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La salida de Rocío Aguilar del Ministerio de Hacienda priva al gobierno del presidente Carlos Alvarado de su figura más fuerte en el terreno económico.
El momento es delicado.
Por un lado arrecian los dolores que la implementación de la reforma fiscal provoca tanto en el presupuesto del sector público como en el bolsillo de los contribuyentes. Al mismo tiempo, es inminente la emisión de nuevos bonos de deuda pública en el mercado internacional. En ambos procesos la figura central ha sido Aguilar.
“Tanto los inversionistas internacionales como los locales respetaban a la ministra Aguilar y su renuncia traerá mayor incertidumbre”, dijo Thomas Jackson, analista de Oppenheimer Emerging Markets a la agencia Bloomberg.
Tras su salida, la ministra deja una cartera de Hacienda que se anota pequeños pero significativos triunfos. En setiembre el Gobierno Central registró un superávit primario de ¢44.000 millones, además presentó un proyecto de Presupuesto Nacional para 2020 que proponía una disminución del 4,3% en el total de egresos en comparación con el 2019.
Sin embargo, la situación de las finanzas públicas sigue siendo frágil. Para finales de este año, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyecta que el déficit fiscal ascenderá a un monto equivalente al 6,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto representa un incremento de 0,4 puntos porcentuales con respecto al faltante registrado en 2018.
También la deuda pública mantiene su tendencia de crecimiento. El Central calcula que las obligaciones del Gobierno ascenderán a un monto equivalente al 59,1% de la producción a finales del 2019. En 2018, el porcentaje registrado fue de 53,6%.
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Camino empinado
Aguilar llegó al Ministerio de Hacienda cuando el estado de las finanzas públicas se acercaba al punto de quiebre. Mientras la Asamblea Legislativa debatía el proyecto de reforma fiscal, el Gobierno –urgido de liquidez– se vio obligado a resucitar la figura de las letras del Tesoro.
La celebración por la aprobación del texto en Cuesta de Moras y el posterior visto bueno de la Sala IV, fue fugaz. La implementación de los cambios trajo duelos con sindicatos del sector público y hasta con jerarcas nombrados por el mismo Ejecutivo que impulsó la reforma.
Las escaramuzas estallaron con la Caja Costarricense de Seguro Social y más recientemente con las universidades públicas.
Ante las presiones y las protestas callejeras, Aguilar se mantuvo firme aunque circulaban rumores sobre la posibilidad de su salida del Ejecutivo y crecían los señalamientos en su contra por parte del sector sindical. Estos rumores fueron desmentidos por ella en múltiples ocasiones ante consultas reiteradas de la prensa.
Finalmente, fue un pronunciamiento de la Contraloría General de la República recomendando su suspensión durante un mes por sus acciones para honrar vencimientos de deuda sin contenido presupuestario, lo que forzó a la ministra a presentar su renuncia.
Durante la conferencia en que anunció su salida, Aguilar afirmó en múltiples ocasiones que el acuerdo firmado por el presidente Alvarado y los rectores de las Universidades no tuvo la menor incidencia en su renuncia.
Independientemente de las razones detrás de su salida, ella deja una amplia y vital lista de pendientes para el próximo ministro de Hacienda.
Para empezar, deberá concretar la colocación de $1.500 millones en bonos de deuda externa. Estos fondos, junto con varios prestamos con organismos internacionales que esperan la aprobación de la Asamblea Legislativa, deberían llegar a aliviar un poco la presión que el crecimiento de los intereses de la deuda genera sobre las finanzas del Gobierno.
Según el proyecto del Presupuesto Nacional de cada colón que ingrese a las arcas públicas en el 2020, 40 céntimos se destinarán al pago de intereses.
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Hasta el momento, Hacienda ha recurrido a los canjes de deuda para mejorar su liquidez. A octubre de este año la cartera había canjeado ¢1,10 billones en títulos de deuda interna, el monto más alto desde 2012.
Como si fuera poco asegurar el financiamiento para el próximo año, el próximo ministro de Hacienda deberá dar muestras inequívocas de que el compromiso del Ejecutivo con la implementación de la reforma fiscal no abandonó Zapote con la salida de Aguilar.
Las organizaciones empresariales ya han pedido al presidente Alvarado que nombre en la cartera a una persona que de continuidad a la política actual.
“Hacemos un llamado al Gobierno Central para que se tomen las medidas urgentes en temas de reactivación económica, ampliamente discutidas y para que la persona que ocupe el puesto de doña Rocío cuente con los atestados y la valentía que ella tuvo”, dijo Yolanda Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio.
