EscucharUber nació en el 2009 en San Francisco, California, Estados Unidos, y llegó a Costa Rica en agosto el 2015. Entre polémicas, zonas grises de legalidad y un disruptivo modelo de operación, la plataforma siempre se ha encontrado en el ojo del huracán por las múltiples dudas que existen en relación con si hay o no derechos laborales de por medio.
En Costa Rica, se avivan estas dudas. Actualmente, el Juzgado de Trabajo de Desamparados analiza una demanda de un conductor, interpuesta desde el 2021, en la que se alega que la empresa utiliza una figura mercantil para encubrir relaciones laborales en el país.
De acuerdo con los documentos aportados dentro del expediente, Uber opera en Costa Rica a través de varias sociedades con las que conforma un grupo de interés económico (GIE), pese a que dichas empresas rechazaron formar parte de un grupo ni ser las dueñas de la plataforma, con lo cual alegaron que no podían ser demandadas.
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Según la firma de abogados Más Legal, la plataforma tecnológica Uber obliga a miles de socios conductores y usuarios a afiliarse a un fideicomiso para poder operar en Costa Rica.
“Así está estipulado en la cláusula primera de los términos y condiciones que todo socio de la aplicación debe aceptar antes de poder utilizar la plataforma de movilidad”, explica Más Legal en un comunicado de prensa.
El 15 de febrero del 2018, el representante de la empresa Uber International Holding B V, Julien Pierre Jacques Cordonier, constituyó un fideicomiso en Costa Rica denominado “Fideicomiso de administración y custodia Club de Colaboración para la Autosatisfacción de Necesidades de Movilidad en Común S. A. - Stratos Fiduciaria 2018″, dice el expediente.
Bajo esa figura, una sociedad costarricense, denominada “el club” y propiedad de Uber B V, puso a disposición de conductores, usuarios y del propio Uber, los beneficios de ser accionistas de un capital de 1.000 acciones de un colón cada una para recibir los beneficios por ingresar a la aplicación y automáticamente ser miembros de una “comunidad de autoabastecimiento” de necesidades de movilidad.
Para la firma de abogados Más Legal Asesores –quien presentó la demanda–, bajo ese esquema de un fideicomiso, propio del derecho mercantil, se da una apariencia de legalidad con la que se encubre la verdadera relación de trabajo entre Uber y los conductores quienes reciben un salario, que prestan un servicio y que están subordinados a un patrono.
Los abogados del conductor que interpuso la demanda explicaron que, al tratarse de una figura del derecho civil, Uber no debe pagar cargas sociales, pólizas de riesgo de trabajo ni aguinaldo, vacaciones, horas extra, entre otros extremos laborales. Además indican que la empresa diseñó una estructura para evadir responsabilidades y evitar que sus conductores puedan demandarlos para reclamar derechos labores.
“Por ejemplo, el fideicomiso únicamente fue diseñado para registrar los usuarios que entran o salen de la aplicación y detalla que la administración de esta última pertenece exclusivamente a Uber B V ubicada en Países Bajos, la cual, no tiene ningún domicilio en ningún otro país. Así, los ingresos por los servicios de movilidad son pagados directamente por los socios mediante tarjetas bancarias, el dinero llega hasta un banco en el exterior en Europa y, desde este, se hacen transferencias internacionales a los conductores quienes reciben un porcentaje asignado unilateralmente por Uber”, explica el comunicado.
La decisión legal marcaría precedente a nivel jurisprudencial y, en cualquiera de los escenarios, que se declare la demanda a favor del conductor o sin lugar, las partes podrán presentar un recurso de casación ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.
Ante las consultas de EF, Uber señaló que son una empresa de tecnología que pone a disposición sus plataformas para que los socios colaboradores que así lo desean y de forma independiente, puedan generar ganancias adicionales.
“Los socios colaboradores utilizan la app de Uber en calidad de prestadores de servicios independientes, bajo las disposiciones del Código de Comercio, y por ello pueden conectarse a la plataforma cuándo, cómo y dónde lo deseen, sin turnos, zonas, ni requisitos de exclusividad establecidos, prestando su servicio a los usuarios”, dijo la plataforma.
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Uber nació en el 2009 en San Francisco, California, Estados Unidos, y llegó a Costa Rica en agosto el 2015. Entre polémicas, zonas grises de legalidad y un disruptivo modelo de operación, la plataforma siempre se ha encontrado en el ojo del huracán por las múltiples dudas que existen en relación con si hay o no derechos laborales de por medio. Foto: Shutterstock. (Cortesía)
Juzgados Internacionales
Las presentaciones de Uber ante los juzgados son recurrentes. Una corte de apelaciones de California, Estados Unidos, dictaminó este lunes que la ley que otorga estatus de independientes a los conductores de aplicaciones como Uber no es contraria a la Constitución del Estado, una victoria para la compañía, que se rehúsa a considerar a los choferes como sus empleados.
Uber, su competidor Lyft, y aplicaciones similares se niegan a considerar a los conductores como empleados, lo que supondría otorgarles algunos derechos como seguros de desempleo o la posibilidad de negociaciones colectivas.
Uber encarna la “gig economy” o economía bajo demanda, donde los individuos prestan sus servicios por un tiempo determinado y en tareas puntuales, un modelo ampliamente adaptado en las principales ciudades del mundo.
La empresa defiende ese modelo económico, aunque ha tenido que ceder en varios países.
En 2021, Reino Unido tuvo que otorgarles el estatus de empleados a los conductores, con un salario mínimo y vacaciones remuneradas.
Sin embargo, en Estados Unidos la plataforma no da su brazo a torcer.
Junto a Lyft y otras aplicaciones de entrega a domicilio, gastó más de $200 millones en 2020 para promover el “sí” a la Proposición 22, que clasifica a los conductores como contratistas independientes y no como empleados. Esta al final ganó el referendo con el 58,6%.
