EscucharMes a mes, todos los patronos del país tienen que pagar un 0,25% de los salarios de sus trabajadores para financiar al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC). Se trata de una carga que históricamente se ha cuestionado e incluso se han presentado proyectos para eliminarla; sin embargo, el gobierno de la presidenta Laura Fernández ahora propone otra solución: cambiar el destino de los recursos para financiar pensiones de adultos mayores en condición de pobreza, mediante el Régimen No Contributivo (RNC).
El RNC, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cubre principalmente a personas mayores de 65 años que no pudieron cotizar para una pensión, aunque también atiende a personas con discapacidad y casos de desamparo, y el monto de sus pensiones ordinarias ronda los ¢82.000 mensuales por persona.
Según Fernández, el Banco Popular le indicó al Gobierno que ya no necesita el aporte especial y que no le hace “ni cosquillas” dejar de percibirlo. En cambio, se liberarían unos ¢37.500 millones —el monto recaudado en 2025— para atender el rezago de más de 30.000 personas que actualmente solicitan una pensión no contributiva y no logran conseguirla, por falta de presupuesto.
El Gobierno ya presentó el proyecto de ley para realizar la “redistribución” de los recursos.
Problema estructural
La presidenta Fernández anunció la iniciativa desde el 19 de agosto pasado, día en que realizó un acto especial para marcar sus primeros 100 días de mandato.
Según dijo, la iniciativa es relevante para resolver un problema estructural en materia de pobreza y de pobreza extrema.
“Por más fuentes de empleo que generemos, tenemos bloques de pobreza que son personas adultas mayores que no cotizaron y que no pueden trabajar”, analizó.
Esa situación, añadió, puede empeorar en los próximos años, debido a una población que “envejece aceleradamente”. “Cada día tenemos menos niños y más ancianos, y debemos prepararnos”, arguyó.
Las afirmaciones de la presidenta se corresponden con la información estadística disponible. La población mayor de 65 años hoy supera el 10% del total de los habitantes del país, pero se proyecta que subirá a un 25% para 2050, debido a los mejores indicadores de esperanza de vida y la menor tasa de fecundidad.
Estimación de atención
En la exposición de motivos del proyecto, el Gobierno asegura que una inyección de ¢37.500 millones al RNC permitiría financiar 31.221 pensiones nuevas.
El cálculo contempla que cada pensión del RNC suele tener un costo de ¢1,2 millones anuales, sumando aspectos como el aguinaldo.
“Con ello”, alega el Ejecutivo, se atendería “la totalidad del rezago reportado” para el cierre de 2025.
En la iniciativa, el Gobierno también subraya que la intención no es sustituir el financiamiento actual del RNC, sino complementarlo. Es decir, que el nuevo dinero que reciba el régimen sirva exclusivamente para nuevas pensiones y no para pagar las que ya se han otorgado.
Asimismo, el Gobierno sostiene que quitar el dinero al BPDC no le provocaría presiones relevantes a esa entidad financiera.
Según el Ejecutivo, cambiar el destino de los recursos responde a criterios de “uso racional, solidario y eficiente de los recursos que se deducen del salario de las personas trabajadoras”.
“El Banco Popular cuenta con una capacidad suficiente para sostener su operación y su crecimiento proyectado en el mediano plazo, sin requerir refuerzos patrimoniales adicionales de carácter permanente”, se lee en el proyecto de ley que envió el Gobierno al Congreso.
“En contraste”, añade, “el Régimen No Contributivo de Pensiones enfrenta riesgos estructurales de mayor magnitud, cuyo impacto potencial recaería directamente sobre las personas adultas mayores que se encuentran en situación económica desfavorable”.
