Gobierno desiste de incluir el terreno para definir impuesto a casas de lujo; pero pujará por tasa fija del 0,5%

El Gobierno de la República propuso nuevos cambios para viabilizar el proyecto de reforma del proyecto de Ley de Impuesto a Inmuebles de Lujo para Uso Habitacional, Ocasional o de Recreo (22.382). Ahora regresaría al cobro del gravamen a viviendas con un valor de construcción superior a los ¢133 millones —como se maneja actualmente—, pero con una tasa fija de 0,5% anual.

La versión de la propuesta hasta ahora establecía cobrar el impuesto sobre todas aquellas viviendas con un valor superior a los 325 salarios base (¢150 millones), y ya no solo partir sobre el valor de la construcción sino también el terreno.

El plan recibió el rechazo de diversos sectores. Por eso ahora se mantendría, únicamente, el valor de construcción.

Incluir el valor de terreno pudo haber aumentado la cantidad de personas que paguen el impuesto, pues el nuevo cálculo aumentaría las posibilidades de que una vivienda sobrepasara la barrera mínima para convertirse en “casa de lujo”.

Por otra parte, la medida de la tarifa fija del 0,5% duplicará el valor del impuesto para los propietarios con casas valoradas entre ₡133 millones y ₡334 millones, ya que pasarán de pagar un 0,25% a un 0,5% anual del valor de su propiedad.

Actualmente, el gravamen tiene una tarifa escalonada de entre el 0,25% y el 0,5% sobre el valor del inmueble; que no supera el 0,25% hasta los ₡335 millones (en el escalón más bajo de siete).

LEA MÁS: Reforma de impuesto a casas de lujo sigue congelada pese a oferta de cambios de Hacienda

En una nota publicada por El Financiero, la socia directora de Deloitte, Carla Coghi, indicó que el aumento en la tasa es alto para la mayoría de los contribuyentes, quienes podrían experimentar incrementos de hasta un 100% de sus importes.

Por ejemplo, en el caso de una vivienda cuyo valor actual de construcción y terreno sea de ₡253 millones, citó, pasaría de pagar ₡634.000 anuales a ₡1,27 millones anuales.

Coghi además señaló que, en muchas ocasiones el valor inscrito ante del Registro Nacional es el que se incluyó en hipotecas, y que estos valores tienden a ser superiores al costo real de la infraestructura.

El valor de las casas superior a ₡133 millones no es fijo, sino que se actualiza cada año, usando como referencia la variación experimentada por el índice de precios al consumidor (IPC) hasta noviembre.

Si el valor de la construcción supera esa barrera, entonces se le suma el valor del terreno y se calcula el gravamen.

El texto sustitutivo plantea que la Dirección General de Tributación estimaría el valor de la propiedad con base en la información declarada por cada propietario ante la municipalidad para pagar el impuesto de bienes inmuebles.

También, se elimina la doble declaración que sucede actualmente y se incluiría una exoneración temporal sobre las herencias; sin embargo, el Gobierno no brindó mayores detalles sobre la misma.

LEA MÁS: EF Explica: Uno a uno, estos son los cambios que propone el Gobierno para viabilizar la ‘agenda del FMI’

Un ambiente complejo

Copiado!

El Gobierno de la República presentó oficialmente, el 9 de septiembre las modificaciones que propondrá en la redacción de los proyectos de ley en la agenda de ajuste fiscal convenida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de darles mayor viabilidad política en el Congreso.

La presentación se realiza después de un proceso de consulta con el FMI, según indicó el ministro de Hacienda, Elian Villegas; quien afirmó que “se sostuvieron reuniones técnicas y las modificaciones propuestas cumplen con el rendimiento fiscal esperado”.

Las propuestas del Ejecutivo buscan una respuesta favorable en el Congreso para una agenda que representa un tercio del ajuste fiscal convenido con el FMI, como parte del programa de financiamiento por $1.778 millones en tres años que se pactó que con esa entidad.

Los otros dos tercios dependerían de medidas de contención del gasto, como la aplicación estricta de la regla fiscal, algunas medidas ejecutivas vía decreto y la entrada en vigencia de la ley marco de empleo público.

Asimismo, las modificaciones fueron una promesa que realizó el Gobierno a las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa, ante los estrechos plazos que quedan para dar dictamen a las mismas en las comisiones de Asuntos Jurídicos, Asuntos Hacendarios y Asuntos Económicos.

La mayoría de las iniciativa deberán ser votadas en estos foros en setiembre y octubre, para decidir si continúan o no su trámite en el Congreso.