuaciones negativas” y “señalamientos irrespetuosos” que ha rechazado en múltiples ocasiones, utilizando esos y otros términos para describirles.
El presidente Chaves y su gobierno también han aprovechado el trámite de su propuesta de referéndum para lanzar ataques y señalamientos similares en contra del TSE y de la Sala Constitucional, a cuyos miembros señala como parte de un sistema que rechaza el cambio para favorecer a grupos pequeños.
Incluso llegó a decir en la entrevista antes mencionada con el medio Trivisión que podría haber “evidencia o credibilidad” de una conspiración para evitar los cambios que el propone y que, entonces, “el pueblo” podría reclamarle a él, como presidente, que actúe “en lo político”.
“Yo, más bien, me quedaría calladito, en lo político y liderazgo, para ver qué dice el pueblo”, afirmó; aunque dicho silencio se rompió este 30 de julio cuando más bien dijo que su proyecto jaguar sigue vivo, aunque ahora por medio de una nueva redacción.
Esta nueva versión, sin embargo, incluye normas que aún no ha revisado el tribunal constitucional y que podrían tener el mismo destino de las ya escrutadas por los magistrados si estos consideran que buscan reducir el ámbito constitucional de acción de la CGR o que se desbordan de los límites temáticos constitucionales para un referéndum.
La contralora Marta Acosta, por su parte, reaccionó satisfecha con esta primera resolución de la Sala IV que envía el plan de consulta popular del Gobierno a un nuevo inicio. “Hemos cumplido con seriedad nuestro rol en el pasado, lo hacemos en el presente, y lo seguiremos haciendo a futuro, cumpliendo con el principio de legalidad, la ética y las buenas prácticas nacionales e internacionales”, subrayó.
* Nota del redactor: Esta nota fue modificada el 31 de julio a las 10:00 a.m., para incluir reacciones de actores involucrados.
