EscucharEl gerente general del Banco de Costa Rica (BCR), Julio César Torres, redactó un mensaje de calma a la clientela del banco, después de que la presidenta electa Laura Fernández afirmase en conferencia de prensa que procurará vender la entidad financiera “antes de que quiebre” por eventuales “problemas de corrupción” o “malos manejos”.
“Sus recursos están respaldados por un banco sólido, estable y rentable”, escribió Torres, quien además señaló que la entidad “continúa operando con total normalidad”, “independientemente de las discusiones que puedan darse en el ámbito político”.
La idea de vender el BCR ya había sido impulsada por el presidente Rodrigo Chaves en la actual administración, pero la discusión no cuajó en el Congreso.
Chaves propuso la venta como una vía para amortizar una pequeña parte del endeudamiento público y ampliar así la capacidad de inversión en otras materias.
Ahora, Fernández retoma la idea, pero con otro objetivo. Según plantea, los recursos de una eventual venta se podrían usar para capitalizar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y evitar otras medidas, como subir la edad de jubilación.
Según la próxima mandataria, su interés es aprobar “un paquete de proyectos de ley que acompañen la capitalización del IVM”, de modo que el dinero no se termine desperdiciando.
En su carta, Torres también señaló que en el banco son “respetuosos” de las discusiones políticas sobre el futuro de la entidad estatal, pero que su operación diaria “permanece enfocada en servirles (a los clientes)”.
El gerente evitó referirse a los comentarios de Fernández sobre posibles problemas de corrupción o malos manejos, pero sí subrayó que la entidad financiera mantiene buenos indicadores.
Entre ellos, recordó que el banco cerró 2025 con utilidades de ¢238.494 millones, una captación total de ¢4 billones y una cartera de crédito de una magnitud similar, y una suficiencia patrimonial del 14,4%, “ubicándose de forma holgada por encima del mínimo requerido por la regulación”.
Para la venta del BCR se tendría que aprobar un proyecto de ley en ese sentido y, según el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, su aprobación requeriría el respaldo de una mayoría calificada de los congresistas (38 votos o más), al implicar el cierre de una institución autónoma.
Con base en el escrutinio preliminar de las últimas elecciones legislativas, el oficialismo tendrá 31 legisladores a partir de mayo. Esa cifra obligaría a Fernández a buscar más apoyo en otras fracciones si desea concretar la operación que propone.
