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El Gobierno pretende destinar ¢23.679 millones para salvar de la quiebra a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). Ese dinero se obtuvo como parte de los canjes de deuda que realizó el Ministerio de Hacienda durante la segunda mitad del 2018 y el primer semestre del 2019.
El Ejecutivo presentó al final de la tarde de este martes 18 de junio, el cuarto proyecto de ley de presupuesto extraordinario del 2019 con el objetivo de pedirle a los diputados que aprueben un salvavidas financiero para inyectar dinero a una institución que tiene gastos mensuales por ¢3.400 millones, pero desde marzo genera ingresos promedio por ¢795 millones cada mes.
El proyecto N.° 21.475 establece que, en caso de ser aprobado por los legisladores, se transferirán ¢21.989 millones al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para que esta institución los traslade a la junta portuaria.
Ese dinero se distribuiría en una partida de ¢5.752 millones destinados a una inyección de liquidez urgente para Japdeva con la intención de que pueda pagar sus salarios y obligaciones durante un periodo inmediato de tres meses.
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El segundo rubro por ¢16.236 millones se dirigiría a financiar el proyecto de ley N.° 21.226 “Modernización de Japdeva y Protección de sus Personas Servidoras” que entró a la corriente legislativa el pasado 28 de mayo.
Se trata de un complaciente plan de movilidad laboral que implica cuantiosos gastos en cesantías, preavisos, aguinaldos, vacaciones acumuladas y bonos para animar sus trabajadores a que salgan de la institución estatal.
El proyecto de presupuesto extraordinario para oxigenar a la junta portuaria también incluye una transferencia de ¢1.689 millones al título Regímenes de Pensiones para crear un régimen prejubilatorio que pagará la pensión mensual de una cierta cantidad de trabajadores hasta que cumplan con la edad y las cuotas para acogerse al sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El monto destinado al régimen prejubilatorio de Japdeva se obtuvo con base en las estimaciones realizadas por la Dirección Nacional de Pensiones (DNP). EF pidió este dato al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) desde el pasado 29 de mayo, pero en la oficina de prensa nunca respondieron la solicitud.
Los recursos para financiar a la entidad estatal se rebajarán del servicio de la deuda, específicamente del rubro de amortizaciones de títulos valores internos de largo plazo.
Estos recursos se obtuvieron como dinero disponible gracias a la aplicación de canjes de deuda pública ejecutados durante el segundo semestre del 2018 y la primera mitad de este año, de acuerdo con una explicación de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda citada en el proyecto de ley.
El texto presentado ante la Secretaría del Directorio Legislativo este martes cuenta con la firma del presidente de la República, Carlos Alvarado y la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
Plan complaciente
El objetivo del plan de movilidad laboral es recortar la planilla en un 80%. Así, la entidad portuaria pasaría de 1.186 a 240 empleados y atacaría su principal rubro de gasto: las remuneraciones, que para 2019 representan el 69,2% del presupuesto anual.
Para cubrir la planilla este año se presupuestaron más de ¢34.000 millones, de los cuales ¢13.000 millones se destinan a sufragar incentivos otorgados por la convención colectiva. La entidad necesita ¢2.500 millones mensuales para pagar a sus trabajadores.
Todo esto ocurre al mismo tiempo que los ingresos cayeron un 79% luego de una serie de estimaciones erróneas en el plan financiero de la institución.
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Para animar a sus trabajadores a que se vayan, la entidad portuaria creó un programa de movilidad laboral que debe pasar por la Asamblea Legislativa para convertirse en ley.
La propuesta crea tres modalidades para liquidar a los empleados: el traslado horizontal hacia otras instituciones públicas, un sistema de prejubilación y el pago de un estímulo adicional a las prestaciones normales.
El artículo 4 del proyecto de ley que el Gobierno presentó el 28 de mayo, llama a esta bonificación “incentivo adicional por transformación institucional” y explica que los interesados en recibirla podrán presentar su solicitud tres meses después de que entre en vigor la normativa.
Quienes se acojan a la prejubilación no podrán pedir el pago de este bono.
El incentivo entregará ocho meses de salario promedio de los últimos seis meses laborados a quienes ganan menos de ¢1 millón bruto al mes. Por ejemplo, un trabajador que gana ¢850.000 cada mes, podría recibir ¢6,8 millones con este bono adicional.
Mientras que para quienes ganan más de ¢1 millón al mes, el incentivo será de cuatro mensualidades de salario promedio con base en los últimos seis meses de trabajo.
Si se toma el salario promedio de los trabajadores de Japdeva, que es de ¢2,1 millones mensuales, quiere decir que un empleado se retiraría con su liquidación legal más un bono de ¢8,4 millones.
Los funcionarios que opten por esta modalidad no podrán ocupar nuevos puestos en el sector público durante los siguientes 246 días naturales que equivalen a ocho meses y dos semanas.
Régimen prejubilatorio
El proyecto de ley presentado por Japdeva y adversado por el Sindicato de Trabajadores de esta institución (Sintrajap), propone crear un sistema prejubilatorio que se incluirá en el régimen de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, un modelo que ya estaba cerrado.
El pasado lunes 27 de mayo, el Gobierno anunció que se endeudará por ¢225.380 millones ($380 millones) para cubrir el 21% de las pensiones con cargo al presupuesto que debe pagar este año a 61.360 personas.
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En el sistema de pensiones con cargo al presupuesto existen tres regímenes prejubilatorios creados para funcionarios del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop). A estos se sumaría el de Japdeva.
Esta modalidad se podrá aplicar para los empleados que tengan 55 años o que cuenten con 25 años de cuotas reportadas ante la CCSS.
No podrán beneficiarse de este sistema quienes se reinserten al mercado laboral o quienes recibieron el pago del bono adicional para salir de la institución.
De acuerdo con Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva, 276 funcionarios cumplen con los requisitos para la prejubilación. Bajo este modelo les pagará mes a mes un monto de dinero hasta que cumplan la edad para ingresar al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Esto quiere decir que, si un empleado hombre se prejubila con 55 años, se le pagará una pensión cada mes durante siete años con el dinero de los impuestos, hasta que cumpla 61 años y 11 meses para ingresar al régimen de la CCSS, siempre y cuando cumpla con las cuotas.
